A cambio del salvataje, el gobierno ofrece acelerar las reformas estructurales

El programa de salvataje aprobado por el Fondo Monetario Internacional incluye un fuerte compromiso del gobierno argentino para desarrollar una serie de cambios en la legislación que afectarán los sistemas tributarios y previsional, además del apoyo económico que la administración central brinda a las provincias.

Se trata de las famosas reformas estructurales, que suelen ser incluidas en casi todos los acuerdos de este tipo. En esta ocasión, sin embargo, el informe aprobado por el directorio de la entidad deja en claro que es el propio gobierno de Javier Milei el que comunica su decisión de llevar adelante ese proceso.

«El nuevo programa cuenta con un fuerte sentido de pertenencia (ownership) y parte de condiciones iniciales muy diferentes a las de programas anteriores respaldados por el Fondo en Argentina, en particular un superávit fiscal y, por lo tanto, la falta de apoyo para cumplir con las necesidades de financiamiento fiscal», dice el informe preparado por el staff técnico que lidera el venezolano Luis Cubeddu, luego de las largas negociaciones con el equipo económico de Luis Caputo.

«En resumen, el programa representa una oportunidad crucial para que el Fondo apoye las decisivas reformas de Argentina, que podrían restaurar la viabilidad externa mediante la reconstrucción de reservas, facilitando un acceso oportuno a los mercados internacionales de capital y catalizando la tan necesaria inversión extranjera directa», agrega el documento.

Buena predisposición

En ese sentido, los autores del texto marcan una diferencia entre la predisposición del gobierno libertario a ejecutar esas reformas y las promesas realizadas por administraciones anteriores, que rara vez se tradujeron en hechos concretos.

La visión del FMI se corresponde con la convicción que intentó transmitir Javier Milei en su discurso televisado del viernes por la noche. «Esta vez verdaderamente sí es diferente. Nunca jamás en los últimos 120 años tuvimos orden fiscal, monetario y cambiario, esta es la primera vez».

El listado de promesas del gobierno incluye:

-Una reforma tributaria, que «remueva los impuestos más distorsivos al comercio y las transacciones financieras, y reduzca los gastos fiscales ineficientes para ciertos grupos y sectores».

-Un proyecto de ley para reformar el sistema previsional, «centrado en mejorar tanto su equidad como su sostenibilidad».

-La desregulación del mercado mayorista eléctrico.

-La eliminación de todos los fondos fiduciarios, (excepto el de los subsidios al gas, el único que continuaría vigente).

-Un cronograma para la privatización y/o concesión de las empresas públicas incluidas en la Ley Bases.

-Una mejora de la eficiencia de los programas sociales, con el armado de una base de datos única que facilite la toma de decisiones.

-El desarrollo de opciones para reformar el sistema de coparticipación federal.

-La presentación del proyecto de presupuesto 2026 con la regla de déficit cero.

Tales promesas forman parte de los structural benchmarks (puntos de referencia estructurales), cuyo cumplimiento el FMI tomará en cuenta, junto con el de otras metas cuantitativas, para evaluar la marcha del programa y proceder a los desembolsos previstos para el período 2025-2029.

Muchos de esos objetivos tienen fecha precisa. Por ejemplo, el plan de privatización de empresas tiene que estar listo para septiembre de este año; la reforma tributaria, para diciembre próximo; y la previsional, para fines de 2026.

El staff mostró su confianza en que la puesta en marcha del programa «demostrará la determinación de Argentina para abordar los desafíos clave de larga data relacionados con sus marcos de política monetaria y cambiaria, que respaldarán los superávits externos y la acumulación de reservas».

¿Un pago anticipado?

A pesar de esas proposiciones tan difíciles de rechazar para el manual ortodoxo del Fondo, en Washington saben que los riesgos del programa son altos. A las tensiones sociales que puede despertar, se suma la guerra comercial entre Estados Unidos y China, para la que el gobierno dice tener planes de contingencia preparados; y sobre todo la altísima exposición crediticia con el país que llegará a más de U$S 57.000 millones en 2026, «la más alta en la historia del Fondo», reconocieron los técnicos.

Quizás por eso, los negociadores del organismo lograron introducir una cláusula: si el programa sale bien y Argentina logra volver a obtener financiamiento en los mercados internacionales de crédito, objetivo que podría buscarse para el año que viene, «las autoridades se comprometerían a reducir anticipadamente la exposición al Fondo si las condiciones lo permiten».

En el informe del staff se explicita que el dinero obtenido en una eventual emisión de bonos «no se utilizaría para aumentar el endeudamiento externo, sino para una mejor gestión de las grandes obligaciones vencidas», lo que calmaría la preocupación del FMI por recuperar parte de lo prestado. «