A pesar de la protesta, Mendoza aprobó el uso de cianuro y otras sustancias tóxicas en la minería

La guerra ambiental está declarada. Mientras las cámaras de Senadores y Diputados de la provincia habilitaban el uso de cianuro y otras sustancias tóxicas en la minería a cielo abierto, en toda Mendoza se salió a la calle a manifestar, golpear cacerolas y cortar rutas, con una misma consigna: «El agua no se negocia».

El viernes por la mañana, en un recinto vallado y custodiado por policías, el Senado mendocino aprobó por amplia mayoría la reforma de la Ley 7722 que impedía el uso de sustancias tóxicas en la minería a cielo abierto. Además, le quitó la potestad a la Legislatura provincial de aprobar cada proyecto minero (algo que hasta ese momento sólo se podía hacer con el correspondiente estudio de impacto ambiental). Con la modificación, las empresas del sector sólo necesitarán de la certificación del Ejecutivo para obtener luz verde para sus proyectos extractivos. Por la tarde, y a pesar de las protestas, los diputados completaron el trámite.

La normativa que se modificó, sancionada hace 12 años luego de varias jornadas de lucha en las calles de toda la provincia, prohibía la utilización de cianuro, ácido sulfúrico y otras soluciones contaminantes en las explotaciones mineras. Al unísono, las organizaciones ambientales repudiaron la reforma de «la histórica Ley provincial 7722 que protege el agua de las y los mendocinos». Greenpeace, por ejemplo, expresó su rechazo advirtiendo que la provincia «está sufriendo además una sequía histórica, una situación crítica que se vería notablemente agravada de aprobarse proyectos que demandan millones de litros diarios de agua para su proceso».

La propuesta de reforma fue impulsada por el gobernador Rodolfo Suárez, de Cambiemos, y aunque se plantearon algunas modificaciones, desde el peronismo la acompañaron. Incluso el propio Suárez declaró que cuenta con el apoyo del presidente Alberto Fernández (ver recuadro).

El jueves, los integrantes de las comisiones de Legislación, Hidrocarburos y Ambiente del Senado provincial decidieron que el proyecto de reforma no podía esperar hasta la siguiente semana (se preveía sesionar el lunes 23 y el jueves 26), y en una resolución que viola todo protocolo y plazo, se convocó al debate para el viernes.

En paralelo, y mientras los mendocinos protestaban en defensa del agua, la empresa Agua y Saneamiento Mendoza pidió en audiencia pública un «sinceramiento» del 162% en la tarifa.

«La velocidad con que se movieron los políticos demuestra que lo que hicieron va en contra de los intereses del pueblo y a favor del sector minero y petrolero. Esta reforma es ilegal, porque viola el principio de no regresión (que prescribe que cualquier modificación a una ley tiene que sumar mayor protección al ambiente) y es ilegítima, porque la gente no la avala. Comprende la peligrosidad de dar vía libre a las actividades mineras y por eso sale a defender un derecho básico como el agua», explica la ingeniera Analía De Gumucio, presidenta de la Asociación Conciencia Ambiental.

De Gumucio insiste en que los legisladores cometieron un «atropello» porque no hicieron la lectura correcta del reclamo popular, lo que evidenciaría que «responden a intereses que no son los de la gente».

«Cuando el martes estuvimos en la Legislatura –recuerda–, los senadores entraron sonrientes, fanfarrones, pero después de horas de no poder salir se escaparon con la cabeza gacha, acovachados. No podían mirar a las caras de la gente porque los que tocaron la Ley 7722 son traidores a la provincia».

Muchos de los manifestantes que fueron a Legislatura sufrieron represión policial y algunos hasta fueron multados. Nada, sin embargo, pudo contener la organización de la resistencia. «La 7722 tiene la particularidad de ser una ley popular y por eso la odian. Su sanción fue un evento de democracia directa. Se rompió la lógica de representación y tuvieron que hacer lo que quisieron las bases», destaca Santiago Salgado, integrante de la Asamblea por el Agua de San Rafael, y agrega una advertencia: «Están pisando el acelerador, pero están locos si piensan que van a poder voltear la ley. Se les va a prender fuego la provincia».

Ambientalistas rechazan el nombramiento del ministro Hensel

Al salir el día lunes de la Casa Rosada, el gobernador Rodolfo Suárez expresó que Alberto Fernández «apoya absolutamente estas acciones que estamos tomando». Sus dichos no hicieron más que aumentar el malestar de los ambientalistas, que ya habían expresado su rechazo a la designación de Alberto Hensel como secretario de Minería de la Nación, por considerarlo «un reconocido lobbista megaminero».

En ese sentido, asambleas, colectivos y foros socioambientalistas, junto a pueblos originarios, asociaciones civiles, movimientos sociales y periodistas de diez provincias mineras, publicaron una carta dirigida al presidente manifestando su descontento. «Resulta al menos inoportuno tener en cuenta a un reconocido lobbista megaminero para que cumpla una función pública, lugar reservado a quienes deben representar los intereses de la gente, no de las corporaciones transnacionales. No podemos evitar sentirnos insultados, pues premiar a esta clase de políticos y poner de ejemplo a una provincia feudal es insultante. La corporación megaminera es vergonzosa en San Juan. El papel desempeñado por los funcionarios es patéticamente repulsivo, su comportamiento es de profilaxis del saqueo y la contaminación», remarcaron.

Hensel era, hasta su inclusión en el Gabinete nacional, ministro de Minería del gobernador sanjuanino Sergio Uñac, y siempre tuvo un discurso condescendiente con empresas responsables de derrames tóxicos, como Barrick Gold.