Vilma Castillo, actual subsecretaria de Control Interno del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, ex Auditora General de la Nación, analizó algunos aspectos poco visibilizados de la problemática de género en territorio bonaerense: la situación de abandono de las mujeres detenidas en el Servicio Penitenciario Bonaerenses, así como las deudas del Estado y de la sociedad respecto a las víctimas de violencia alojadas en refugios y hogares de tránsito y que, por motivos económicos, muchas veces regresan al lugar donde fueron violentadas.

Castillo efectuó este análisis sin dejar de destacar, además, los avances en materia de género en la cartera a cargo del ministro Julio César Alak. “En el Ministerio de Justicia propiamente dicho, el ministro Julio Alak tiene una visión muy importante respecto a darle cabida a la internalización del tema de género. Tal es así que ha hecho una serie de modificaciones en su organigrama, e incrementó, con nuevas subsecretarías a cargo de mujeres, la Dirección del Ministerio”, resaltó.

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“Como todos los temas importantes en la Provincia –que tiene por lo menos quince millones de habitantes, un territorio de 307 mil kilómetros y un aporte al PBI del 35 por ciento- género y femicidios se generalizan y toman una magnitud distinta”.

“En el Servicio Penitenciario Bonaerense, que está dentro de la órbita del Ministerio, hay un total de 64 alcaldías y unidades penitenciarias. De ese total, hay once mujeres que están a cargo de alcaldías y unidades penitenciarias, lo cual significa que cubren el 17 por ciento de un sector eminentemente masculino. Ese 17 por ciento es histórico. Nunca se había dado, hasta estos tiempos, que tanta cantidad de mujeres estén a cargo de unidades penitenciarias y alcaldías” destacó Castillo.

“En cuanto a la plana de la conducción del SPB, está a cargo de una persona civil, un hombre, pero, de las cinco direcciones generales que ejercen la plana, tres están comandadas por mujeres. Es decir, el 60 por ciento de la plana de la conducción del SPB está a cargo de mujeres”, remarcó.

La exclusión encubierta

Castillo detalló que, del total de internos, el 3,5 por ciento son mujeres, más precisamente 1.522 de un total de 43.864. “Son mujeres que tienen todo tipo de orígenes, pero lo que estamos verificando es que, por ejemplo, el 30 por ciento de las causas que ellas poseen, y por las cuales tuvieron ingreso al sistema carcelario, es por vulnerar la ley de estupefacientes. Sin embargo, en el caso de los hombres, este guarismo se reduce al 0,8 por ciento. Es decir, las causas en las cuales las mujeres entran al sistema carcelario son totalmente diferentes”, diferenció.

Más allá de esto, Castillo señala que “implicancia social que tiene una interna, una mujer que ha pasado por el sistema penitenciario, es totalmente diferente respecto a la del hombre”. Y aquí viene un aspecto que interpela no sólo al sistema penitenciario, carcelario, sino al resto de la sociedad y, en especial, a los vínculos más cercanos de las detenidas, como su familia.

“Fijate vos que, las visitas sociales a una mujer – y esto es fuente de los defensores públicos- duran aproximadamente un año. Esto luego va en decadencia. Son visitadas por sus parejas, por sus esposos, sus hijos o parientes. Pero tienen una connotación tan negativa, que luego son abandonadas”, sostuvo Castillo.

“Esto es inversamente proporcional en el caso de los hombres. En el caso ellos, reciben mucho sustento de visitas continuas, y durante años, de sus esposas, de sus parejas, de sus hijos y parientes”, diferenció.

“Es decir que la mujer sufre, aparte de su situación carcelaria, un abandono incluso de su familia. Esto trae muchísimas consecuencias psicológicas para ella. Ese es un punto que nosotros, como sociedad, tenemos que ver”, remarcó la funcionaria.

 El riesgo de la dependencia económica

También, Castillo puso el foco en el rol del Estado respecto a las mujeres que son víctimas de violencia y que son alojadas, de manera temporal, en refugios u hogares de tránsito. “Otro punto que considero muy importante, aquí en el caso de la violencia de género y ya haciendo foco también en los femicidios, es esta deuda que tiene el Estado en cuanto a, no solamente hacer más expeditiva la manera en que saca a esas mujeres de esa situación de violencia, recibiendo un turno rápido y adecuado a la denuncia, extrayéndola de ese lugar conflictivo y peligroso, sino que nos falta una vuelta de rosca: devolverles a esas mujeres la independencia económica. Ahí está la verdadera llave para que estas mujeres no vuelvan a ingresar, o no retornen –porque no les queda otra alternativa – a sus casas, donde vuelven a esa situación de violencia”, definió.

“Así que como sociedad, creo que estamos obligados a generar, a través de distintos mecanismos, una herramienta para que esas mujeres puedan tener realmente independencia económica. Porque la situación de los refugios es meramente temporal. Van con sus hijos, pero están unos días, no mucho más que eso. Y luego, tienen que buscar una solución. Y lamentablemente, en muchos casos, tienen que retornar a los lugares donde fueron víctimas”, señaló.