Tantas veces se utilizó la frase “la madre de todas las batallas” que perdió algo de su potencia. Las PASO que tendrán lugar en una semana, sin embargo, vienen con esa carga entre épica y dramática que se desprende de aquel latiguillo electoral, utilizado para la provincia de Buenos Aires. La primera prueba de la importancia asignada a esta elección, cuyo resultado puede condicionar el segundo tramo de la gestión de Mauricio Macri, se percibe en los últimos movimientos de Unidad Ciudadana y Cambiemos. Cada agrupación a su modo, con el macrismo a cargo del Estado y, como tal, en el rol de corresponsable de la organización del comicio, revisa los detalles para garantizar la fiscalización.

En Unidad Ciudadana el nivel de alerta es máximo. La lupa está puesta sobre el juez federal de Tres de Febrero designado subrogante en la competencia electoral de La Plata: Juan Manuel Culotta. Para el kirchnerismo se trata de una prioridad absoluta. Lo que estará en juego en las mesas de votación –en cada acta de escrutinio y en cada telegrama, como también en cada uno de los 145 centros de transmisión digitalizada que funcionarán en el territorio bonaerense para emitir el escaneo de cada telegrama al centro de cómputos del Correo Argentino– es la candidatura de la figura central del espacio: Cristina Fernández.

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Los cuidados se están extremando en todos los flancos. Eso explica la presentación ante el juzgado electoral de La Plata, a cargo de Culotta, que hicieron hace diez días los apoderados de Unidad Ciudadana, Gerónimo Ustarroz –hermano del intendente de Mercedes– y Patricia García Blanco, colaboradora de Jorge Landau. En un escrito de tres páginas, Ustarroz y García Blanco solicitaron a Culotta que disponga la ejecución de una serie de medidas para “fortalecer las tareas de fiscalización” y contribuir a “una mayor transparencia integral del proceso”.

Algunas de las acciones pedidas por Unidad Ciudadana deberán ser evacuadas por el comandante electoral a cargo de la custodia de los comicios: el general de división Pedro Pérez Aquino (Ejército). Su función incluye la vigilancia de las mesas de votantes, el control del traslado físico de toda la documentación y, también, la seguridad de los centros de transmisión digitalizada. Además, los apoderados de la lista de CFK (lista 503 Celeste y Blanca) demandaron que el Correo informe qué software se utilizará en el conteo provisorio; que se autorice a un veedor partidario para que fiscalice la introducción de los datos; que se permita a los fiscales de UC tomar imágenes con sus celulares de cada telegrama, una vez finalizado el recuento, y que los presidentes de mesa estén informados de esa autorización.

Las prevenciones del kirchnerismo bonaerense se extienden a cuestiones logísticas: el monitoreo, a corta distancia y en un vehículo propio, de los camiones del Ejército que trasladarán las urnas y las actas de escrutinio originales, para lo que también se solicitará autorización. En la presentación original y en otro escrito complementario, de la semana pasada, Ustarroz y García Blanco le reclamaron a Culotta que haga público el contenido del contrato firmado entre el Correo y la empresa española INDRA, encargada del escrutinio provisorio (en 2017, a diferencia de la práctica habitual para estos casos, fue el propio Correo el que seleccionó a INDRA a través de un concurso de precios. En las últimas dos décadas, la convocatoria se había realizado desde la Dirección Nacional Electoral con una licitación). Otra de las solicitudes de los apoderados de la lista 503 fue que se les informe qué número de telegrama se corresponde con cada mesa de votación.

Egresado del Colegio Newman, al igual que el presidente, Culotta todavía no contestó a ninguno de los pedidos. Sin embargo, una de sus últimas decisiones procesales ya le valió un durísimo e inédito reproche de la Cámara Nacional Electoral, tribunal de alzada, firmado por los camaristas Santiago Corcuera y Ricardo Dalla Vía. En la apelación interpuesta por el apoderado de Mario Ishii para que permitieran a la lista Lealtad y Dignidad competir con Florencio Randazzo en las PASO del PJ (6662/2017), Corcuera y Dalla Vía cuestionaron el “cajoneo” del expediente por parte de Culotta (“esta Cámara no puede pasar por alto el extenso y peculiar trámite por el que atravesaron las presentes actuaciones”), al que acusaron de “dilatar la definición de un caso que requería pronta resolución” y de no brindar “una eficaz prestación del servicio de justicia”. Para coronar una amonestación en toda la línea, la Cámara informó al titular del Consejo de la Magistratura sobre la actuación de Culotta en ese caso. «