El próximo 9 de junio se cumplirán ocho años del nacimiento de Luis Enrique Navarro Fernández en la Ciudad de Buenos Aires. La única conmemoración será el dolor de su familia y un fallo judicial. Murió a los 26 días de edad. A las 5.05 de la fría madrugada del 4 de julio de 2010. Era el séptimo hermano, de un grupo familiar compuesto por su madre, su padre y sus seis hermanos de 11, 8, 5, 3, 5 y 1 años. Cuando nació, según el expediente que investigó su muerte caratulada como «muerte dudosa», pesaba 2,54 kilos con buen estado de salud». El único domicilio que Luis Enrique conoció fue bajo autopista de la Autopista 25 de Mayo, en la esquina de las calles Cochabamba y Pichincha, a escasas dos cuadras del domicilio que la vicepresidenta Gabriela Michetti tiene desde hace décadas.
El 14 de marzo pasado, a 7 años y ocho meses de la muerte de Luis Enrique por una neumopatía virósica, directamente vinculada con su situación de calle, la Sala I de la Cámara del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario porteño le ordenó al gobierno de la Ciudad a pagarle 100.000 pesos a los padres del bebé muerto, en calidad de indemnización civil. La cifra, aceptada a regañadientes y con demora por los jueces del tribunal, sentó el primer fallo en materia civil sobre la responsabilidad del estado porteño ante las peripecias cotidianas vividas por las personas en situación de calle. En este caso, los jueces Carlos Balbín y Mariana Díaz consideraron probado que «el gobierno porteño estaba al tanto de la situación de la familia incluso antes del nacimiento» Sin embargo los funcionarios del Programa Buenos Aires Presente (BAP), y de la entonces ministra de Desarrollo Social porteña María Eugenia Vidal, » no brindaron la solución adecuada».
El fallo no alude a ningún funcionario en particular, sino al gobierno porteño. Pero basta un breve repaso por el segundo invierno que le tocó afrontar a Vidal como jefa de la cartera social porteña, para dimensionar el impacto que tuvo la muerte del bebé en situación de calle. El fallecimiento ocurrió en medio de tres debates originarios para el desembarco del PRO en la Ciudad: la cantidad de personas en situación de calle, la mortalidad infantil y la crisis habitacional. Por junio de 2010 ya habían arreciado las críticas contra Macri por la multiplicación de desalojos en la capital, el incremento de la mortalidad infantil, especialmente en la zona sur porteña y la cantidad de personas en situación de calle. Ante las críticas por la muerte del bebé el ministerio de Desarrollo Social decidió otorgarle a la familia el alojamiento que antes de les había negado.
El rol de Vidal, Stanley y Orlowski. Para el tribunal ese giro contradictorio fue determinante en la confirmación de la responsabilidad del estado porteño en la muerte del menor. La cartera de Desarrollo Social estaba en manos de Vidal y tenía entre sus colaboradores a Carolina Stanley y a la funcionaria que estaba al frente del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Beatriz Orlowski de Amadeo, esposa del actual diputado nacional del PRO Eduardo Amadeo. Desde diciembre de 2015 Macri es jefe del Estado, Vidal está al frente de la Provincia de Buenos Aires, Stanley es ministra de Desarrollo Social y Orlowski fue nombrada fugazmente como secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que está en la órbita de la Presidencia de la Nación, pero fuentes oficiales confirmaron a Tiempo que la mujer continúa con otras funciones dentro del organismo que «no depende de Desarrollo Social». El elenco reportaba directamente al entonces jefe de Gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta, ahora es alcalde, y a Macri.
Cuando se conoció el fallo resarcitorio de los padres del bebé fallecido, las fuentes oficiales eligieron el silencio ante las preguntas de este medio, salvo en Desarrollo Social.
Los argumentos del fallo desnudan la responsabilidad política de una muerte absolutamente evitable, cuyas víctimas vivieron un giro en su derrotero cuando la tragedia llegó a los medios.
La neumopatía virósica que terminó con la vida del bebé es una de «las principales causas de muerte entre los menores de cinco años, entre otros, aunque el riesgo de muerte del niño es mayor durante el período neonatal, es decir, durante los primeros 28 días de vida», sostuvo en su apelación el Asesor Tutelar de Cámara Gustavo Moreno. Con sus 26 días de vida, el bebé muerto estaba dentro del grupo más sensible de recién nacidos ante la neumonía.
En su defensa, los abogados del Gobierno porteño sostuvieron que no existía relación alguna entre la muerte del bebé y la situación de calle, pero los jueces confirmaron la decisión de primera instancia del juez Víctor Trionfetti, que había dado lugar a la acción civil y le había otorgado 300.000 pesos a cada uno de los padres en calidad de resarcimiento ante los incumplimientos de la comuna. Los camaristas confirmaron las caracterizaciones de Trionfetti, redujeron los montos en un tercio, pero remarcaron que «los hechos del caso son elocuentes, tanto en lo que se refiere a la conducta antijurídica del gobierno porteño como a las gravísimas consecuencias derivadas de su falta».
Efecto dominó. Para esta nota Moreno anticipó que «la omisión del gobierno porteño en los últimos 10 años en atender a los derechos sociales va a seguir generando precedentes jurisprudenciales de este tipo. Es el primer caso en la jurisprudencia sobre responsabilidad civil del Estado en un caso de este tipo y abre posibilidades para las víctimas perjudicadas».
En el fallo los jueces sostienen que «el gobierno porteño estaba advertido de la peligrosidad que significaba para la madre y el recién nacido la situación de calle, por lo que, al margen de la aceptación o el rechazo de las diversas propuestas precarias ofrecidas por el personal del BAP, para el gobierno era previsible la producción de algún perjuicio hacia los actores y, no obstante, omitió adoptar medidas con el alcance legalmente exigible según la situación de vulnerabilidad comprometida. Más aun, tal como se indicó en la decisión de primera instancia la circunstancia de que el demandado, luego del deceso del menor, haya resuelto en un día la situación habitacional del grupo familiar refuerza lo aquí decidido, pues se reitera la situación de emergencia de la familia actora que, durante la época en juego, se mantuvo sin alteraciones».
Respecto al desempeño del sistema público de salud, el fallo hace diferenciaciones. «Si bien no puede comprobarse que la falta de atención medica fuera determinante, «el deficiente servicio asistencial brindado al grupo accionante conllevó a que la familia no pudiera superar la situación de vulnerabilidad en la que se encontró inmersa, y de ese modo, se privó al menor fallecido de la chance de llegar a un resultado diverso al ocurrido. El hecho de que la familia demandante haya tenido que vivir, una vez nacido su hijo, debajo del puente situado en la Avenida 25 de Mayo, demuestra la existencia de nexo causal entre el obrar antijurídico del gobierno porteño y la privación de la posibilidad del niño de evitar la neumopatía que produjo su deceso», remataron los jueces para dejar sentado que existe una relación directa entre la muerte de una persona en situación de calle y el incumplimiento del estado en decisiones y situaciones críticas para su vida. Un caso que marcó el estreno en la gestión de un elenco de políticos y funcionarios que hasta ahora nunca abandonaron el poder.
