30 años de transgénicos: un modelo que sólo alimentó la concentración económica

Hace exactamente 30 años, el entonces secretario de Agricultura del gobierno de Carlos Menem, Felipe Solá, autorizó de manera exprés, sin debate público y en base a estudios de Monsanto que ni siquiera habían sido traducidos al español, la primera soja RR (por Roundup Ready) tolerante al herbicida glifosato y producida, como era de esperar, por el mismo gigante químico, hoy administrado por la alemana y reputada Bayer.

Desde entonces, el modelo transgénico, es decir, el basado en organismos genéticamente modificado (OGM), se extendió en el país hasta ocupar más de 24 millones de hectáreas, logrando la, cuanto menos, polémica presea del tercer productor mundial.

“La expansión fue vertiginosa; Argentina se consolidó como el primer país de América Latina en abrir sus fronteras a los cultivos transgénicos y como un campo de experimentación para las empresas transnacionales”, define el abogado, referente de la soberanía alimentaria e investigador del Grupo Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración” (ETC), Marcos Filardi.

“Este modelo –continúa el especialista– se organiza en torno a monocultivos de commodities, principalmente soja y maíz, orientados a la exportación. No se trata de producir alimentos, sino materias primas para cadenas industriales globales. En 1998, la aprobación del maíz transgénico profundizó este rumbo. La mayoría de estos cultivos incorporan resistencia a herbicidas o genes Bt (utilizados para crear cultivos transgénicos resistentes a plagas), lo que refuerza su dependencia de insumos químicos”.

En una entrevista con Tiempo, la periodista Soledad Barruti, autora de los libros Malcomidos y “Mala leche”, reflexionó sobre el modelo impuesto. “De los transgénicos dijeron que iban a aumentar la productividad, bajar el consumo de agrotóxicos o incluso que los alimentos iban a ser más nutritivos. No pasó nada de todo eso. Lo único que permitieron fue expandir la frontera agrícola gracias al combo tóxico que se usa en los cultivos intensivos, llegando a lugares insospechados. Justamente, ese avance transgénico está relacionado con el ecocidio que estamos padeciendo en nuestro país”.

Modelo extractivista

Desde aquel 25 de marzo de 1996, cuando el país dio luz verde a la soja resistente al herbicida glifosato, se aprobaron más de 80 eventos transgénicos, incluyendo soja, maíz y algodón.

Durante la presidencia de Mauricio Macri, el ritmo de aprobación de los Organismos Vegetales Genéticamente Modificados (OVGM) se aceleró como nunca antes en la historia: en cuatro años, se avalaron 25 desarrollos transgénicos, casi la mitad de todos los autorizados en los últimos 23 ejercicios (el 41%). De esos 25, 18 fueron aprobados sólo en los últimos dos años de gestión.

Pero el gobierno del líder del PRO no fue el único que profundizó el extractivismo, la concentración económica y la aplicación de cantidades industriales de agrotóxicos sobre los campos del país.

Sólo en 2024, ya bajo la órbita de la administración libertaria, se autorizaron 25 productos biotecnológicos, tanto en vegetales como en microorganismos. La cifra representó un “hito histórico ya que constituyó el 24,53% del total de aprobaciones en nuestro país en los últimos 28 años”, según el comunicado celebratorio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Este afán por acelerar los trámites de evaluación y registro de los OGM no se tradujo en ventajas para los consumidores, sino en ganancias extraordinarias para las agroexportadoras: según el informe “Rascar la Olla. El desmantelamiento de las políticas agroalimentarias durante el gobierno de Milei”, elaborado por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y la Fundación Rosa Luxemburgo, “las grandes empresas alimentarias incrementaron sus ganancias en un 1300% y el complejo exportador de granos un 4900%”.

“Se trata de un modelo extractivista –continúa Filardi–, que concibe al suelo como un recurso a explotar y se sostiene en una lógica productivista, dependiente de agrotóxicos, pesticidas o biocidas y fertilizantes sintéticos. Sus impactos son profundos: avance de la frontera agrícola, deforestación, destrucción de bosques nativos, selvas y humedales, pérdida de biodiversidad y degradación de suelos”.

Y concluye: “A esto se suman la concentración y extranjerización de la tierra, la pérdida de productores, el desplazamiento de la agricultura familiar, campesina e indígena, los conflictos territoriales y el aumento de la pobreza, la indigencia y el hambre. Se sabe también que la exposición a plaguicidas se vincula con cánceres, Alzheimer, Parkinson, trastornos hormonales, problemas reproductivos y malformaciones, en un contexto de contaminación generalizada del agua, el aire y los alimentos”.  «