“A los directivos no les interesa lo ambiental ni la salud de los trabajadores del INTA ni del pueblo de Pergamino”

La nota que lleva las firmas del director nacional del INTA, Carlos Parera, y del director regional Norte, Hernán Trebino, al juzgado Federal N°2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, pidiendo que la Estación Experimental de Pergamino quede exceptuada de la medida cautelar que había prohibido las aplicaciones terrestres con agrotóxicos a menos de 1095 metros del ejido urbano sumó, al repudio generalizado, la oposición de los trabajadores de la institución. “Estamos preocupados por nuestra salud, por la de las maestras y chicos que van al jardín, por la de las familias que viven en el predio y por la de todos los vecinos de Pergamino. En vez de estar enfocados en fortalecer investigaciones que nos permitan alternativas de producción sin agrotóxicos, los directivos le están abriendo la posibilidad a los grandes productores de incumplir con las distancias de protección”, se quejó el secretario del gremio.

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El lunes, luego de que Tiempo publicara el pedido de los directivos de incumplir con la resolución judicial que alejó a las fumigaciones terrestres y aéreas de la planta urbana de Pergamino, los trabajadores del INTA afiliados a ATE lanzaron un comunicado expresando que “la institución no debe quedar exenta de la normativa vigente y menos aún bajo los argumentos de la sustentabilidad económica y la dificultad para la investigación”.

El texto destacó que, contrariamente a lo sostenido por Parera y Trebino, “los ensayos científicos nunca se han frenado por estar dentro del área de restricción” y advirtió que “los trabajadores habitantes del predio, estudiantes, docentes y no docentes de la UNNOBA, y niños y docentes del Jardín Maternal que funciona dentro del INTA Pergamino quedaran expuestos a daño por la aplicación de agrotóxicos, ya que se encuentra a una distancia menor de los 1095 metros”.

El tema, sin dudas, ya escaló a nivel nacional. El secretario general de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA), Mario Romero, le adelantó a este diario que le enviaron una carta a la presidenta de la institución, Susana Mirassou, para transmitirle que “la menor utilización posible de insumos químicos sintéticos (plaguicidas en general) es una clara demanda social”.

“Estamos preocupados por nuestra salud, por la de las maestras y chicos que van al jardín maternal, por la de las familias que viven en el predio y por la de todos los vecinos de Pergamino. En vez de estar enfocados en fortalecer investigaciones que nos permitan alternativas de producción sin agrotóxicos, los directivos le están abriendo la posibilidad a los grandes productores de incumplir con las distancias de protección”, sostuvo Romero y agregó que ya les pidieron a los directivos que “se realicen estudios ambientales y medico sanitarios respecto de la exposición de plaguicidas en el ambiente laboral”.

Más exposición, más daños

Medardo Ávila Vázquez es pediatra, coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud de Médicos de Pueblos Fumigados y uno de los peritos de parte en la causa que constató la presencia de glifosato y otros plaguicidas en las muestras de agua de tres barrios de Pergamino, lo que derivó en la resolución del juez Villafuerte Ruzo.

Enterado del pedido de los directivos del INTA, Ávila mandó una carta al juzgado explicando que “permitir nuevamente las aplicaciones significa que crecerá la exposición a pesticidas por parte de los vecinos del barrio más cercano a la Estación Experimental, que se encuentra a 600 metros”.

También se refirió al jardín maternal que funciona dentro del predio y recordó que “estudios previos realizados en niños expuestos a agroquímicos refieren un significativo daño a las estructuras genéticas celulares que los pone en riesgo de desarrollar enfermedades oncológicas principalmente”.

Tanto Ávila, como otros especialistas, han mantenido en las últimas horas reuniones a través de video llamadas con algunos referentes sindicales para dotarlos de argumentos científicos en sus reclamos.

“Los directivos –concluye Romero– han equivocado el camino. Nosotros sabemos la postura de Trebino. Hace unos años nos prohibió usar la palabra ´agrotóxicos´ tanto fuera como dentro del ámbito laboral. Sabemos que no le interesa lo ambiental ni la salud de los trabajadores ni del pueblo de Pergamino”.