Explicar La Salada con la lógica de La Grieta es una tontería propia de esta época. De ese descomunal shopping a cielo abierto comieron todos. Pero los que van a pasar hambre son los puesteros y proveedores honestos que encontraron en esas hectáreas un modo de supervivencia. En el Excell que guía la políticas de gobierno, esa –mucha– gente figura como “sector informal”.

En la Argentina los “informales” son multitud. Cerca de 5 millones de trabajadores están en “negro”. El 40% de la actividad económica argentina se mueve en la informalidad. En esa bolsa hay de todo: comerciantes que no facturan sus ventas, importadores que falsean declaraciones juradas, grandes empresas que inflan gastos para reducir impuestos. Mafias de remera y de cuello blanco tienen –quizᖠmodales distintos, pero provocan daños similares.

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Como resulta evidente desde hace tiempo, en La Salada abundan los delitos. El extravagante Jorge Castillo –administrador de Punto Mogotes, uno de los tres predios cerrados que componen la feria– fue detenido esta semana acusado de ilícitos varios. Los principales: posible evasión de impuestos, ocupación del espacio público y posible extorsión.

El gobierno utilizó la detención de Castillo para ligar a “las mafias” con el kirchnerismo. Pero como ocurrió con otros escándalos –las coimas de Odebrecht o los Panamá Papers–, el montaje oficial trocó en boomerang cuando se supo que Castillo, de origen radical, tenía previsto competir en las elecciones por Cambiemos. Y que sus offshore panameñas comparten suscriptores con al menos cuatro sociedades creadas por el clan Macri.

“Si Castillo habla desata el Lava Jato argentino”, resumió Gustavo Vera, quien se forjó como dirigente en La Alameda, una ONG que denuncia y persigue desde hace años a los talleres clandestinos.

El trabajo esclavo textil no se resuelve reventando puestos clandestinos y manteros. Distintos informes de La Alameda prueban que se venden prendas elaboradas por talleres ilegales en La Salada, locales VIP de Recoleta y los comercios de Palermo. Casi no hay marcas exentas de denuncias. Algunas de ellas, incluso, rozan a la familia presidencial.

A mediados de la década pasada, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) intentó acordar con el sector un esquema de comercialización libre de explotación. No hubo caso: todos los eslabones de la cadena boicotearon el proyecto. “Preso Castillo, no se acabó el problema. Las marcas tendrán a los talleres de rodillas, con peores condiciones de contratación”, sostiene Enrique Martínez, ex titular del INTI e impulsor de aquel proyecto de blanqueo (ver columna).

A conclusiones similares arribó Mariano Kestelboim, exdirector ejecutivo de la Fundación Pro Tejer: “La diferencia de precios entre La Salada y los comercios no depende de los costos productivos, sino de una puja distributiva por la captación de rentas hacia dentro de la cadena de valor.” En otras palabras: los talleres se llevan poco y nada del precio que paga el consumidor. El grueso se lo lleva el costo de locación que cobran los shoppings.

Según su relevamiento de Kestelboim, los valores de ocupación escalaron de tal manera que el costo de admisión, conocido como “llave”, se abona por adelantado, es de entre 20 y 28 alquileres y se abonan con cada renovación. Las marcas deben pagar una comisión inmobiliaria (la percibe el propio shopping) del 6% sobre el total del contrato de 36 meses de alquiler; para un local de 100 metros, la marca paga de alquiler un mínimo equivalente al 7% de la facturación bruta con impuestos.

Como ocurre en La Salada –donde Castillo y Antequera se reparten la feria–, solo dos compañías dominan el negocio de los shoppings: IRSA y Cencosud. Pero es la primera, por lejos, quien ostenta una posición dominante. Y la usa. “Por ejemplo –dice Kestelboim–, la renovación de contratos estaría sujeta a la permanencia en shoppings donde la mayoría de las marcas de indumentaria operan a pérdida como en el Patio Bullrich o, cuando abrió el DOT, IRSA ‘recomendó’ a ciertas marcas a abrir locales en el nuevo shopping. De lo contrario, podían perder su espacio de ventas en los mejores shoppings como el Abasto o el Alto Palermo o podían ser trasladadas a los locales de menor tránsito comercial.” En La Salada a eso se le dice “apriete”.

A Castillo se lo acusa –con pruebas más que visibles– de explotar comercios en un espacio público. IRSA hace algo parecido, pero en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad.

Ubicado en Recoleta, el Buenos Aires Design pertenece a los vecinos porteños, pero es explotado por Emprendimientos Recoleta SA. La firma está integrada por IRSA (53%) y Hope Funds SA (47%), otra sociedad cercana al PRO: maneja el merchandising de Boca y fue quien trajo a la Argentina al campeón olímpico Usain Bolt para que corra contra un Metrobus.

Buenos Aires Design cuenta con 62 locales comerciales, restaurantes y un estacionamiento para 174 vehículos. Por todo eso, paga apenas $ 46 mil por mes a la Ciudad en concepto de cannon. Un regalo que mereció atención judicial.

La fiscal porteña Paula Asaro impulsó una investigación por la supuesta connivencia entre funcionarios porteños y los concesionarios que gozaron de precios bajos durante la gestión PRO. Uno de los casos consignados en la causa es el del Buenos Aires Design, que además de pagar migajas obtuvo otro trato preferencial: en 2010, el entonces intendente Mauricio Macri extendió la concesión que vencía en 2013 por cinco años más.

En su dictamen, Asaro consideró que “este manejo obedeció claramente a un modelo sistémico de administración local en beneficio de ciertos concesionarios con los cuales podría haber entablado una relación de connivencia.” Cuando asumió como jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta dejó la Dirección de Concesiones en manos del Ministerio de Modernización que encabeza Andrés “Andy” Freire. Conocido como “emprendedor digital”, Freire se desempeñó como director de IRSA hasta pocos meses antes de asumir.

Casi todos los funcionarios involucrados en la acusación de Asaro fueron promovidos. El exdirector de Concesiones de la Ciudad, Ezequiel Sabor, es secretario de Trabajo de la Nación. Su excompañero Gabriel Astarloa ascendió a procurador general de la Ciudad. El exministro de desarrollo Francisco Cabrera –de quien dependían las concesiones– hoy es ministro de Producción de la Nación. Y Andy Freire fue confirmado ayer como primer candidato a legislador por la Ciudad.

Los registros oficiales confirman que en 2015 IRSA aportó al menos 500 mil pesos a la campaña electoral del PRO. El domingo, a través de Clarín, Macri avisó que hará campaña “descubriendo muchas saladitas” para fortalecer las chances de sus candidatos “de perfil anticorrupción”. No hay indicios para suponer que esa cruzada purificadora llegará pronto a Recoleta. «

Venden humo. Por Enrique Martínez*

La cadena de valor de la indumentaria, con sus exorbitantes diferencias entre precio de venta y costo de producción, acompañada de la posibilidad de confeccionar prendas en infinitos talleres pequeños o casas particulares, es el sector típico para abusos, aventuras económicas y explotación laboral de todo color. Sucede en todo el mundo y desafío a todo gobierno a regular la actividad.

Aquí nunca sucedió en serio. Desde las normas de trabajo a domicilio de la década del ’50. que protegían a los trabajadores y nunca han sido respetadas, el maltrato laboral no ha dejado de crecer y los precios se han distanciado más y más de los costos.

Esa conducta genera La Salada o ámbitos similares. En palabras del hoy preso J. Castillo: “Aquí la gente se libera de las marcas a través de la auto explotación.” Es así, miles de costureros cosiendo un día sin dormir para vender al siguiente, compitiendo en el centavo entre ellos, para sacar la cabeza fuera del agua o evitar ser cuasi esclavizados en beneficio de las marcas que dominan los shoppings.

Durante mi gestión en INTI intentamos certificar cadenas libres de explotación. Hablamos con todos los actores y definimos la norma. Cuando las marcas, asustadas por la presión pública luego de un par de incendios, vieron que no habría presión legal a fondo, no volvieron más. Solo una gran empresa productora de ropa de trabajo y el Ministerio de Defensa, con Nilda Garré a la cabeza, condicionando a sus proveedores, usaron el sistema.

Preso Castillo, no se acabó el problema. Las marcas tendrán a los talleres de rodillas, con peores condiciones de contratación. Una vez más, el gobierno vende humo y ganan los poderosos. «

(*) Actual coordinador del Instituto para la Producción Popular.