Un punteo cronológico que repasa la obsesión del gobierno de Mauricio Macri porque la Procuradora General de la Nación abandone su cargo. Por las buenas o por las malas.

2 – El Ministerio Público Fiscal es un órgano independiente dentro del sistema de administración de justicia. Se encuentra a cargo del Procurador o de la Procuradora General, que es propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Congreso de la Nación. Es independiente incluso del Poder Judicial (encabezado por la Corte Suprema de Justicia). Esa independencia tiene sus orígenes en la Reforma Constitucional de 1994, que estableció la autonomía del Ministerio Público.
3 – El gobierno de Mauricio Macri oficializó desde el inicio de su gestión su deseo de que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, renuncie a su cargo y le encomendó al ministro de Justicia, Germán Garavano, que le transmita el pedido formal a la jefa de los fiscales. Gils Carbó se negó a renunciar. El mandato del Presidente iba mucho más allá. Apuntaba a modificar legalmente el funcionamiento de la Procuración. Ante la resistencia de la procuradora a presentar su renuncia, buscó la forma de debilitar su función. En abril de 2016 anunció el envío al Congreso de un proyecto que modifica la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, pero la iniciativa fracasó por los cuestionamientos de Elisa Carrió que hicieron caer los acuerdos que había logrado el macrismo en el Parlamento. La ley nunca fue sancionada.
4 – Dos hechos volvieron a poner a la procuradora en la mira del Gobierno: el freno de la fiscal Gabriela Boquín a la condonación de una deuda millonaria de la familia Macri por la quiebra del Correo Argentino, y las confesiones de un arrepentido de la empresa Odebrecht en Brasil sobre el millonario pago de coimas en Argentina, causa en la que apareció mencionado el titular de la AFI y amigo personal de Macri, Gustavo Arribas, y la empresa IECSA, que estaba en poder el primo de Macri, Angelo Calcaterra.
5 – Por un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de Brasil, Gils Carbó será la receptora de parte de la información que llegará del país vecino a partir del avance de la mega causa de corrupción conocida como Lava Jato, que contiene los negocios de Odebrecht. El gobierno busca impedir que esa información sea manejada por la funcionaria. Incluso buscó generar un acuerdo en paralelo con la empresa, para acceder a la información y hasta desplazó al Procurador del Tesoro Carlos Balbín, quien firmó una auditoria clave sobre el Correo Argentino que no favorecía a los funcionarios del gobierno, y designó en su reemplazo a un hombre ligado al grupo Clarín, Bernardo Saravia Frías.
6 – El fallo del 2×1 de la Corte también tensó la relación del gobierno con la procuradora. Fue unánime la oposición de los fiscales a avalar el beneficio a los represores, en una actitud que respaldó toda la política llevada a cabo por la Procuración en relación a los delitos de Lesa Humanidad.
7 – En mayo de este año el diputado nacional por Cambiemos, Pablo Tonelli, no tuvo reparos en reconocer que le propuso al presidente Mauricio Macriechar a Gils Carbo por decreto pero que el primer mandatario se negó. Ya estaba en marcha un plan B.
8 – A partir de una denuncia difundida por el diario Clarín, Gils Carbó fue involucrada en la presunta compra irregular de un inmueble por parte del Ministerio Público Fiscal abril 2017. El «anónimo» decía que Gils Carbó había impuesto a su ex esposo para que interviniera en la licitación y que ambos habían cobrado un retorno a través de una sociedad que crearon, pero la investigación demostró que esa denuncia anónima era falsa y que nada de eso había pasado, no existía esa sociedad que decían creada y todo apunta a un funcionario de cuarto nivel como el responsable del cobro irregular de una comisión por esa operación.
9 – Esta causa judicial contra la Procuradora avanzó y hoy constituye el elemento clave a partir del cual el gobierno intentará desplazarla de su cargo. Se especula con que un procesamiento de la funcionaria dejaría el terreno libre para su destitución o el inicio de un juicio político.
10 – En las últimas horas, el fiscal Eduardo Taiano dispuso la citación a indagatoria de Gils Carbó, en medio de versiones sobre su posible desplazamiento por decreto. La Procuradora salió a denunciar por los medios presiones sobre la Justicia para incriminarla judicialmente.
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