Las defensas buscan la anulación de indagatorias “a presión” y hasta que se declare nulo el juicio. La fiscalía se apura para rechazar los planteos.

Sin dudas que se trata de uno de los juicios más importantes de los últimos años. En principio por la cantidad de ex funcionarios y empresarios de primer nivel que están imputados, pero también -y más que nada- por la importante cantidad de cuestionamientos a las aparentes irregularidades procesales sobre las que se montó un caso que transcurre con un fuerte impulso del poder mediático.
Tras las audiencias de lectura de las acusaciones formuladas por el fiscal Carlos Stornelli, el proceso oral pasó a la etapa de cuestiones preliminares. Una de las últimas defensas que hizo uso de la palabra para reclamar ante los miembros del Tribunal Oral Federal 7 fue la del empresario Mario Rovella, a cargo del abogado Pablo Medrano.
El defensor fue el primero en exponer en la audiencia del pasado martes y describió una vez más una situación que predomina en el relato de varios de los imputados: que fue presionado para declarar.
Rovella es el titular de la Rovella-Carranza, una importante empresa constructora dedicada a obras viales, hidráulicas y de ingeniería. La fiscalía lo acusa por la comisión del delito de cohecho activo y lo ubica como uno de los empresarios que habrían pagado coimas por medio del sindicado financista Ernesto Clarens. Este último fue quien presentó un listado ante la justicia en el que aparecen los nombres de los empresarios a los que aparentemente les cobró, entre los cuales aparece Rovella.
A partir de eso, el empresario de la construcción fue llamado a indagatoria. Fue a fines de febrero del 2019 cuando se presentó ante el fallecido juez Cluadio Bonadío pero, un día antes, se presentó en una escribanía para dejar constancia de que lo que iba a declarar era mentira. Desde ese entonces su defensa sostiene que hizo una serie de admisiones que lo inculpaban a cambio de no quedar preso. En su entorno le comentaron a Tiempo que no hubo ningún episodio concreto en tono amenazante orientado a forzar su declaración sino que la mera observación del contexto lo llevó a optar por decirle al juez lo que el juez quería escuchar y así evitarse la cárcel.
«El juez Bonadío, que debía escuchar a mi asistido, ya había puesto en conocimiento del Servicio Penitenciario que previera su alojamiento en un establecimiento carcelario para el caso que mi cliente guardara silencio o negara los cargos. La confesión de Mario Rovella fue obtenida bajo intimidación expresada en actos procesales consistentes en privar de la libertad a quienes no validaran las anotaciones de Clarens», dijo su defensor durante la audiencia de este martes.
La defensa de Rovella ha planteado la nulidad de la declaración indagatoria por supuestamente haber sido prestada bajo presión en varias instancias anteriores al juicio. Hasta el momento fueron todos rechazos. En la antesala del proceso oral y público también estuvo entre la partida de empresarios que ofrecieron dinero a modo de reparación económica para que cese la acusación. Tampoco tuvo suerte.
Los relatos que dan cuenta de que habría habido presiones judiciales a cambio de declaraciones que compliquen a funcionarios políticos del kirchnerismo como la propia ex presidenta Cristina Kirchner, también acusada, abundan en el caso de los cuadernos. El gran cuestionamiento apunta al uso que se le dio de parte del tándem Bonadío-Stornelli a la figura del arrepentido o imputado colaborador. A partir de ahí sobran críticas al desarrollo del proceso que para defensas como la de la ex presidenta son «insanables» y ameritan la nulidad del juicio.
Este jueves, el Ministerio Público Fiscal tendrá su turno de plantear cuestiones preliminares. Pero también tiene la posibilidad de responder a la catarata de planteos expresados por los representantes de ex funcionarios y empresarios.
La confirmación oficial es que se abocará a lo segundo. También es esperable que la representante fiscal insista con sus reclamos para agilizar el juicio por medio de mayor cantidad de audiencias y que se deje de lado el formato virtual utilizado hasta ahora.
Las defensas esperan que una vez que exponga la fiscal los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli pasen a resolver cada uno de los planteos de nulidad. Las expectativas de que hagan lugar son casi nulas, puesto que podrían provocar un efecto cascada sobre los planteos de otros imputados, algo que pondría en riesgo la continuidad del juicio. Una vez que esté la resolución de los jueces comenzará la etapa de declaraciones indagatorias de los 19 ex funcionarios y 65 empresarios que están en el banquillo.
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