La solicitud fue presentada por la fiscal Celsa Ramírez. Se produce en el marco de una denuncia motorizada por la dirigente macrista contra la legisladora Ofelia Fernández, una de las impulsoras de la web.
“Vengo por medio de la presente a promover formal denuncia contra Ofelia Fernández, en su carácter de Legisladora de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la comisión del presunto delito de abuso de autoridad”, denunció Arietto. “Se trata de conceptualizar la violencia institucional como una violación a un derecho producto del accionar de un agente policial. Lo que omite es brindar información y recomendación idónea respecto a los distintos canales dispuestos para la tramitación de este tipo de conductas”.
La página Mapa de la Policía no es un sitio de denuncias, ni sustituye a los organismos estatales que las reciben. Se trata de un “espacio para que las personas que se sienten violentadas puedan compartir sus vivencias, al solo efecto de visibilizar el abuso policial”.
Sin embargo, la fiscal Celsa Ramírez pidió el dictado de una medida cautelar que disponga “el cese de la conducta ilícita detectada”, a la que definió como que “al no tratarse de un canal formal de recepción de denuncias, podría generar un entorpecimiento de las investigaciones judiciales en curso, como así también de las actuaciones administrativas que versen sobre el mismo objeto”.
Así, ante esa supuesta confusión que podría generar en la ciudadanía la existencia de una página en la que quienes hubieran sufrido violencia institucional pudieran contar sus experiencias, la fiscal resolvió pedir “la clausura/bloqueo del dominio de internet www.mapadelapolicia.com, como así también la inhibición para transferirlo”. Esa comunicación que propuso la fiscal debería ser comunicada al servidor en el que está alojada la página, a la dirección nacional de Infraestructuras Críticas de la Información y Ciberseguridad “del Ministerio de Modernización de la Nación” (una estructura que ya no existe aunque sí rigió durante el gobierno de Mauricio Macri) y al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). “En caso de no contar con la tecnología que permita esa limitación territorial parcial, procedan a la restricción de manera total a fin de hacer cesar la comisión de la conducta delictiva que hace al objeto de la investigación”, resaltó la fiscal Ramírez.
La denuncia de Arietto apunta a Fernández, pero el Mapa de la Policía excede a la legisladora porteña. También la integran la revista Crisis, EdiPo (Equipo de Investigación Política), el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), el MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos), ACVI (Asociación contra la Violencia Institucional) y el medio digital El Grito del Sur.
El artículo 32 de Constitución local sostiene que “la Ciudad distingue y promueve todas las actividades creadoras. Garantiza la democracia cultural; asegura la libre expresión artística y prohíbe toda censura”. En ese contexto, la propuesta censora de la fiscal mereció la respuesta de Ofelia Fernández.
“La representante del Ministerio Público deliberadamente confunden la función de una página web diseñada para facilitar el acceso a información de carácter público y colaborar en la concientización de la ciudadanía acerca de los derechos y garantías que les amparan frente a hechos de violencia institucional con un ‘canal de recepción de denuncias’ penales o administrativas formal”.
Sin embargo, para Arietto la existencia del Mapa de la Policía “atenta contra la seguridad pública, contra sus instituciones, quienes se ven impedidas de llevar adelante las investigaciones que correspondan, y en desmedro, compromete el resultado de estas investigaciones”.
La abogada María del Carmen Verdú, quien integra la Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI) –que contribuyó con información y aportes a la página web- asumió la defensa de Ofelia Fernández para advertir que “la propuesta de censura de la fiscal es abarcativa de toda la página web, sin marcar ninguna diferencia entre todas las herramientas que ofrece la plataforma, y aquello que supuesta y absurdamente resultan aspectos que -en su particular modo de entender- constituyen delito”.
“Quien completa el formulario provisto informa algo que le sucedió y que considera lesivo, estando perfectamente anoticiado de que no constituye una denuncia formal ante un organismo público y recibe una respuesta en la que se le indica dónde puede radicar una denuncia formal, cuando corresponde. No hay afectación alguna de la competencia excluyente de organismos oficiales, sean administrativos o judiciales”.
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