A cinco años del drama de Time Warp, el juicio está cada vez más cerca

A cinco años del drama de Time Warp en la que murieron cinco jóvenes que habían ido a una fiesta electrónica en Costa Salguero, la investigación atraviesa el tramo final, previo a la elevación a juicio de la causa, para que en un debate oral se defina finalmente las responsabilidades de los 10 procesados, entre funcionarios del gobierno de la Ciudad, empresarios y prefectos.

El expediente, que supo tener cerca de 40 procesados y varios de ellos tras las rejas, quedó en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti quien ya cerró la investigación por las muertes de Nicolás Becerra, Francisco Bertotti, Bruno Boni, Martín Bazano y Andrés Valdez; y espera las respuestas de las diferentes partes para poder concluir formalmente con esta etapa.

Es que se espera que las querellas pidan más pericias. Hay algunos familiares de las víctimas que pretenden la realización de contrapruebas de los exámenes toxicológicos llevados adelante en su momento, que precisaron que las muertes se debieron a la ingesta de estupefacientes.

Esos estudios fueron realizados por la Policía Científica de la Bonaerense y están siendo cuestionados por los deudos quienes sospechan que hubo irregularidades durante el traslado de las muestras. Además, buscan establecer si las dosis de pastillas que habían consumido los chicos eran tan altas como para ser mortales y si no jugaron otros factores, como la deshidratación, en el desenlace fatal.

Por un lado, están procesados el empresario Adrián Conci, presidente de Dell Producciones que había organizado el evento y sus empleados Maximiliano Ávila, Carlos Garat y Carlos Penise. En esta misma situación se encuentra el denominado “rey de la noche” Martín Gontad.

En tanto, cinco funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires están acusados de ser partícipes necesarios del delito de comercio de estupefacientes, agravado, y coautores de los delitos de abandono de persona seguido de lesiones y muerte y de incumplimiento de los deberes de funcionario público. En este caso, los sospechosos son el gerente operativo de Eventos Masivos de la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control, Claudio Alberto Iacobaccio; el coordinador Fernán García Vázquez y los inspectores Pablo Germán Fontanellas, Gustavo Alberto Herms y Néstor Ricardo Cella.

Por su parte, el abogado Víctor Stinfale y su socio Walter Santángelo, quedaron desvinculados del caso cuando a fines del año pasado, la Cámara Federal de Casación dejó firme su sobreseimiento. Para la jueza, ellos “sólo se habían encargado de proveer la bebida energizante Speed y aguas Block” y no tuvieron que ver con la organización del evento.

En la investigación Stinfale estuvo detenido 70 días había sido procesado por “homicidio culposo, lesiones culposas” y como supuesto “facilitador” del lugar donde distribuía y vendía droga. Sin embargo, el fiscal y el juez de ese entonces, Federico Delgado y Sebastián Casanello, respectivamente, fueron separados del caso.