El anuncio presidencial de conseguir aval legislativo a las medidas sanitarias dictadas a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) sorprendió a propios y a ajenos. En medio de las tensiones con parte del Poder Judicial, el Ejecutivo sumó al Congreso como caja de resonancia de un conflicto sanitario que derivó en político.

La idea del proyecto de ley es apenas eso, una idea que expresó el Alberto Fernández. Según explicaron fuentes oficiales, la iniciativa legislativa es un as en la manga del gobierno por si la Corte Suprema llegara a pedir que una ley reemplace los decretos sanitarios. De esta manera, el oficialismo logra también intervenir en la interna opositora que mantienen Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, cuyas consecuencias perjudicaron a las familias porteñas durante los 15 días que duró el primer decreto.

Es que durante la semana que pasó, el presidente se reunió de manera virtual con dos tandas de gobernadores y el jefe de Gobierno porteño. La coincidencia en el diagnóstico de la gravedad de la situación fue unánime. De hecho, desde el gobierno comunicaban de manera enfática el nivel de acuerdo que había sobre la continuidad de las restricciones entre los mandatarios opositores: el porteño Larreta y los radicales Rodolfo Suárez, de Mendoza; Gustavo Valdés, de Corrientes; y Gerardo Morales, de Jujuy. Es por eso que, luego de la relación construida con los tres gobernadores –en especial con Morales–, el Ejecutivo apuesta a que sean los propios radicales, no atravesados por la interna del PRO, los que terminen de jugar a favor de medidas de cuidado dentro del Congreso.

Es que el año pasado, las provincias atravesaron situaciones de estrés del sistema sanitario y acudieron a la ayuda del Ejecutivo, que intervino a través del plan Detectar del Ministerio de Salud en todos lo distritos con riesgo epidemiológico alto.

Hasta el momento, el que se pronunció de manera pública sobre el proyecto fue el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien sostuvo: “Permanentemente estamos promoviendo el diálogo político y pensamos ir a la Cámara para que allí se debata un proyecto que fije parámetros, que sean visibles para todos y se evite el tironeo del punto de vista, quizás más electoralista”.

Lo cierto es que, por el momento, en Casa Rosada no hay proyecto de ley redactado. Sin embargo, el anuncio generó un rebote inmediato en Juntos por el Cambio que, desde que comenzó la pandemia, pedía que las definiciones pasen por el Congreso. De hecho, el planteo de Mario Negri, titular del interbloque, fue: “El presidente Alberto Fernández ha tenido, desde que comenzó la pandemia hace más de un año, todos los instrumentos legales a su disposición. El Congreso le brindó todas las leyes solicitadas y, además, el Ejecutivo dictó 83 decretos de necesidad y urgencia (DNU) y 35 decretos de facultades legislativas delegadas vinculados a la crisis sanitaria, económica y social que desató el coronavirus”. 

Por lo pronto, en el oficialismo contarán con seis votos del interbloque de José Luis Ramón (Unidad para el Desarrollo Federal), quien adelantó en Diputados TV que su espacio político «apoyará el proyecto». «Está muy bien lo que hizo el presidente, lo debería haber hecho antes. Él necesita tener la administración en la toma de decisiones sobre la pandemia de manera rápida. Y estamos en un momento donde las decisiones que se están tomando vienen a contramano de lo que viene ocurriendo con la pandemia. El ejemplo es Alemania y otros países europeos que establecieron que ante cualquier informe científico el presidente puede ir tomando decisiones objetivas», manifestó el mendocino.

En Alemania, Angela Merkel logró que se aprobara hace dos semanas una ley que le otorga más poderes para combatir la ola de Covid-19, después de que algunos estados se negaran a imponer medidas duras. Establece que las escuelas cerrarán y volverán a las clases virtuales si la incidencia del virus supera los 165 casos por cada 100 mil habitantes.

Si bien Merkel, debido su sistema político parlamentarista, buscó apoyo en el Congreso, Argentina se caracteriza por el presidencialismo. Sin embargo, Alberto Fernández salió a buscar apoyo de los gobernadores y quiere que también lo expresen en el Congreso.

Suspensión de las PASO

Fuentes parlamentarias explicaron a Tiempo que no se podría incluir en el proyecto de ley del Ejecutivo la eventual suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

“En la materia electoral rige el principio de legalidad, es decir, las reformas deben ser por ley (con mayoría absoluta de las Cámaras establece la Constitución), es una materia vedada también de los decretos por razones de necesidad y urgencia y, en principio, no es tampoco materia delegable al Poder Ejecutivo (que son las de emergencia y administración)”, advirtieron.

Es decir que, si el gobierno pusiera algún artículo vinculado con lo electoral, sería inconstitucional por los artículos 77, 99 inciso 3 y 76 de la Constitución. De todas formas, el Ministerio del Interior viene trabajando en un acuerdo político para la postergación de las elecciones por el contexto sanitario.  «