Su finalidad es que ambos países recompongan relaciones. Para que pueda suceder, milita con tesón favorecer el diálogo del gobierno de Maduro con su oposición y a la vez "desactivar las sanciones".
«El presidente Petro, en el marco de este evento, ha invitado a nuestra delegación de negociación de la Plataforma Unitaria, a una reunión previa de trabajo en la cual le expondremos sobre la difícil situación que estamos viviendo los venezolanos y los pasos necesarios que deben darse para que en Venezuela podamos rescatar la democracia a través de la celebración de elecciones libres, observables y verificables», señalaron desde PUD en un comunicado, con miras a las elecciones presidenciales del año próximo. Según había aclarado el canciller colombiano, Álvaro Leyva, la reunión con la oposición no iba a ser parte de la cumbre de Bogotá, ya que «son etapas diferentes». La idea era realizarla este fin de semana.
Con la edición de una suerte de Grupo de Lima inverso (¿Grupo de Bogotá?), Petro tiene la intención de «destrabar» las negociaciones que iniciaron el gobierno de Maduro y la oposición en agosto de 2021, en México. El diálogo está paralizado desde noviembre del año pasado. La delegación opositora manifestó que expondrá al mandatario colombiano la necesidad de abordar la agenda del memorando de entendimiento que firmó ese sector con la administración de Maduro en la mesa de diálogo en México.
El Gobierno venezolano había reconocido a principios de esta semana los esfuerzos del presidente Petro al convocar la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela y Maduro expresó «todo su apoyo» para que la cita «tenga éxito». Además, manifestó que sólo se podrá avanzar en el diálogo político entre los venezolanos una vez se hayan anulado todas las medidas económicas coercitivas que pesan en contra del país caribeño.
Un día antes de esa declaración, el canciller colombiano se reunió con el presidente Maduro en Venezuela. «Domingo de trabajo y avance con la hermana República de Colombia. Agradezco a su Canciller Álvaro Leyva Durán, por su disposición y voluntad de fortalecer nuestras relaciones que están destinadas a restablecerse por el bien de ambos Pueblos», publicó Maduro en su cuenta de Twitter con fotos junto al funcionario de Petro.
Por su parte, la Cancillería colombiana publicó en la misma red social otras fotos de la «reunión preparatoria de la conferencia internacional». «
El exmilitar uruguayo Armando Méndez, culpable de los asesinatos y torturas del argentino Gerardo Alter y el uruguayo Walter Arteche durante la dictadura militar en el vecino país (1973-1985), murió a los 73 años mientras cumplía arresto domiciliario.
El exmilitar fue integrante del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) durante la dictadura, un cuerpo acusado de torturas y otro tipo de crímenes. Tras la vuelta de la democracia fue director de Aduanas en el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera (1991-1995), padre del actual mandatario Luis Lacalle Pou.
Méndez, que fue condenado por las autoridades uruguayas a 24 años de prisión el pasado 5 de diciembre por un delito de «homicidio muy especialmente agravado en calidad de coautor», publicó el diario El Observador.
Alter, un argentino que militaba en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, fue detenido en Montevideo junto a los uruguayos Jorge Selves y Walter Arteche en agosto de 1973. Alter y Arteche murieron el mismo día de su detención tras ser golpeados y torturados con una picana eléctrica, según datos obtenidos en las investigaciones sobre el siniestro Plan Cóndor, llevado adelante por las dictaduras de la región para perseguir, encarcelar y asesinar militantes políticos en sus territorios, sin importar su nacionalidad.
Aunque el 21 de septiembre de 2021 el Ministerio de Defensa Nacional uruguayo clasificó como información reservada durante 15 años los documentos referentes a Méndez, la Justicia lo procesó un mes después.
El juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, avanza paso a paso en la Asamblea Nacional y se prevé que a mediados de mayo llegue la audiencia clave en la que el mandatario exponga su defensa ante legisladores y legisladoras, por el caso de corrupción por el que se le acusa, relacionado con un contrato de transporte de hidrocarburos entre la empresa estatal Flopec y la privada Amazonas Tanker. Según expuso la Contraloría en la Asamblea, causó al país un perjuicio de unos 6,1 millones de dólares.
Lasso, quien recibió ayer el alta médica tras una internación de seis días a causa de una infección urinaria, dijo días atrás que si avanza el juicio político podría aplicar la llamada «muerte cruzada», una medida constitucional que consiste en disolver el Congreso y convocar elecciones anticipadas, ya que argumenta que las acusaciones carecen de fundamento y sólo tienen fines partidistas. Por su parte, está previsto que a finales de mayo, el pleno legislativo deberá decidir, tras la audiencia de defensa, si ratifica o destituye al presidente, para lo cual se requiere el voto de 92 asambleístas, es decir, dos tercios de los 137 que conforman el cuerpo. El espacio liderado por Rafael Correa, Revolución Ciudadana, ya confirmó que su banca de 47 miembros votará en forma unánime por la destitución. «Cuenten con nuestros 47 votos. No traicionaremos nuestro compromiso de enfocar todos los esfuerzos necesarios para –frente al peso de las pruebas– censurar al responsable político de la situación que vive el país», indicó el bloque en un comunicado que enumera como parte de la crisis señalada «la angustiante inseguridad, ausencia de obra pública, falta de salud y creciente ola migratoria que afecta a miles de ecuatorianos».
El proceso contra Lasso, aprobado en marzo por la Corte Constitucional, transita instancias inéditas en el país. Si bien, el pedido de juicio fue votado por 104 asambleístas, no está firme el número necesario para lograr la destitución. Aunque el presidente cuenta con apenas 13 votos puros que votarían en su defensa.
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