A los 74 años, murió María Julia Alsogaray

María Julia Alsogaray, fallecida hoy a los 74 años, fue una gran impulsora de la ola de privatizaciones del gobierno de Carlos Menem, en el que fue interventora de la antigua ENTel y secretaria de Medio Ambiente, hasta que se enfrentó a múltiples causas penales por corrupción.

La ex funcionaria había nacido el 8 de octubre de 1842, hija de Edith Gay y Alvaro Alsogaray, fundador de la Unión del Centro Democrático (UCeDé), ex ministro de Economía y máximo defensor del liberalismo ortodoxo en el país durante buena parte del siglo XX.

Ingeniera industrial recibida en la Universidad de Buenos Aires (UBA), comenzó a militar en política en 1973 y en el año 1977 fue nombrada agregada comercial en la embajada argentina en Uruguay.

En 1985 asumió como diputada por la Ucedé el partido fundado por su padre, pero los cargos más altos los alcanzó durante la presidencia de Menem (1989-1999), cuando su partido se alió a ese gobierno peronista con Alvaro Alsogaray como asesor presidencial.

En ese contexto, María Julia, inició su paso por la función pública como interventora de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel), con la tarea de prepararla para la privatización que le seguiría.

Ocupó la misma función en la etapa final de la privatización de SOMISA (Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina) la empresa siderúrgica estatal.

Desde ese lugar pasaría a ocupar la secretaría de Medio Ambiente, donde se hizo conocida por la promesa (finalmente incumplida) de que en 1000 días limpiaría el Riachuelo, gestión que fue el origen de parte de las causas judiciales que la llevarían a estar en prisión y a seguir recorriendo los Tribunales hasta su fallecimiento.

Su gestión en Medio Ambiente estuvo signada por catástrofes ambientales, como fueron los incendios en la Patagonia en los veranos de 1995-96 y 1998-99. Se quemaron casi 200 mil hectáreas de bosques, en lo que se convirtió en una verdadera tragedia ecológica.

En varios casos los siniestros la encontraron lejos del lugar de los hechos y su desempeño le valió la fuerte crítica de la opinión pública.
Pero sus verdaderos problemas empezarían luego del gobierno de Menem, cuando debió empezar a responder a las denuncias judiciales acumuladas durante su desempeño como funcionaria.

En los últimos años, María Julia Alsogaray había enfrentado siete juicios -estaba en medio del octavo- con un saldo de cuatro condenas (algunas todavía no estaban firmes) y tres absoluciones.

Las absoluciones las recibió en los juicios en los que estuvo acusada por el pago y cobro de sobresueldos durante el gobierno de Menem; por la venta de un predio de la ex ENTel y por presuntas irregularidades en el «Plan Nacional del Manejo del Fuego».

En los últimos meses, la ex funcionaria se defendía en un octavo juicio, referido a un pago de ENTel a la empresa Meller -que hacía las guías telefónicas- de 30 millones de pesos en contra de los informes de organismos del Estado que desaconsejaban el pago.

Ese proceso debió finalmente ser suspendido el agosto pasado porque su salud no le permitió seguir enfrentando el juicio.

Como parte de todos estos procesos, Alsogaray estuvo detenida entre agosto de 2003 y mayo de 2005, luego de que el Tribunal Oral Federal Cuatro le impusiera una pena de tres años y seis meses de prisión por enriquecimiento ilícito.

Casi una década después, fue condenada a cuatro años de prisión por el delito de administración fraudulenta contra la administración pública por la privatización de ENTel. Pero la justicia unificó en cinco años las condenas de prisión, que Alsogaray cumplía desde marzo de 2015 en su domicilio por razones de edad. Y a fines de 2016 obtuvo la libertad condicional al cumplir los dos tercios de la condena unificada (se sumó su prisión efectiva y su prisión domiciliaria).

Además debía enfrentar una novena causa, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara en mayo pasado un planteo de prescripción en una causa contra ella, por haber participado en un trámite administrativo que le permitió a una firma Pecom Nec. recibir un cobro indebido de 9 millones de dólares por parte de ENTel.