A pedido de empresarios macristas, otro fallo frenó el saneamiento del basural más grande del país y los recicladores protestan en la ruta

La construcción de un nuevo (y enorme) centro ambiental de reciclado avanzaba en Luján, hasta que un nuevo obstáculo apareció a partir del fallo del juez de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, que ordenó la suspensión de los trabajos e impidió que se sigan arrojando residuos en el actual predio del municipio. Se trata del basural a cielo abierto más extenso del país, donde unas cien toneladas diarias son arrojadas sin tratamiento alguno, salvo el que ofrecen las y los recicladores urbanos que salieron a la ruta a reclamar por la sentencia judicial que tiene en su origen a empresarios cercanos al macrismo.

Actualmente un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (DIB) por más de 10 millones de dólares está en ejecución y busca dar vuelta la página ambiental de la ciudad, aunque sufre las trabas que impone el poder judicial y una importante sociedad empresaria desde el Haras La Picaza, comanda por Carlos Reyes Terrabusi y Viviana Novelle.

El ex matrimonio inició una demanda en el juzgado federal de Quilmes a cargo de Luis Armella quien falló en el mismo sentido que Portocarrero Tezanos Pinto, pero luego dio marcha atrás y se declaró incompetente para fines del año pasado. De ahí que el expediente continuó tramitándose en Mercedes, donde esta semana se informaron las novedades.

Dueños de una fortuna que se negó a pagar el impuesto “País” de forma extraordinaria para solventar la asistencia social durante la pandemia, Reyes Terrabusi – Novelle diversifican sus ingresos en el rubro del agro con firmas como Terragarba y Virreyes. En su Haras “La Picaza” de Luján crían caballos de polo y realizan exhibiciones costosas. También funciona la huerta orgánica “Tallo Verde”. En el lugar anfitrionan a la cúpula de Juntos, incluido Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Lilita Carrió.

El ex matrimonio realizó presentaciones ante el BID y en tribunales federales afines para intentar frenar el proyecto de reconversión del basural de Luján. También operaron en la oposición política para impedir que el nuevo Centro Ambiental pudiera construirse en cercanías a su Haras, en un predio de una vieja estación ferroviaria cedida al municipio por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

El fallo judicial que lograron en Mercedes se da con la colaboración de un ONG ambientalista que dirige un exfuncionario macrista. Emiliano Ezcurra Estrada (Fundación Banco de Bosques) fue desvinculado de Greenpeace por supuesta malversación de fondos y antes de desembarcar en el gobierno de Mauricio Macri logró frenar, en la Corte Suprema de la Nación, obras como las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. Ahora, tras colaborar con Reyes Terrabusi y Novelle en el pedido de suspensión de las obras en Luján, se retiró de la causa como patrocinante.

Del expediente judicial, se desprendió que la disputa de Reyes Terrabusi y Novelle no se da solo por la cercanía del Centro Ambiental a su Haras sino por la utilización del predio. Los empresarios mantuvieron un comodato, para utilizar ocho hectáreas linderas que venció en 2006, pero continuaron ocupándolo con caballos de polo hasta que la AABE inició un juicio de desalojo durante 2022, poco tiempo antes de que iniciaran los trabajos actuales. El canon tenía un valor irrisorio de 220 pesos mensuales.

Tanto en el Ministerio de Ambiente de Nación como en el Municipio y la comunidad de Luján el fallo de Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto no pasó desapercibido. Antes de que venciera el plazo de 48 horas se presentaron ante el magistrado para pedir la revocatoria de la medida para que las obras puedan continuar. Mientras, surgieron movilizaciones y cortes de ruta para visibilizar la situación.

En diálogo con el medio local Ladran Sancho, el viceministro de ambiente de Nación, Sergio Federovisky cuestionó el fallo judicial: “evidentemente, no leyeron nuestras respuestas. En el expediente constan todas nuestras actuaciones que demuelen los argumentos de esta ONG patrocinante de Reyes Terrabusi y Novelle. Estamos hablando de los procesos de participación ciudadana, de estudios de impacto ambiental y de la supervición del Banco de Desarrollo Interamericano. No leyeron el expediente porque si no sabrían que el predio de Sucre reúne todas las condiciones para construir el Centro Ambiental con una vida útil de 20 años, como requiere el BID”.

El Movimiento de Trabajadores Excluidos montó una importante concentración sobre la ruta provincial 192 de camino al basural. Desde allí dieron visibilidad al trabajo de 200 personas que reciclan los desechos en el predio y que podrían formalizar sus condiciones laborales a partir del proyecto de reconversión. “No le permitiremos a la justicia corrupta y a una familia de chetos acomodados radicada hoy en nuestra ciudad que jueguen con el pan de los trabajadores y con la salud de los vecinos de la ciudad” expresaron.

En tanto, no se descartan que se sumen nuevas manifestaciones para la semana próxima en los tribunales mercedinos donde se resolverá si la obra se frena o puede continuar.