Asociaciones sindicales, de abogados y magistrados, se movilizan mañana al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) para rechazar la ley que permite apelar fallos de la justicia nacional ante ese tribunal. Desde las 11 de la mañana se concentrarán en Cerrito 760 para denunciar la inconstitucional de la modificación de la Ley 402 de procedimientos ante el TSJ. Denuncian que favorecerá a los “amigos de Larreta” y atentará contra los derechos laborales.

La representante de la Corriente de Abogados y Abogadas 7 de Julio, Natalia Salvo, sostuvo que, de esta manera, el Tribunal Superior se convierte en “la Corte automática de Larreta”. “Es el reservorio de la mesa judicial macrista. Está en peligro la Constitución Nacional, el poder federal, y también la vigencia de esta mesa que no está desactivada. Quiere ser una justicia de amigos como, por ejemplo, para el Caso Correo o Pedidos Ya. También una justicia precarizadora de derechos”, afirmó la abogada.

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Según explicó, la ley va en contra del artículo 129 de la Constitución Nacional y la cláusula séptima transitoria, después de la modificación de 1994, que establece que el Gobierno de la Ciudad es autónomo y por lo tanto el Gobierno Nacional mantiene el cuidado de sus intereses en ese territorio. “La implementación de esa modificación a través de la Ley Cafiero establece que las competencias a nivel jurisdiccional del gobierno porteño son la justicia de faltas, contravencional y penal, en cuestiones de baja monta, pero no la justicia nacional civil, comercial y de minería. Si se quiere modificar tiene que pasar por el Congreso”, explicó Salvo a este diario.

La Asociación de Magistrados también sostuvo que la ley conseguida con los 38 votos de los legisladores y legisladoras de Vamos Juntos, UCR-Evolución, Partido Socialista y GEN, es inconstitucional. La Legislatura porteña carece de competencias para tomar esa determinación. Además, anticiparon que genera conflictos judiciales.

La movilización contará, entre otros, con la participación también de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación, el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU), la Unión del Empleados Judiciales de la Nación, la Asociación Bancaria y la Corriente Federal.

El representante del SITRAJU Capital, Diego Latronico, explicó que esta medida traerá perjuicios para la población. “Esto no va a beneficiar a ningún litigante, va a alargar procesos, los va a encarecer. El pueblo no va a ver ninguna modificación. Beneficia al poder político que ellos representan, que es un poder económico y que necesita colonizar el poder judicial. Es una intervención injusta porque la Ciudad, que es el argumento de ellos, debería discutir una plena autonomía en materia jurisdiccional y lo que está haciendo es que el Estado Nacional le gestione económica y administrativamente las dos primeras instancias del poder judicial y después ellos la controlan a través la instancia más chica, que es el TSJ, con costos mínimos. Es una plata que ellos se ahorran y que es en perjuicio del Estado Nacional”, le dijo a Tiempo.

Salvo también hizo mención a la intervención del TSJ en la causa del Correo Argentino, que en junio de este año emitió un fallo firmado por Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés Weinberg, en el que le ordena a la Cámara en lo Comercial que resuelva una recusación contra la jueza Marta Cirulli, que lleva la causa contra la familia del expresidente Mauricio Macri. “La pretensión del larretismo de tener una Corte Suprema porteña y una instancia de revisión de todas las sentencias de la justicia nacional no es solamente por la Causa Correo Argentino. Es para poner un tribunal de amigos que juzgue a los amigos. Y también lo que hace es hacer una justicia más lenta, más reductora de derechos para lo laboral, lo civil, lo comercial, para ciudadano de a pie”, afirmó.

Latriano sostuvo que tiene “un interés político” Horacio Rodríguez Larreta para “colonizar la justicia nacional”. “El procedimiento que se tendría que seguir sería un acuerdo entre Nación y Ciudad y después la intervención del Congreso y de la Legislatura aprobando la transferencia de competencia. Esto no existió. Larreta lo único que pretende es poder controlar los fallos de la justicia nacional”, afirmó el delegado judicial.