El Senado bonaerense volvió a sesionar hoy después de un parate de dos meses y hubo polémica por el apuro del gobierno de María Eugenia Vidal en aprobar 42 pliegos para nombrar a jueces y fiscales, entre ellos los dos cargos vacantes en el Tribunal de Casación Penal, la máxima instancia en materia penal provincial.
Pese a la resistencia de Unidad Ciudadana, el Frente Renovador y el PJ Unidad y Renovación, el bloque de Cambiemos logró darle ingreso parlamentario a los pliegos que ya habían sido aprobados en soledad por el oficialismo en la Comisión de Asuntos Constitucionales. De esta manera, abrió la puerta para que el expediente sea tratado y aprobado por mayoría simple -que Cambiemos tiene- en la próxima sesión de la Cámara Alta provincial.
La moción fue aprobada hoy en medio de las quejas de los tres bloques opositores. La presidenta del bloque de Unidad Ciudadana, Teresa García, pidió que los pliegos permanezcan en la Comisión de Asuntos Constitucionales para continuar en su análisis. «No es un pedido caprichoso. Tiene que ver con una nueva realidad que vivimos en la provincia», señaló y agregó: «Nosotros consideramos que a pocas semanas de la elección general en la que estimamos, con seguridad, que habrá nuevas autoridades en la provincia nos parece erróneo y poco prudente cristalizar personas en distintos sectores de la justicia».
La legisladora trajo a colación para defender su postura los argumentos vertidos por un senador de Cambiemos, Carlos Fernández, a fines de 2015, para rechazar el intento del entonces gobernador Daniel Scioli de designar jueces y fiscales antes de terminar su mandato. «En ese momento el senador dijo: ´Lo razonable es respetar la voluntad popular y analizar los pliegos después del cambio de autoridades´», parafraseó García y agregó: «Sería como cambiar la argumentacion porque cambió la realidad. No estamos encaprichados con esto. Queremos que el bloque de Cambiemos reflexione y piense que si esta argumentación se dio en 2015 hoy no pueden desandar el camino».
Los pliegos ingresaron en julio al Senado, pero fueron apurados para ser tratados en comisión por Cambiemos luego de la derrota en las PASO, lo que puso en alerta a la oposición. De los 42 nombramientos, los cargos que mayor ruido hacen son los que corresponden al Tribunal de Casación Penal bonaerense, donde están abiertas las vacantes que dejaron los magistrados Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués, que renunciaron en 2015 tras recibir fuertes cuestionamientos por otorgar beneficios a condenados por delitos sexuales.
El Ejecutivo propone para ocupar esos lugares a la actual defensora de Casación, Ana Julia Biasotti, y al secretario de Política Criminal de la Procuración, Francisco Pont Vergés, dos funcionarios ligados al procurador general de la Suprema Corte de Justicia, Julio Conte Grand, quien a su vez es cuestionado por anunciar que se quedará en el cargo después de diciembre.
