A dos años de la muerte de Emilia Uscamayta, cuatro sospechosos van a juicio

La estudiante de periodismo Emilia Uscamayta Curí apareció muerta en una pileta de una casaquinta de Melchor Romero, en La Plata, mientras se desarrollaba una fiesta para recibir el 2016. Por el hecho, Gastón Haramboure, Santiago Piedrabuena, Carlos Bellone y Raúl García están acusados de “homicidio simple con dolo eventual, en concurso real con el delito de desobediencia en dos oportunidades”. Por ahora, toda la responsabilidad política recae sobre el ex secretario de Seguridad de la comuna, Daniel Piqué, imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“Piqué no está procesado por cohecho. Sabemos que es más difícil de probar y por eso esta semana presentamos una denuncia penal contra el intendente Garro, para que se establezca si hay un sistema de recaudación ilegal por parte de funcionarios públicos que hacen la vista gorda para que los boliches funcionen sin las habilitaciones correspondientes”, explica el abogado de la familia Uscamayta, Adrián Rodríguez Antinao.

La denuncia fue impulsada por el hermano de la víctima, Cristian, y recayó en la fiscalía de Marcelo Martini. “Veremos hasta dónde se avanza porque sabemos que la justicia está excesivamente presionada”, reconoce el abogado, quien precisa que a través de medios periodísticos “detectamos que hay lugares de la noche platense emblemáticos en los que ocurren episodios violentos y que no cumplirían con todas las normas, y cuyo personal de seguridad tampoco estaría preparado para disuadir inconvenientes, más bien todo lo contrario. Las palizas son frecuentes”.

“Si bien hay una serie de anuncios por parte de la municipalidad de que se están clausurando fiestas clandestinas, acá hay una decena de boliches emblemáticos que no pagan impuestos como deben. Se persigue a los manteros y a los centros culturales pero no a los bolicheros que indirectamente matan a nuestros pibes. Parece una cuestión ideológica”, analiza el abogado.

Respecto a la muerte de la estudiante de nacionalidad boliviana, la fiscal Ana Medina está en condiciones de elevar la causa a juicio oral luego de establecer que los cuatro imputados organizaron la fatídica fiesta.

Haramboure contaba al momento del hecho con el beneficio de la prisión domiciliaria y salidas laborales tras haber sido condenado a más de 10 años de prisión por el crimen de Juan Maldonado en las inmediaciones de la disco Alcatraz, de Berisso, en 2009. Y Piedrabuena, tenía una condena previa a cuatro años por tenencia de armas, además de otra causa abierta por desobediencia luego de violar una clausura en un boliche de su propiedad. El ingeniero Bellone, dueño de la quinta, intentó despegarse del caso pero sigue procesado, y el “Peque” García fue vinculado al entorno de Garro. «