A pedido de los grandes medios, el gobierno desreguló la distribución y venta de diarios y revistas

El gobierno de Javier Milei suele esconder una decisión de fondo detrás de otra inocua. Luego, el aparato de comunicación paraestatal pone el foco en lo superficial a fin de que, cuando la población nota el problema real, el hecho ya ha sido consumado.

En esta oportunidad, se trata de la desregulación total de la relación de los canillitas -los queridos vendedores de diarios y revistas- con las editoriales.

Este jueves se publicó en el Boletín Oficial el decreto 629/2025 con la firma del presidente Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que deroga el régimen jurídico que vincula a las partes. El decreto entrará en vigencia este viernes.

Esta desregulación de fondo quedó tapada por una supuesta ventaja que se les da a los canillitas: la posibilidad de recibir y entregar correspondencia, paquetería y documentos, como el DNI o tarjetas de crédito y débito bancarias.

La venta de diarios y revistas tiene un formato particular, diferente al del comercio en general. Esto porque la editorial impone el precio del producto y determina el ingreso de los canillitas. De allí que ellos se consideran trabajadores vinculados a las editoriales y su paritaria sea el porcentaje que les queda del precio de tapa.

Por otro lado, el régimen de trabajo de los canillitas también es determinado por las necesidades de las editoriales: si hay diarios, el kiosko debe estar abierto, por lo que los canillitas solo tienen cuatro feriados en el año que son los días que no salen los diarios: Navidad, Año Nuevo, el 1 de mayo y el día del canillita, que se celebra el 7 de noviembre.

Esta realidad generó una serie de normas que regularon la relación entre editoriales y canillitas. La última disposición fue el decreto 1025 de noviembre del año 2000, durante el mandato de Fernando de la Rúa. Presionado por los grandes conglomerados de medios, especialmente el Grupo Clarín y La Nación, el entonces presidente de la Alianza colocó la actividad “en un régimen de libre competencia”.

En noviembre de 2009, durante el primer mandato de Cristina Kirchner, se promulgó el decreto 1693, que impuso restricciones a esa libre competencia al imponer que se deberían observar las normas que garantizaban “la efectiva tutela de los derechos laborales, sociales y sindicales involucrados en la materia”.

Ahora, el decreto 629 de Milei y Pettovello derogó ambas normas y sujetó la actividad a lo que prescribe el Código Civil y Comercial de la Nación y las reglas locales que resulten aplicables.

Además, abre la puerta al ingreso de nuevos formatos de venta (por ejemplo, máquinas expendedoras o venta en mano). Dice que “resulta necesario reconocer el derecho de los otros interesados para acceder a un mercado abierto e incentivar la libre competencia y la igualdad ante la ley”.

También desregula los recorridos, que es el eslabón que vincula a las imprentas con los kioskos y que se materializan en los camiones de reparto de diarios y revistas que circulan por todas las grandes ciudades antes del amanecer, de forma que las publicaciones estén listas para la venta desde la apertura de los puestos, entre las 5 y las 6 de la mañana.

En ese plan, el decreto elimina el Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores de Diarios y Revistas, que incluía a los titulares del derecho de parada, de reparto y de las líneas de distribución y su zona de influencia.

Asimismo, al derogar el decreto 1025, el gobierno elimina la obligación de los editores de recibir la devolución de las publicaciones no vendidas por el canillita. A partir de ahora, la relación completamente desigual en términos de poder de negociación entre canillitas y editores queda sin tutela alguna.

La avanzada de los grandes medios sobre los canillitas complementa el pedido realizado por el Grupo Clarín al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para que derogue el Estatuto del Periodista Profesional, que regula la relación entre os trabajadores de prensa y los medios de comunicación. Por ahora ese planteo fue rechazado en la mesa de negociación del Consejo de Mayo.