En la misma semana en que políticos y exfuncionarios del PRO condenaron “los graves hechos de violencia institucional que se han suscitado en los últimos días en nuestro país y que son de conocimiento público”, generando críticas y hasta burlas por su repentino interés en los derechos humanos, o “curro”, como lo había llamado el líder de ese partido y expresidente Mauricio Macri, un informe elaborado por el Ministerio Público de la Defensa (MPD) reveló que durante 2019 se denunciaron un total de 1210 hechos de violencia institucional solo en la Ciudad de Buenos Aires, el distrito que siguen gobernando, es decir, más de tres casos por día.

 El siguiente dato, también preocupante, es que la mayoría de las personas que manifestaron estos abusos fueron imputados por atentado y/o resistencia a la autoridad, figuras penales utilizadas a discreción por los agentes de seguridad para justificar detenciones arbitrarias y el uso desmedido de la fuerza. “En general, la población que sufre la violencia institucional es la de los sectores más vulnerables, aquellos con trabajos informales en la calle como los limpiavidrios o ‘trapitos’, personas con nivel de instrucción primario, o que están en situación de pobreza. Esas son las víctimas”, explica Marcela Millán, defensora general adjunta del MPD.

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Según el informe elaborado por el organismo, entre enero y diciembre del año pasado, 906 personas (el 49,1% de los casos) denunciaron irregularidades procesales; 786 (42,6%) dijeron haber sufrido violencia física; y otros 153 (8,3%), violencia psicológica (una misma persona puede denunciar más de un hecho). De ese total de víctimas, 1051 fueron imputadas de 1352 figuras penales. Atentado y/o fue una reacción del policía más que otra cosa. La conclusión es que, o bien las fuerzas de seguridad responden a este tipo de delitos con violenresistencia a la autoridad, con 712 casos (68,2%), seguido por las 272 (25,8%) acusaciones vinculadas con la tenencia de estupefacientes, se mantienen, al igual que durante 2018, al tope del “ranking”.

“La figura de atentado y/o resistencia a la autoridad –continúa Millán– es el caballito de batalla de las fuerzas de seguridad en la Ciudad. Hablando con las víctimas se descubre que esa supuesta resistencia no existió y que cia desproporcionada, o que, al mismo tiempo, son las figuras utilizadas para detener arbitrariamente a los sujetos que la policía identifica previamente como ‘peligrosos’ a través de un mecanismo de selectividad. Termina siendo una herramienta de control social”.

En las denuncias donde se pudo identificar la fuerza de seguridad que intervino, el 88,73% (1008 casos) correspondió a las distintas comisarías comunales y dependencias de la Policía de la Ciudad, mientras que el 11,27% restante (128 hechos) involucró a las fuerzas federales, principalmente a Gendarmería. Precisamente, en uno de sus puestos, ubicado en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, se registró el “record” de 47 casos denunciados. Con relación a las imputaciones por contravenciones, se registró violencia institucional en 114 casos, de los cuales el 57,89% estuvo vinculado con la utilización del espacio público, en particular con las recientes incorporaciones al Código que penalizan trabajos informales como “trapitos” o limpiavidrios.

“La gente –concluye Millán– tiene miedo de seguir adelante con las denuncias por miedo a recibir alguna represalia o porque creen que las fuerzas de seguridad no recibirán ningún castigo. A eso hay que sumar que las fiscalías de la Ciudad archivan los casos y no siguen las investigaciones. Los excesos tienen que ser castigados, si no la violencia institucional se termina naturalizando”.