Denuncian 20 muertes en comunidades terapéuticas y aseguran que «la justicia no investigó»

Desde la Unidad de Investigaciones y Protección de Derechos en Salud Mental (UIP) de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA), elaboraron un informe como resultado de una larga investigación de años. El trabajo tiene un listado de 20 muertes dudosas ocurridas en Instituciones de Salud Mental, conocidas como comunidades terapéuticas.

Cabe destacar que en los últimos tiempos el Gobierno Nacional desmanteló distintas áreas de Salud Pública en Argentina. En Salud Mental, lo hizo desintegrando -por ejemplo- el hospital Bonaparte, donde concurrían pacientes bajo distintas modalidades de distintos puntos del país. Uno de los tantos sectores que fueron atacados por la embestida neoliberal. Además, la ministra de seguridad Patricia Bullrich anunció que dará de baja los 300 mil permisos para cultivar marihuana del REPROCANN.

Un informe desgarrador

Se trata de una investigación que recopiló 20 casos de personas que murieron de distintas formas: ahogadas en piletas; calcinadas en incendios; asfixiadas; por golpes; por frío ante bajas temperaturas; sobremedicados; ahogados con sus salivas, y hasta en sus propias casas mientras se resistían a ser internados. También hay víctimas menores de edad, que se suicidaron porque no soportaron el violento sistema de crueldad y reducción a la servidumbre que existe en estos lugares.

El informe es desgarrador. «Todas las muertes fueron consideradas dudosas«, apunta el trabajo. Sin embargo, «la justicia nunca las investigó, tampoco lo hizo ante otras historias terroríficas que ocurren con frecuencia en las comunidades terapéuticas», denuncia.

Pablo Galfré, periodista de investigaciones y autor del libro «La comunidad, viaje al abismo de una granja de rehabilitación«, (Sudestada; 2017), muestra a través de su obra el funcionamiento de estas instituciones de salud mental como «lugares clandestinos de detención«. Investigó internaciones compulsivas y dejó al descubierto que las y los usuarios sufren torturas, vejámenes y muchas otras violaciones a los Derechos Humanos.

Comunidades terapéuticas: «Son lugares clandestinos de detención»

Cultura cannábica e internaciones compulsivas

Empezó a investigar sobre comunidades terapéuticas en 2008, cuando publicó un artículo en la Revista THC -dedicada a noticias y cultura cannábica, pública en Argentina y Uruguay- que se tituló «Rebelión en la granja«. Justo en ese momento, el director Sebastián Basalo le había pedido que ponga el foco en internaciones compulsivas y los lugares de rehabilitación de drogas.

Durante la charla que Galfré mantuvo con Tiempo, sostuvo: «Los grandes medios de comunicación nunca hablaron sobre esta terrible problemática a pesar de que denunciamos veinte muertes. Solo lo hacen cuando están involucradas en el tema personas como Marcelo ´Teto’ Medina o Santiago ‘Chano’ Charpentier».

«Nosotros buscamos que dejen de naturalizar el encierro y muertes de los usuarios del Sistema de Salud Mental», reclamo el fundador de la UIP de ARDA https://arda-uip.vercel.app/ , la que integra junto a la abogada Magalí Ledesma y la psicóloga Andrea Vicenzi. Un trabajo sostenido en el tiempo que generó valor.

Continuó contando: «Tengo muchísimos años de trabajo en ARDA, y ahora decidimos armar un equipo interdisciplinario para seguir investigando vulneraciones de derechos, violaciones a los Derechos Humanos y muertes dudosas en instituciones de salud mental. Sobre todo en las conocidas granjas de rehabilitación».

Galfré especificó que se trata de «un campo de estudio que está abandonado, porque nadie quiere ocuparse de investigar qué es lo que pasa en estos lugares clandestinos de detención. No lo hace la Justicia ni el Estado».

Y completó: «Esto se sucede así históricamente, a pesar de que son quienes deberían tomar cartas en el asunto e investigar las vulneraciones de derechos y las muertes dudosas que ocurren en estos lugares. Sin embargo, lo que hacen es naturalizar estos terribles delitos».

«Para la Justicia, el Estado y para gran parte de la sociedad, está bien que se maltrate a las personas que son adictas a distintos tipos de drogas. Claramente, consideran que la adicción es un delito y por eso lo naturalizan. Nosotros estamos en contra de eso», remarcó el periodista.

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El estigma sobre los pacientes de salud mental

Siguió relatando: «Cuando alguien muere o se suicida en una granja de rehabilitación, la gente dice ‘bueno, se suicidó’ o se ‘murió un falopero’. Estiman por sentido común que no hay nada que investigar, que todo está muy claro porque la muerta o el muerto es ‘un falopa’, y así reducen todo lo que pasa».

Y ahondó: «Esto sucede así cuando muere un usuario de salud mental de un paro cardíaco o un edema pulmonar. Lo toman como una muerte natural. No investigan el trasfondo de estos terribles hechos». Galfré apuntó: «El gran desprecio que esto muestra por la vida humana».

Es por eso que crearon la UIP, para investigar. «Al principio era yo solo y articulaba con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), ahora formamos un equipo interdisciplinario que tiene la exclusiva misión de: investigar, denunciar, llevar a juicio a quienes vulneren derechos de los usuarios de salud mental y, a quienes cometan homicidios».

Ley Nacional de Salud Mental vulnerada

Como muchos, consideran que una posible solución a esta terrible problemática es aplicar la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 «como corresponde y dejar de lado la hipocresía de la prohibición del uso de drogas», enfatizó.

«Deberían regularizar el uso de estas drogas prohibidas, así como lo hicieron con el alcohol y el tabaco, que están regulados por el Estado y uno accede con seguridad a consumir estas drogas legales. Creemos en que así reduciremos la problemática», recomendó Galfré.

El reclamo del investigador apunta a que el Estado debería financiar la salud mental como está normado. Porque la Ley 26.657 de Salud Mental indica que tendría que recibir el 10% del presupuesto total de Salud. No obstante, históricamente todos los gobiernos que pasaron hasta el momento destinaron menos del 2%, a pesar de ser una de las problemáticas más profundas de la sociedad.

Para que algo mejore, «tienen que financiar a los dispositivos comunitarios, centros ambulatorios, lugares de internación y garantizar que no se vulneren los derechos de los usuarios a través de un estricto control del Estado y la Justicia», recomendó Galfré.

Sobre la creación del enemigo público

«Los grandes medios de comunicación también naturalizan el maltrato hacia estas personas violando los Derechos Humanos. Porque presentan públicamente a los adictos como unos zombis, como delincuentes, los medios hegemónicos de comunicación promueven, fomentan y promocionan -denunció el investigador- estos lugares clandestinos de detención; sobre todo la televisión».

También remarcó que «este mensaje les llega a las familias que tienen a un ser querido con consumos problemáticos o que hace uso de alguna droga. Y, ante la desesperación de no saber qué hacer ante la situación, autorizan la internación en estos lugares donde terminan sufriendo muchísimas injusticias y violaciones a los Derechos Humanos».

«La masiva influencia mediática incide en el error de internar a sus familiares con consumos problemáticos en las granjas de rehabilitación. Porque estos lugares tienen mucho marketing televisivo desde la década del ’90, cuando surgieron como una supuesta respuesta a la problemática», reconstruyó Galfré.

Unidad de investigación

Es por todo esto, «que consideramos que es de suma importancia la creación de nuestro equipo interdisciplinarios, la UIP, la llamamos así porque no somos un observatorio, no venimos a observar, venimos a investigar, denunciar y penalizar a todos aquellos que vulneran los derechos de los usuarios de salud mental», subrayó el periodista.

«Creemos que el Estado nos necesita para dar una respuesta a esta terrible problemática», recomendó. Hasta el momento, «logramos clausurar siete comunidades terapéuticas y registramos veinte muertes. Lo hicimos articulando siempre con el Estado, la Justicia y CPM», aseguró el investigador.

En este sentido, cabe destacar, que recientemente este equipo de investigaciones junto a la CPM, lograron la realización de un juicio donde los culpables recibieron penas de hasta 35 años de prisión. Se trata de una condena sin precedentes en Argentina, nunca antes un Tribunal había reconocido las muertes y la reducción a la servidumbre en granjas de rehabilitación. Condenas de hasta 35 años a directivos de una granja de rehabilitación, por incendio doloso y asesinato

Y aclaró: «Nosotros no somos punitivistas. Por eso no celebramos penas altas de prisión, pero si pedimos que los culpables -de tan aberrantes hechos- paguen por los terribles crímenes que cometieron, que no queden impunes».

«Nuestro equipo llegó para quedarse», afirmó Galfré. «Deberían articular con nosotros, porque después de 15 años de trabajo tenemos muchísima información, muy valiosa y que el Estado ni la Justicia tienen. También ofrecemos un combo de herramientas y conocimientos que tampoco poseen; o que quizás no quieren usar», finalizó.