A 25 años de la Masacre de Wilde, denuncian que dejaron libre a uno de los asesinos

Raquel Gazzanego tiene 56 años y hace 25 carga con la muerte de su marido y lucha por obtener justicia. Edgardo Cicutín y otras tres personas resultaron víctimas de la llamada “Masacre de Wilde”. La mujer cuenta que la Justicia recientemente le otorgó el beneficio de la prisión preventiva domiciliaria al ex policía, Marcos Ariel Rodríguez, quien estuvo prófugo durante 22 años en esta causa, y que permenece sin custodia de las fuerzas de seguridad. Exige que el Tribunal Oral Criminal N° 3 de Lomas de Zamora realice el juicio y condene al imputado antes de que se vuelva a escapar.

“Los familiares de las víctimas somos quienes todos los años nos movilizamos para que no archiven la causa. Yo fui quien brindó los datos sobre el paradero de Rodríguez, quien estaba fugado. El tipo aparecía en los padrones electorales con domicilio en la provincia de Córdoba, fue así como empecé a rastrearlo. Lo denuncié y lo detuvieron mientras atendía su negocio y ahora le dieron la prisión preventiva domiciliaria por su diabetes, que siempre la tuvo”, asevera a Tiempo Gazzanego.

Este terrible caso de gatillo fácil conmovió a todo el país. Ocurrió el 10 de enero de 1994: cuatro inocentes asesinados a balazos por once oficiales de la ex Brigada de Investigaciones Lanús de la Policía Bonaerense. A 25 años, aún no ha habido condena para los acusados, un grupo de policías que perseguía a supuestos delincuentes que iban en dos autos, huyendo de un presunto robo a una sucursal del Banco Galicia. Luego dijeron que los sospechosos transportaban cinco kilos de cocaína. Los uniformados dispararon 270 balas cuando protagonizaron las ejecuciones.

Cicutín, de entonces 33 años, era padre de Natalia, de 8, y Gonzalo, de apenas 8 meses, vendía libros para una editorial y se movía en un Dodge 1500 que era conducido por Claudio Díaz, quien sobrevivió de milagro a la balacera policial. Las otras víctimas fueron el remisero Norberto Corbo y sus pasajeros, Claudio Mendoza y Héctor Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505.

Los once uniformados prestaban servicio en la Brigada de Lanús, cuyo subjefe era el comisario Juan José Ribelli, detenido, procesado y luego absuelto por el atentado a la mutual judía AMIA. También fue jefe de las brigadas de Quilmes y Almirante Brown, y de la División Sustracción de Automotores de Vicente López. «El Lobo» Ribelli pasó más de ocho años en la cárcel, donde se recibió de abogado.

En un momento hubo una elevación a juicio oral para ocho policías, acusados de ser los autores materiales de los cuatro homicidios: Roberto Mantel, Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, Pablo Dudek, Marcelo Valenga, Marciano González, Julio Gatto y Hugo Reyes. Todos fueron absueltos. Otros dos, César Córdoba y Carlos Saladino, fallecieron en los últimos años. Marcos Ariel Rodríguez, que estaba prófugo, fue capturado en noviembre de 2014 en la ciudad cordobesa de La Falda, detenido por rebeldía a la autoridad y no por los crímenes ocurridos en 1994. Sin embargo, el Tribunal Oral Criminal N° 3 de Lomas de Zamora hace poco le concedió la prisión preventiva domiciliaria. Esto sucede justo cuando los familiares recibieron la noticia de que están cerca del debate oral.

“En abril pasado, desde el TOC N° 3 nos dijeron que iniciarían el juicio el mes de agosto del año en curso. Estamos en la etapa de presentar pruebas y los defensores de los policías imputados hasta el momento no lo han hecho. Esto resulta un obstáculo para llegar a juicio. Lo que pasa es que están ejecutando un plan para que la causa prescriba y los policías queden libres”, explica Gazzanego.

“Mi marido vendía libros para la editorial Cisplatina, era una persona de bien, un padre de familia. Destrozaron nuestras vidas. Es evidente que existe una complicidad entre la Policía, el Poder Judicial y la política que legitiman el gatillo fácil. Sé que no me van a devolver a Edgardo, pero al menos quiero que los culpables paguen”, reclama la mujer. Y continúa: «Mis hijos se criaron en esta sociedad indignados y no creen en las instituciones, es muy duro vivir así, sin poder darles una respuesta”.

Gazzanego es representada por el abogado Ciro Annicchiarico, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, quien cada vez que pretenden archivar la causa presenta una serie de argumentos que demuestran la culpabilidad de los policías pero los magistrados se resisten al debate oral y público. El tiempo pasa y los testigos van muriendo.

El caso

Lo concreto es que los policías violaron todos los límites impuestos por la ley y su propio protocolo de procedimiento. Se movilizaban en autos particulares y con ropa de civil. Además, Rodríguez estaba apartado de la Bonaerense por dejar a su compañero solo durante el traslado de un detenido y lo mataron. Un año después apareció trabando en la Brigada de Lanús.

“Estoy indignada, porque en medio de todo esto, Rodríguez pide prisión preventiva domiciliaria y se la dan como si nada hubiera pasado. Es una persona que estuvo prófuga durante 22 años. La Brigada siempre lo mantuvo al tanto de todos los movimientos, por eso se pudo escapar. Ahora está tranquilo en su casa en Pacheco. Pienso que va huir nuevamente antes del juicio. Estamos juntando firmas para que esto no suceda”, finaliza Gazzanego.