A pesar de las modificaciones, el texto de la Ley Ómnibus mantuvo sus regresiones y el desfinanciamiento a bosques y glaciares

Hace unos días, el proyecto del oficialismo que pretende arrasar con la vigencia y ejercicio de un gran cúmulo de derechos, entre los que se encuentra el derecho al ambiente sano, tuvo modificaciones hasta ser votado el dictamen, sin que los diputados supieran con exactitud el texto final.

La Asociación a la que pertenece Daneri emitió una carta abierta a diputados y diputadas en la que expresó que “las modificaciones introducidas son altamente preocupantes, inadmisibles por lo profundamente regresivas respecto de la legislación de protección ambiental vigente y los estándares internacionales”.

Autorizaciones tácitas para la quema

El proyecto de ley que se debate en el Congreso propone la modificación de la Ley de Manejo del Fuego y deroga las prohibiciones de cambio de uso del suelo después de un incendio “lo cual representa una clara regresión en la protección de los ecosistemas, promoviendo actividades que se dicen productivas pero que pueden tener consecuencias ambientales devastadoras”, señaló el comunicado.

Y no solo eso, sino que amplía de 30 a 90 días la autorización de quema. “Se trata de generar una táctica o trampa legal de autorizaciones tácitas para la gestión del fuego por parte de privados cuando hay una solicitud de autorización de quema, si el Estado no contesta se considera que está autorizado para iniciar el proceso de quema”, explicó Daneri.

Entonces, dijo el abogado, el silencio del Estado beneficiará al particular que quiere llevar adelante cualquier esquema de producción o de proyecto inmobiliario. “El gran tema es que si con las leyes vigentes ya han existido esos escenarios de grandes incendios, imaginémonos qué puede pasar con este nivel de desregulación, de vaciamiento y desaparición del Estado, con la desjerarquización de las estructuras ministeriales y los órganos de política ambiental de la nación e incluso provincial”. Implicaría, para Daneri, dejar la puerta abierta a un mercado cada vez más concentrado en la apropiación de la tierra y en los modelos de simplificación productiva como la soja genéticamente modificada y los fideicomisos de soja. “Nos vamos a encontrar con un escenario dantesco”, resaltó.

Sin presupuesto para la protección de los bosques nativos

La completa desfinanciación de la Ley de bosques nativos es una amenaza significativa para su preservación y la de la biodiversidad y sostenibilidad del ecosistema. “Queda librado a la discrecionalidad del nuevo presidente, que además a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia 70 derogó brutalmente la Ley de Tierras Rurales y zonas de frontera, entonces hay una tendencia a profundizar la concentración de la tierra en grandes inversores o terratenientes no solo de extranjeros, sino también de los señores de la Sociedad Rural Argentina, de la llamada Mesa de enlace”, apuntó Daneri.

En este sentido, el abogado remarcó que existe “una decisión política de desfinanciación, desprotección y desjerarquización” de las políticas de derecho ambiental. En definitiva, dichas medidas tienen relación con algo más profundo y que no surge de manera textual del paquete legislativo. “Se trata de la negación brutal de todo el proceso de cambio climático en el planeta y en los impactos que tiene en Argentina, donde la nueva Ley de adaptación y mitigación al cambio climático no tiene aún cuatro años de vigencia”, expresó Daneri. Y prosiguió: “no ha habido un cambio de actitud clara por parte del presidente de la República al respecto”, y recordó que Milei negó la existencia de la crisis climática y ambiental de forma sostenida durante toda su campaña electoral.

Extractivismo en los glaciares

Otra de las polémicas modificaciones que propone el proyecto oficialista tiene que ver con la Ley de Glaciares y ambientes periglaciares. Según señaló la carta abierta, si bien por ahora se encuentran protegidos, de aprobarse la ley ya no lo estarán y podrían ser destruidos. “Las modificaciones propuestas allí para cambiar las definiciones de glaciar y ambiente periglaciar tienen un claro objetivo de reducir notoriamente el área protegida”, señaló la Asociación. Es decir, esta regresión de proyección ambiental “será utilizada para avanzar con actividades extractivistas (megaminería fundamentalmente) sobre estos ecosistemas”, remarcó.

Facultades delegadas devastadoras

Hay una cuestión preliminar que debe considerarse para Daneri. “Si el Poder Ejecutivo nacional ya hubiese tenido o dispuesto de la delegación de facultades que pretende, hubiera avanzado con lo que consideramos una devastación por decisión política de una diversidad de ecosistemas vitales para todo el territorio nacional que son los glaciares y las áreas de amortiguación como los nacimientos de cuencas o ríos, para facilitar la degradación y devastación de los montes, selvas y bosques nativos”.

A su vez, resaltó que el texto implica la derogación de hecho de un sinfín de leyes de adhesión a convenios internacionales que Argentina firmó y ratificó, entre los que mencionó a la Convención de Diversidad Biológica, la Convención de Protección contra los Procesos de desertificación y a la Convención de Protección de Humedales. “Se trata de una decisión política de regresión, de violación de principios fundamentales del derecho ambiental nacional e internacional”, señaló.