A tres meses del Jujeñazo bajaron los cortes pero siguen los ataques

Las imágenes se hicieron virales en cuestión de minutos aquel sábado 17 de junio. La gama de colores en los cerros y en las whipalas, el cielo azulado y la muralla negra infinita de los escudos de la infantería jujeña, dispuesta a avanzar sobre las personas que permanecían en los cortes de ruta en Purmamarca. La reforma constitucional de la provincia, que se aprobaría tres días después con más represión, ya estaba siendo discutida y la presencia del pueblo en las rutas tenía allí uno de los principales motivos, junto con los reclamos docentes por las miserias salariales y laborales.

Los cortes se replicaban en unos 10 puntos de la Puna, pero el epicentro era Purmamarca. Ese sábado la represión policial en las rutas 9 y 52, fue brutal. Arremetieron con tonfas, golpes, balas de goma. Pero no lograron desarmar la resistencia. Tres días después, en una jornada vergonzosa y breve, la legislatura aprobó la Reforma a espaldas del pueblo jujeño.

La decisión legislativa desató la furia y se produjo la segunda gran represión en el marco de la lucha en contra de la reforma constitucional. A tres meses de la represión en cadena que sufrió el pueblo de Jujuy, Tiempo se sumergió en el clima aún espeso del norte, para conocer cómo se sostiene la resistencia en la provincia que sirvió como teatro de ensayo para una posible Argentina en 2024, y donde Gerardo Morales terminó eclipsado ante el avance libertario, quedando segundo en las PASO.

Después de la represión y el Jujeñazo

“Los únicos cortes que hay ahora son los de Abra Pampa y La Quiaca, en Susques y Purmamarca la policía nos ha doblado en número, nos ganaron esa batalla pero seguimos resistiendo al costado de la ruta en apoyo a nuestros hermanos que están en la plaza Lavalle en Buenos Aires”, cuenta Natalia Machaca, referente de las comunidades indígenas de Yala, Lozano y León.

Denuncia que la justicia está cooptada por el gobernador Gerardo Morales, que Jujuy vive «una dictadura disfrazada de democracia». Y cuenta que por una causa armada no puede salir de la provincia ni acompañar al Tercer Malón en Buenos Aires.

“Se me acusa del secuestro de tres policías que se habían infiltrado de civil en las protestas del 17 de junio”, asevera. Ese fue uno de los ecos de la post represión: la persecución policial y judicial a manifestantes, uno por uno, casa por casa, buscando desarmar la acción colectiva y al mismo tiempo dando un mensaje coercitivo al resto.

Algunos acuerdos sectoriales, como los docentes, desmovilizaron progresivamente a otros sectores, pero el compromiso provincial de abrir nuevas paritarias en julio no se cumplió. “Vamos a movilizar este martes 19 con todos, sabemos que la lucha se está haciendo muy larga y que algunas personas creen que ya nos han ganado pero yo creo que no”, asegura la referente.

Del agua a la lucha

“Hay comunidades que tienen en riesgo sus vidas con esta reforma, básicamente por el acceso al agua, porque las contaminan estas empresas de afuera que vienen a saquearnos, a explotar la tierra y se apropian del agua”, afirma Andrea Mamaní, referente de la comunidad indígena Río Grande de Lozano. Una comunidad pequeña, de 15 familias en 13 hectáreas que enfrentan el asedio de particulares que quieren quedarse con sus tierras de forma ilegal, ataques que se transparentaron tras la sanción constitucional.

“Hemos acompañando el corte en Purmamarca después de la represión; los hermanos y hermanas fueron heridos en todo sentido», menciona Andrea, y valora el apoyo de los turistas en las rutas y llamó a los jujeños y a la sociedad que reniega de las medidas de fuerza, a «tener empatía».

Mariana Vargas, abogada penalista y representante de manifestantes imputados subraya las consecuencias de las represiones. “Hubo personas heridas, otras maltratadas dentro del penal, pero lo que siguió también fue muy grave, las órdenes de detención para 20 personas por la protesta del  20 de junio a partir de filmaciones donde se señalaron sobre todo a líderes de organizaciones sociales”.

Luego se produjeron además causas contravencionales con multas millonarias, un proceso de intimidación en etapas. Vargas agrega el rol del Ministerio Público de la Acusación con facultades extraordinarias: “Lo que hizo ahí fue crear un cuarto poder que le responde al Ejecutivo. Estamos en una situación latente de lucha, de repudio a la reforma deslegitimada y a las leyes que pretende aprobar ahora ajustando esa reforma”.

“Lo que están haciendo acá lo pueden hacer en toda la Argentina, sabemos que la derecha viene por nuestra Constitución Nacional porque lo que quieren son nuestros recursos naturales, nuestros territorios”, asevera Machaca.

Y añade que la protesta se transformó en una lucha política “justamente por la forma y la impunidad con la que se ha hecho la reforma, nosotros antes no nos metíamos en política pero lo estamos aprendiendo para defender nuestra patria”.