La diputada nacional del Frente de Todos Vanesa Siley es una de las tres representantes de la Cámara Baja que integra el Consejo de la Magistratura. Oriunda de Mercedes, provincia de Buenos Aires, Siley es abogada y secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales. Protagonista en el debate que está dando el Congreso sobre la modificación al Impuesto a las Ganancias, la diputada se hizo un paréntesis para dialogar con Tiempo sobre los cambios que el gobierno de Alberto Fernández propone para mejorar el funcionamiento del Consejo, en el marco del debate sobre la reforma del Poder Judicial.

–¿Cómo se puede modificar el funcionamiento de la Justicia?

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–Es un poder público del Estado. Por ende, los funcionarios que lo integran son públicos. Sin embargo, son los únicos que no son conocidos por la sociedad ante la que deben rendir cuentas. La vicepresidenta (Cristina Fernández) hizo alusión a esto en su alegato la semana pasada. Señaló que no se les conoce la cara a los juzgadores y fiscales que están instruyendo una causa y dio en el blanco de un punto central con dos aristas. Una es que se conoce a los funcionarios públicos recién en una instancia de la Comisión de Acuerdos en el Senado. Porque no hay otro momento donde ese magistrado sea interpelado de manera pública. Y la otra es que cuando los medios de comunicación exponen a esos jueces y juezas, es para apretarlos y lograr determinados fallos. Se da a conocer a los magistrados masivamente cuando los medios corporativos deciden atacarlos o determinar el curso de su quehacer jurisdiccional.

–¿En qué consiste el Registro Público de jueces y juezas denunciados por su accionar en casos de violencia de género?

–Lo que se votó el 8 de Marzo por unanimidad es la creación de un Registro Público por un caso emblemático de un intento de femicidio, el de Olga del Rosario Díaz. Ella sobrevivió al agresor que la apuñaló y por eso inició una causa ante el Comité de la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW). Eso terminó en un acuerdo amistoso con el Estado argentino, donde el Estado se obliga, entre otras cosas, a hacer este registro. Pasaron años para que suceda. Este caso es emblemático porque Olga denunció a su agresor (pareja y padre de sus hijos) por amenazas, por golpear a una de sus hijas y otras situaciones de violencia de género en el año 2002. Tardó la Justicia argentina en resolver esa denuncia 17 años. En el medio hubo situaciones de violencia en el marco intrafamiliar. En ese contexto, él la apuñaló. Antes había tenido botón antipánico y nadie hizo seguimiento. Había hecho otras denuncias y cuando el juzgado resolvió el caso en 2017 ella ya tenía otras denuncias. Hubo dispersión e inacción del Poder Judicial. La misma mujer denunció distintas agresiones por parte de la misma persona. Aparte, en esa causa de 2002, tardaron 17 años y sobreseyeron al agresor. Entonces, apareció esta obligación de hacer este registro público de jueces y juezas denunciados por su accionar en temas de género. En este caso particular, se liga mucho con la necesidad de publicidad y conocimiento de los funcionarios judiciales. Este registro va a ser público. Estará colgado en la página del Consejo de la Magistratura para que las mujeres que llegan a los estrados judiciales puedan ver si les toca con determinado juez y cómo actuó. 

–Esta decisión coincide con la denuncia pública que efectuaron las juezas Ana María Figueroa y Ángela Ledesma contra su colega Juan Carlos Gemignani.

–Cuando nosotras decimos desde el feminismo, y en mi caso también soy parte del Poder Judicial, que queremos una Justicia más democrática, es hacia afuera de la institución, para quienes acuden en búsqueda de reparación de derechos, pero también hacia adentro. Por eso, estos actos detectados de jueces violentos se dan en coincidencia con los actos que ellos llevan hacia afuera. Entonces, este registro además contemplará aquellas denuncias de las trabajadoras judiciales en el trato violento de estos magistrados hacia ellas. El caso Gemignani es emblemático.

–Cuándo la vicepresidenta, en relación a este tema, pregunta en Twitter hasta cuándo, ¿a quién le habla?

–Creo que les habla a todos, más que nada cuando se trata de funcionarios públicos y perspectiva de género, que ya sabemos que es una cuestión de Estado. No se admite más la cantidad de femicidios y la inacción de la Justicia.

–El presidente Alberto Fernández, en la apertura de sesiones del Congreso, dijo que “hay que despolitizar” al Consejo, ¿cómo se logra eso?

–Hay muchas cuestiones para mejorar. Hay que buscar equilibrios entre los distintos estamentos que lo componen porque están los corporativos, que son los magistrados, abogados y demás. No tienen una elección de manera popular, como sí tenemos los legisladores y el Poder Ejecutivo. Están por la propia selección segmentada que ellos realizan. Otro aspecto es la dedicación exclusiva que se requiere para trabajar en el Consejo, con lo que estoy de acuerdo, porque demanda para su mejor funcionamiento una dedicación y un conocimiento profundo del quehacer judicial. Creo que la clave de esto es democratizar las instancias. Después podemos pensar si más número de integrantes o menos.

–Al principio de la entrevista habló del rol de los medios corporativos de comunicación, ¿sigue vigente el lawfare?

–Lamentablemente, sigue plenamente vigente en Argentina porque precisamente es orquestado por sectores que no integran ni el Poder Legislativo ni el Ejecutivo. El lawfare está sentado sobre la pata mediática, llámese el Grupo Clarín; después tiene otras patas: la de los grupos económicos y la judicial. Esas tres patas han quedado inamovibles, independientemente del curso de una nación, lo cual es lo peligroso y grave. Por eso la persecución política, judicial, mediática hacia líderes y dirigentes que defienden los intereses populares que colisionan contra los intereses de los grupos de poder. Porque sindicalistas, dirigentes peronistas o dirigentes sociales llevan a cabo la adquisición de los derechos sociales y laborales de los que menos tienen. Entonces, a esos hay que correrlos. Y después se inventa cualquier cosa para eso. Las causas judiciales, cuando vas al expediente, no tienen pruebas. No hay pruebas contra Cristina, pero ya no importa para la sociedad porque los medios de comunicación ya pasaron su sentencia. Todas las causas del lawfare terminan en la Corte Suprema porque es la cabeza del Poder Judicial y, por ende, la responsabilidad de los integrantes de la Corte frente a esto es absoluta.  «