Más de una década tuvo que pasar para que comenzara a juzgarse el asesinato de Diego Pachao, un joven de 20 años que murió en marzo de 2012 luego de ser golpeado por la policía de Catamarca mientras estaba detenido en la Comisaría séptima de la capital provincial.

El juicio comenzó este lunes, el día que Diego cumpliría 31 años, y los más de 30 testimonios podrían finalizar la semana próxima.

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En el banquillo de los acusados están sentados los policías Ricardo Barrera, Ricardo Varela, Gustavo Eduardo Bulacios, Claudio Nieva, Jorge Montivero y Ramón Quevedo. Están acusados por vejaciones e incumplimientos de los deberes de funcionario público, pero la imputación tiene sabor a impunidad para la familia, y la querella que lleva adelante la madre  de Diego busca cambiarla por otra más grave: privación ilegal de la libertad, tortura seguida de muerte y abandono de persona.

«Este juicio llegó después de tanta lucha, por la presión que tuvimos que hacer junto a los compañeros y a la familia. Si no hubiese sido por eso, esto iba a seguir dilatándose. Esperaban que la causa prescribiera o que nosotros abandonemos. Para desagrado de ellos, vamos a seguir, vamos a seguir hasta donde Dios nos ayude, junto a mis hijos y la fuerza que me da mi Diego», cuenta a Tiempo Claudia Véliz, durante un cuarto intermedio del debate.

Para ella, juicio es un proceso «muy duro», que le hace revivir los días más dolorosos de su vida, pero destaca que dar su testimonio era algo que necesitaba para poder «decirle a estos asesinos en la cara la basura que son». «Esperamos que tengan una condena a prisión perpetua», advirtió.

El camino para llegar al juicio oral fue lento y sinuoso. La causa estaba lista para llegar a juicio en 2012, pero tuvo innumerables demoras y recién fue elevada en 2015 con 12 imputados. Los fiscales Marcelo Sago y Miguel Mauvecin sostenían que la muerte de Diego había ocurrido por los golpes durante una pelea previa con otros dos jóvenes, a quienes le imputaron el homicidio preterintencional. Así, los funcionarios policiales no fueron acusados por la muerte. En el camino, la causa contra los dos jóvenes prescribió y algunos de los policías fueron sobreseídos, por lo que quedaron estos seis acusados.

La familia considera que la investigación y la acusación formó parte del encubrimiento del accionar policial. «Los fiscales nunca nos hicieron lugar al pedido que hicimos desde un primer momento, que se trataba de torturas seguidas de muerte. Acá hay un gran encubrimiento por parte de los tres poderes del Estado, están todos vinculados y sabemos que es corporativo, para defender al aparato represor porque les sirve y para seguir haciéndose dueños de la vida de los jóvenes, que son los más vulnerables».

Diego fue detenido el 11 de agosto de 2012. Al día siguiente fue sacado inconsciente de la comisaría y llevado al hospital, donde murió dos días más tarde. «A mi Diego lo detienen porque les pidió a los policías que no le pegaran a su amigo, Leonel, a quien estaban golpeando y dando patadas en el piso. Les pide que no lo golpeen porque le va a avisar a la familia. Pienso que eso les molestó, los enojó y ahí es donde se lo llevan», recordó Claudia.

Junto a Leonel González, Diego fue llevado a la Comisaría Séptima. A partir de testimonios de otras personas presas y de Leonel, quien apareció muerto en 2019, la familia logró reconstruir lo que ocurrió y Claudia no tiene dudas: «Está claro con las pericias, testimonios, con todo, que a mi Diego lo golpeó la policía en la comisaría. Así se produce la muerte cerebral y así lo retiro yo en la ambulancia del SAME y es cómo lo ingresan al hospital», sostuvo.

Desde ese momento, Claudia no dejó de reclamar justicia y de luchar contra quienes pretendían enterrar lo que había pasado. Para el juicio, se sumó el acompañamiento de la Dirección de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y de la dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, quienes intervienen en el juicio como veedores.

«Nuestra intervención tiene que ver con la impunidad de más de una década de este caso con la sucesión vulneraciones a la víctima y a su familia», explicó Gabriela Carpinetti, titular de la Dirección de Acceso a la Justicia, y añadió: «A partir de ese diagnóstico, para nosotros es una obligación garantizar el acceso a la justicia y que se apliquen las leyes de la provincia de Catamarca pero también las nacionales y las internacionales. También asesorar, asistir y acompañar a las personas que enfrentan barreras para ejercer sus derechos».

La funcionaria agregó: «En este caso no vemos sólo violencia policial, vemos también violencia judicial, violencia sanitaria, por el tratamiento de las últimas horas de vida de Diego, y violencia de género contra la mamá de Diego. Es muy importante fortalecer el sistema de derechos humanos de la provincia, justamente para que el gobierno actúe con eficacia sobre el control de las fuerzas de seguridad locales»,

“Es un juicio bisagra”, señaló Ezequiel Álvarez, coordinador del Centro de Acceso a la Justicia del NOA. «Si bien no es una particularidad sólo del norte del país, sino que podría decirse de gran parte de las provincias, acá hay un enquistamiento, un Estado con mucha presencia de las lógicas policiales, con todas esas rémoras antidemocrática y violenta», explicó. «