A pesar de la reapertura de paritarias, los salarios siguen muy alejados de la inflación

Funcionarios de la Dirección de Estadísticas que depende de la Secretaría de Trabajo reconocieron que la política salarial del gobierno nacional para los últimos meses del año sería la de habilitar la reapertura de las paritarias a través de las cláusulas de revisión que están contempladas en la mayoría de los acuerdos paritarias suscriptos en la primera parte del año.

Hasta el momento, el proceso de rediscusión de salarios, parcial y acotado, elevó la pauta de incrementos de los acuerdos firmados en el primer trimestre del año, que en los principales gremios había promediado un 15,5%, hasta un 26,17%. Sin embargo, las expectativas inflacionarias para el año, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA de septiembre, se ubican casi 19 puntos porcentuales por encima.

En la misma reunión con la prensa, los funcionarios informaron que, según las estadísticas oficiales originadas en el Sistema Integrado de Previsión Social (SIPA), a julio de este año, la pérdida del poder adquisitivo interanual promedio de los salarios privados registrados ya alcanzaba un 6,1%. Según cálculos de la Junta Interna de ATE del Indec, a agosto de este año, el salario promedio de los trabajadores privados registrados acumula una pérdida del 13,4% desde la asunción del gobierno de Cambiemos.

Las cláusulas de revisión reemplazaron las cláusulas gatillo de actualización que estuvieron presentes en una cantidad de acuerdos salariales firmados en 2017 y que implicaban una indexación de los haberes al ritmo de la inflación oficial. En su momento, el gobierno se valió de ellas con el propósito de encauzar las paritarias de aquel año, empantanadas por el reclamo de recomposición del poder adquisitivo resignado durante 2016 que, en promedio, rondó el 6 por ciento.

Los sindicatos, en general, aceptaron esa política de «borrón y cuenta nueva» que garantizaba un nuevo piso salarial unos peldaños por debajo. Su retiro en 2018 buscó generar las condiciones para imponer un nuevo retroceso en el poder adquisitivo aunque con parámetros muy diferentes a los que, finalmente, indica la coyuntura económica actual.

Según un relevamiento realizado por el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma al que accedió Tiempo, sobre una muestra de 14 gremios destacados, los acuerdos paritarios sellados entre enero y junio de este año promediaron una suba del 15,5%. De ese total, entre agosto y septiembre, diez gremios reabrieron la discusión elevando ese promedio hasta el 26,17% de suba aunque con una marcada dispersión. Es que, si bien las actualizaciones adicionaron 10 puntos más a los acuerdos, hay dos casos (textiles y petroleros) que apenas actualizaron un 5% mientras que, en el otro extremo, el gremio de la Sanidad logró una reapertura del convenio para la rama droguerías que sumó 15 puntos al 20% acordado en mayo elevando la actualización hasta un 35%. Fuentes gremiales aseguraron que el acuerdo incluye, además, una modalidad de cláusula gatillo de actualización a partir de enero de 2019.

Se trata del sindicato liderado por Héctor Daer, uno de los miembros del triunvirato (ahora binomio) que conduce la CGT y considerado el referente del ala más dialoguista del sindicalismo, algo que sugiere una suerte de concesión del gobierno a cambio de una política general de contención del movimiento obrero.

Los estatales nacionales de UPCN, liderados por Andrés Rodríguez, otro referente dialoguista, lograron un adicional por encima del 15% acordado en junio consistente en sumas fijas de $ 2000 en octubre y $ 4000 en noviembre que no pueden ponderarse en términos porcentuales porque, por un lado, tiene un impacto diferente según el salario de cada categoría (para la categoría D0 el adicional de noviembre implica un alza del 20% con relación al salario de septiembre). Por el otro, al tratarse de sumas por única vez, de no mediar un nuevo acuerdo, los haberes volverán en diciembre al nivel de septiembre.

Los empleados dependientes del Estado tendrán que lidiar con una mayor intransigencia tanto del gobierno nacional como de los provinciales, embarcados todos en la política de déficit cero de sus cuentas hacia 2019. Por eso, por ejemplo, los docentes bonaerenses rechazaron el decreto de la gobernadora María Eugenia Vidal que concede un incremento definitivo para todo 2018 de apenas un 19% (ver página 24). En la Ciudad de Buenos Aires, las autoridades acaban de establecer un pequeño incremento del 2% y la incorporación al salario de $ 1425 concedidos por encima del acuerdo inicial del 15%. Según los funcionarios de la Ciudad, con este agregado, los salarios de los docentes porteños subirán cerca de un 25% durante el año.

Las consultoras privadas que encuesta el Banco Central para la elaboración del REM pronostican una inflación anual del 44,8%. Así las cosas, más allá de las revisiones programadas y aquellas que se aprestan a revisarlos (en la muestra analizada son camioneros, metalúrgicos, alimentación y textiles), todos los gremios podrían quedar relegados en alrededor de 20 puntos.

Una de las pocas excepciones serán los docentes de la provincia de Neuquén que, luego de una huelga que paralizó el sistema educativo local por 44 días, impusieron un acuerdo que contempla una cláusula gatillo de actualización trimestral de los salarios. «

Sensible incremento de la conflictividad laboral en septiembre

Según la consultora Tendencias Económicas, durante el mes de septiembre se registró un sensible incremento de la conflictividad laboral en todas sus dimensiones con relación a lo ocurrido en el mismo mes del año anterior.

Los despidos afectaron a 4286 trabajadores. Se trata de un aumento del 169,4% anual con relación a los 1591 registrados el año pasado. Según el informe, «sobresalieron los despidos en las ramas textil y calzado, construcción, alimentos, metalurgia, plástico, salud, autopartes, administración pública provincial, laboratorio, comercio y servicios petroleros».

Por el lado de las suspensiones el salto es todavía mayor en un claro reflejo del espiral recesivo en el que ha ingresado decididamente la economía y que afecta especialmente a la industria automotriz. El registro indica que las suspensiones afectaron a 9898 operarios que equivalen a 10,6 veces las de septiembre de 2017.

Como contraparte del agravamiento del cuadro en el mercado laboral se verificó una suba en las jornadas de paro y en el número de trabajadores que participaron de alguna medida de fuerza. Fueron más de 7 millones cuando, un año atrás, habían sido apenas 65 mil. El dato, claro, refleja el paro general de 24 horas de la CGT y de 36 horas de las CTA aunque la conflictividad se expresó también en variados conflictos por fuera de las jornadas del 24 y 25 de septiembre que incluyeron al sector público y al sector privado, especialmente a trabajadores de prensa (Télam), del transporte y la alimentación.

En lo que va del año, los despidos acumulan un crecimiento del 81,9% con relación a lo ocurrido en los primeros nueve meses de 2017. De igual modo las suspensiones crecieron un 3200 por ciento.

El informe destaca que «debido al fuerte deterioro del salario real, principalmente en el sector público y en menor medida en el sector privado, debido a la fuerte aceleración de la inflación, que desbordó ampliamente la pauta salarial con la que se negoció la mayor parte de las paritarias», en los primeros nueve mese del año hubo un incremento de los paros de un 72,2 por ciento. «