A pesar de la marcha atrás, los jubilados cobrarán menos de la mitad de su canasta básica

El gobierno sufrió un doble traspié esta semana. Además de la vuelta atrás con la condonación de la deuda a la empresa Socma por el Correo Argentino se vio obligado a revisar la decisión administrativa mediante la cual había modificado la aplicación de la fórmula para la actualización de las jubilaciones.

Así del 12,6% inicialmente anunciado (nunca publicado formalmente) se vieron obligados a retomar a rajatablas la vieja metodología propia de la ley de movilidad aprobada en 2009. El resultado: una corrección de apenas 0,31 puntos equivalentes a 20 pesos en el haber mínimo.

Si bien desde el punto de vista de las cuentas nacionales se trataba de un ahorro para el Estado de 3000 millones de pesos anuales está claro que el cambio no modifica la situación que atraviesan aproximadamente el 70% de los jubilados y pensionados que perciben la mínima. Es que, el nuevo haber servirá para cubrir apenas el 44% de la denominada «Canasta Básica de los Mayores» que, desde 2010, estima la Defensoría de la Tercera Edad a cargo del Dr. Eugenio Semino.

En rigor, desde que se realiza el cálculo, los haberes mínimos prácticamente nunca superaron el umbral del 50% de lo necesario para que un jubilado logre sobrevivir. Sólo en diciembre de 2013 la mínima alcanzó el 51% de esa canasta para retroceder en 2014 hasta el 48 por ciento.
El piso, desde que la entidad realiza el estudio, había sido en diciembre de 2010, cuando los pasivos percibían el equivalente a un 43% de la canasta.

Desde la Defensoría explicaron Tiempo que la canasta que estudian, se compone de los bienes de consumo básicos para una persona mayor: alimentos de 1200 calorías por día, tres medicamentos para patologías crónicas incluyendo el descuento de PAMI, para vivienda un promedio de tres variantes como el mantenimiento de la propia, un alquiler compartido o el pago de una pensión. Para transporte se estiman cinco viajes en colectivo semanales y dos viajes en remís por mes; se suma una salida de esparcimiento al cine y a una pizzería por mes y gastos de telefonía y servicios con tarifa social. «Tampoco es para tirar manteca al techo», graficó Semino.

La cifra sigue cuestionada

A pesar del recule del gobierno, especialistas habían adelantado previo al anuncio oficial que la fórmula de actualización debía arrojar un porcentaje superior al 14 por ciento. Si así fuera, de cualquier forma, la cobertura de la canasta no alcanzaría siquiera el 45% pero implicaría un ahorro para el Estado (o confiscación a todos los beneficiarios de la seguridad social) de casi 10 mil millones de pesos anuales sobre lo finalmente pautado.

Según declaró a Tiempo Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, «es complicada la lectura de la fórmula. Los guarismos que se utilizan no son públicos, el padrón de beneficiarios está encriptado y no accedemos hasta tener los resultados finales. Tenemos una hipótesis y seguramente en algunos días más podremos tener un cálculo. Por el momento me abstengo de opinar pero es cierto que están cuestionados. Ya ocurrió que haya una diferencia en septiembre de 2012 y fue rectificada», recordó.

Sobre la marcha atrás del gobierno, el abogado y gerontólogo declaró que «no creo en errores ni en decisiones de funcionarios de tercera línea. Me inclino a pensar que hubo una decisión al respecto que, al tener la reacción adversa de propios y ajenos, decidieron revertirla. Una política del ‘si pasa, pasa’, pero no pasó».

Bien lejos del 82% móvil

Así las cosas, el diferendo sobre la actualización de las jubilaciones puso de nuevo en el centro del debate los ingresos de los pasivos en nuestro país así como la viabilidad y la lógica del sistema previsional.

El presidente Mauricio Macri, durante la campaña electoral había prometido a través de un spot publicitario la restitución del 82% móvil para los jubilados en oposición al veto que la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner había resuelto en 2010 luego de la aprobación en el Senado de la ley que restituía ese beneficio.

El fallido golpe de mano de la semana pasada puso de relieve que, bien lejos de pregonar una mejora de las condiciones de vida de los jubilados, lo que se pretende desde el Ejecutivo es que el ajuste se oriente a los sectores más vulnerables y de menores ingresos.

La denominada «reparación histórica», en rigor, persiguió el objetivo de poner un cierre a la catarata de juicios pendientes a cambio de un reconocimiento de entre el 10 y el 15% de lo efectivamente adeudado a cada jubilado.

La lógica de la Ley de Movilidad Jubilatoria aprobada en 2008 junto con la estatización de las AFJP nada tuvo que ver con el regreso al régimen precedente del 82% móvil, en la medida en que el mismo implica la percepción de un haber equivalente a ese porcentaje de la categoría del trabajador activo con la que el jubilado se retiró.

Para eso, claro, el punto de partida es la intangibilidad de los depósitos de la ANSES para que los aportes de los trabajadores activos se destinen al sostenimiento de los pasivos.

Según Semino, «no me cabe duda de que, lo que hay detrás, es el intento de volver a repetir una práctica habitual que es manotear los recursos de la seguridad social. Es algo que nunca dejo de hacerse desde la disolución de las AFJP», sentenció.

Por último, Semino indicó que «la discusión de fondo es cómo financiar el sistema. Para eso es necesaria una reforma estructural del sistema fiscal de la Argentina. El impuesto que más plata pone en el financiamiento es el IVA que es el más regresivo, mientras que ningún gobierno se encargó de que la renta minera o petrolera ponga la plata que necesita la seguridad social. Hay un déficit del Estado, por el lado de la financiación laboral hay un 40% de trabajo en negro», recordó.

Por último, sobre la diferencia entre lo percibido y lo necesario para vivir señaló: «no te quepa duda que el ajuste lo pagan los trabajadores activos que son los hijos». «

La punta de lanza del plan del FMI

A poco de conocida la cifra inicial de actualización y cuando circulaban los rumores del recule del Ejecutivo por un supuesto «error técnico», comenzó a difundirse un documento del FMI fechado en noviembre de 2016 en el que el organismo puntualizaba ciertas recomendaciones para la Argentina en varios aspectos de la economía en el marco del complimiento del mentado artículo IV. En uno de esos apartados el organismo multilateral se detiene especialmente en lo que hace al sistema previsional.

La primera recomendación es, precisamente, modificar la fórmula de indexación de los haberes jubilatorios con el propósito de reducir el supuesto déficit del sistema previsional de acá a 2019 en el equivalente a un 20% del PBI. Pero además, el organismo recomienda incrementar paulatinamente durante diez años la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 65 años (algo que recomienda en todo el planeta) para sumar otro ahorro del 10% del PBI y, lisa y llanamente producir una reducción absoluta de las percepciones con relación a los salarios de los trabajadores activos.

El documento, además, cuestiona los desequilibrios que habría producido, entre otras cosas, las leyes de reparación histórica y de la universalización de las jubilaciones.