A 24 años del Caso Carrasco, su conmocionante muerte vuelve a tener vigencia

La comparación que efectuó el gobernador de La Rioja, Sergio Casas, entre el reciente crimen del cadete de policía Emanuel Garay con el asesinato del soldado conscripto Omar Carrasco en 1994, vuelve a poner en foco no sólo las consecuencias políticas de orden nacional y provincial que ambos sucesos implican, sino también el denominador común de los “ejercicios” y “entrenamientos” a jóvenes ingresantes a diferentes fuerzas de seguridad que terminaron en fallecimientos.

En su momento, el llamado Caso Carrasco terminó con el Servicio Militar Obligatorio en Argentina, consecuencia política que no impidió que la investigación por el esclarecimiento del crimen terminara con fuertes sospechas de encubrimiento y líneas de investigación que no fueron profundizadas. Hace casi 24 años -3 de marzo de 1994-, el joven Omar Carrasco, nacido en Cutral-Có, provincia de Neuquén, se incorporó al Grupo de Artillería 16 del Ejército Argentino, en la localidad neuquina de Zapala, tras resultar sorteado para realizar el Servicio Militar Obligatorio.

Tres días después, Carrasco fue reportado desaparecido y considerado desertor. Cuando sus padres fueron, poco tiempo después, a visitarlo en su primer franco, se les anunció la supuesta desaparición. No obtuvieron respuestas del Ejército sobre su paradero, en un caso que fue tomando cada vez mayor envergadura social y mediática y un mes después de su desaparición, el cuerpo sin vida de Carrasco apareció en el fondo del cuartel. El teniente coronel Guillermo With, uno de los jefes del cuartel, aseguró que Carrasco se había suicidado o muerto de frío, pero la autopsia determinó indicios de una fuerte golpiza.

El Caso Carrasco tomó cada vez mayor notoriedad en la opinión público y se fusionó con los cuestionamientos cada vez mayores que tenía la implementación del Servicio Militar Obligatorio en Argentina. En agosto de 1994, el entonces Presidente Carlos Saúl Menem firmó el decreto 24.429, que determinó el final del Servicio Militar Obligatorio y determinó el servicio rentado y voluntario.

Por el asesinato se condenó al subteniente Ignacio Canevaro a 15 años de prisión, mientras que los soldados Cristian Suárez y Víctor Salazar fueron condenados a diez años de prisión. Salazar y Suárez recuperaron su libertad en el año 2000 por la aplicación de la denominada “ley del dos por uno”, mientras que Canevaro quedó en libertad en 2004.

En 1996 , la investigación se reabrió sobre la presunta cadena de encubrimiento, dando lugar al llamado“Informe Brailovsky”, que dictaminó que Carrasco no falleció a causa de los golpes, sino presuntamente por ser secuestrado en el cuartel y recibir atención médica clandestina y con un error de diagnóstico. En junio de 2005, la Justicia Federal de Neuquén sobreseyó a siete militares que estaban procesados por encubrir la muerte del soldado Carrasco, debido a la prescripción de la causa.

En estos días, la muerte de Emanuel Garay pondrá a prueba a la justicia y verificará si persisten, o no, redes de encubrimiento.