A un año de la creación de la Policía de la Ciudad, la ley no se cumple

A un año de la sanción de la Ley Integral de Seguridad Pública, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue sin cumplirla. Hasta ahora el Poder Ejecutivo reglamentó los artículos indispensables para permitir el funcionamiento de la Policía de la Ciudad, esto es salarios y retribuciones; régimen disciplinario; estabilidad, escalafones y ascensos.

El resto de la ley, y en particular todo lo que tiene que ver con el rico debate que se dio en la Legislatura, no se ha reglamentado y, por lo tanto, no se cumple. No se reglamentó lo concerniente a la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la supervisión del accionar policial. No se creó la Defensoría del Policía. Tampoco se avanzó con la reglamentación de los mecanismos que disminuyen la discrecionalidad del accionar policial y el uso de la fuerza.

En abril de este año fuimos testigos de la bochornosa detención del Jefe de Policía. Este cargo sigue vacante y, para ser ocupado, el Gobierno porteño deberá reglamentar el mecanismo de audiencia pública. También hemos vuelto a ver imágenes que creíamos que eran parte del pasado, como las ocurridas tras las marchas del 8 de marzo o en ocasión del reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, donde se vio a una policía “cazando” manifestantes y periodistas. Además se registran permanentes denuncias de violencia institucional contra nuestros jóvenes, contra trabajadores de la vía pública y contra los más vulnerables en general.

Los episodios de violencia institucional registrados a lo largo del 2017 ocurrieron con el aval de las autoridades ministeriales y en un contexto en el que la falta de implementación de los mecanismos de control externo facilitan la impunidad. A un año, es urgente convocar a las organizaciones de derechos humanos para que intervengan proponiendo componentes mínimos de esa reglamentación.

Hemos constatado también deudas relevantes en el diseño de políticas de seguridad pública y transparencia, como por ejemplo la falta de información sobre las condiciones de actuación de las Fuerzas Federales desplegadas en el distrito y la no publicación de las estadísticas delictivas.
En el momento del debate legislativo propusimos y acordamos mejorar los mecanismos de participación ciudadana. Dichos mecanismos fueron ninguneados y reemplazados por reuniones esporádicas de vecinos con los comisarios en las comisarías, evadiendo de esta manera las obligaciones de una planificación realmente participativa en materia de seguridad.

No sería exagerado decir que hasta el momento la Policía de la Ciudad fue noticia principalmente por sus abusos y errores. El Gobierno eligió apañar las situaciones de abuso policial, desconocer sus obligaciones en términos de producción de estadísticas delictivas y obturar todos los mecanismos institucionales previstos en la ley para garantizar mayores controles ciudadanos. En pocas palabras, podríamos decir que la pretendida «Ley integral de Seguridad Pública» quedó reducida en una escueta ley orgánica que permitió poner en funciones a la Policía de la Ciudad, sin desarrollar todas las políticas públicas que son indispensables para garantizar el gobierno civil y el control ciudadano de las fuerzas de seguridad.

A solo un año de la aprobación de esta ley integral, y en un lamentable contexto de legitimación pública del autogobierno de las fuerzas de seguridad por parte de las autoridades nacionales, esperamos que el gobierno porteño respete el marco normativo local, el cual pretende resguardar los principios mínimos de seguridad democrática.