A 13 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, la familia denuncia que la causa judicial está parada

El 18 de septiembre de 2006, el sobreviviente de los centros clandestinos del Circuito Camps, Jorge Julio López, no llegó a los alegatos en el juicio por crímenes de lesa humanidad que la justicia Federal platense realizaba a Miguel Osvaldo Etchecolatz. Era el día anterior a que el represor recibiera la primera condena luego de que se reabrieran los procesos contra los militares de la dictadura cívico militar. A 13 años, la segunda desaparición de López sigue impune: “La causa está parada. Quizá el caso no avance nunca”, denunció su hijo, Rubén.

López, de 77 años, fue un testigo activo que en ese debate señaló a Etchecolatz. “Los argentinos tienen que saber”, decía. En el juicio de 2006 había contado su secuestro y los asesinatos de sus compañeros de la unidad básica de Los Hornos Patricia Dell’Orto y Ambrosio De Marco y en ambos casos dijo que el ex director de Inteligencia de la Policía Bonaerense estuvo allí.

El represor fue juzgado por los jueces Carlos Rozanski, Norberto Lorenzo y Horacio Insaurralde y resultó condenado el 19 de septiembre a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad “cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en Argentina entre 1976 y 1983”.

A 13 años de su segunda desaparición se realizan movilizaciones, concentraciones y charlas. Su hijo realizará un acto en la plazoleta Julio López de la ciudad de Berisso, en el que plantará el árbol número trece.

“Hace 13 años doy las mismas respuestas, es una tristeza. Seguramente eso me esté haciendo mal pero no digo otra cosa porque yo no quiera, sino porque no tengo novedad de nada”, dijo Rubén López. “Me daría paz encontrar a mi papá”, completó en declaraciones a 221 Radio de La Plata.

La causa judicial que investiga la desaparición de López aún no tiene ningún imputado. «En el último año no pasó absolutamente nada y la causa está parada. Quizás, el caso no avance nunca», denunció su hijo. “No estamos exigiendo mucho, queremos que aparezca. Quisiéramos encontrarlo con vida, pero al día de hoy ya tendría 90 años. Sabemos lo difícil que es que eso pase”, agregó.

Este martes organismos de derechos humanos, organizaciones estudiantiles, sociales, sindicales y políticas realizan actividades en reclamo de justicia por la segunda desaparición de López en CABA, La Plata, y diversos puntos del país.

En la capital bonaerense las actividades comenzaron con charlas en colegios secundarios en las que participó el hijo de López, mientras que la Coordinadora por la Defensa de los Derechos Humanos concentra a las 17 frente a los Tribunales Federales platenses ubicados en las calles 8 y 50. En tanto, la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada convocó a marchar desde la Municipalidad hasta la Gobernación bonaerense a las 18. La Mesa por los Derechos Humanos, que concentra a los organismos, acompañará al hijo de López en el acto y las charlas.

En CABA, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia marcha a las 17 desde 9 de Julio y Avenida de Mayo hacia la Plaza de Mayo con la consigna: “A 13 años, pasan los gobiernos y Julio López sigue desaparecido”.

Un legado debilitado

Los querellantes en el juicio que condenó a Etchecolatz en 2006 entienden que, dentro de la tragedia que significó, la desaparición de López confirmó la certeza de que los juicios por crímenes de lesa humanidad debían realizarse porque dejó en claro qué es lo que ocurre cuando hay impunidad.  Esa vuelta a desaparecer puso en la superficie lo que los organismos de derechos humanos plantearon desde el principio: que el pasado tenía una continuidad en el presente garantizado por la impunidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y por los indultos.

Tras la desaparición de López, el Ministerio de Justicia creó el Programa Verdad y Justicia, que cuando asumió Mauricio Macri pasó, con menos personal, a la Secretaría de DDHH y Pluralismo Cultural que conduce Claudio Avruj. En el primer año de gestión, en ese programa fueron despedidos especialistas que durante años hicieron de nexo entre los tribunales y víctimas para evitar que las notificaciones fueran realizadas por fuerzas de seguridad, y que también realizaban informes de riesgo para resguardar su integridad.