A dos años de la Masacre de Esteban Echeverría: “La justicia es rápida cuando se trata de juzgar a chicos pobres”

Hace dos años, la comisaría tercera de Transradio, en Esteban Echeverría, se volvió un infierno:  diez detenidos –algunos muy jóvenes, otros con expectativa de penas bajas– murieron acosados por las llamas en una celda de tres por tres, inaugurando lo que luego se conoció como una “masacre”. Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que representa a varias de las familias de las víctimas como particular damnificado, destacan que “es momento de volver la mirada sobre el fiscal sobre quién pesa la responsabilidad estatal de investigar estas violaciones a los derechos humanos”.

La noche del 15 de noviembre de 2018, había un total de 27 personas presas en un lugar con capacidad para ocho. La negligencia era una constante de la comisaria de Transradio: desde 2011 hasta enero de 2018 había tenido siete clausuras, una por resolución ministerial y las restantes por orden judicial. De acuerdo al relato de los sobrevivientes, el hacinamiento y el maltrato de los policías provocaron la protesta de los detenidos y la quema de algunos colchones.

Las celdas, según la reconstrucción de la querella, “no poseían iluminación ni ventilación, había dificultades para el acceso y uso del agua y no existían medidas ni elementos de seguridad, los matafuegos estaban vencidos”.

El saldo fue terrible: Jeremías Rodríguez, Elías Soto, Walter Barrios, Carlos Ariel Corvera, Jorge Ramírez, Miguel Ángel Sánchez, Juan Carlos Fernández, Juan Lavarda, Eduardo Ocampo y Fernando Argüello, todos bajo custodia estatal, murieron como consecuencia del incendio.

“Es momento de volver la mirada sobre el fiscal para requerirle estas indagatorias y recordarles que es en cabeza del propio fiscal sobre quién pesa la responsabilidad estatal de investigar estas violaciones a los derechos humanos” aseguró Margarita Jarque, directora del Programa de litigio estratégico de la CPM, durante una charla para conmemorar los dos años.

El organismo denuncia que, a dos años de la masacre, la causa “no tiene rumbo” y destaca que Fernando Semisa, a cargo de la Fiscalía 4 de Lomas de Zamora, intentó a los pocos meses del hecho cerrar el expediente alegando que los responsables habían sido los propios detenidos, incluso, llegó a imputar a tres de los muertos.

También insiste que el fiscal le tome declaración Cristian Ritondo, que era Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en aquel entonces, y al que era jefe de la Policía Bonaerense durante el incendio, comisario general Fabián Perroni, por los delitos de abandono de personas seguido de muerte y violación de los deberes de funcionario público.

“Esta justicia tiene una doble vara, rápida e intensa cuando se trata de juzgar a pibes pobres, y una no rápida que arma un circuito de impunidad y complicidad en torno a causas como estas”, se quejó Jarque al abrir el ciclo de charlas organizado desde la CPM. “Desde el poder político hay una violencia institucional omisiva. No hay peor violencia que el abandono, cuando uno tiene que hacerse cargo de algo y lo omite”.