A través de un DNU, se prohibieron los despidos y suspensiones por 60 días

Tras el impacto de los despidos de la multinacional Techint y el efecto contagio en muchas otras  empresas en medio de la cuarentena, el presidente Alberto Fernández dispuso, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia publicado este martes por la noche, la prohibición por un período de 60 días de los despidos y suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo.

Así lo hizo a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 329/2020 publicado en un suplemento de la edición del Boletín Oficial, con la firma del presidente; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y de los ministros.

«Resulta indispensable garantizar la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales», asevera la norma en sus fundamentos.

En este sentido, señala que decisiones de ese tipo no serían «más que una forma de agravar en mayor medida los problemas que el aislamiento social, preventivo y obligatorio procura remediar».

En su artículo cuarto, el decreto establece que «los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto» en la norma, «no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales».

La decisión fue acompañada por medidas para asistir a las empresas en general y a las pymes en particular por un lado a través de la creación de un fondo de 30.000 millones de pesos para otorgar garantías que faciliten el acceso al crédito a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas para capital de trabajo y pago de salarios.

También dispuso la creación del Programa de “Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción” que establece una serie de medidas para las empresas afectadas por la cuarentena: la postergación o reducción de los aportes patronales; una asignación no remunerativa para trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia del sector privado y una prestación económica por desempleo.