A un año del caso Libra, la Justicia exige celeridad y uno de los denunciantes afirmó: “Milei miente sistemáticamente”

La Cámara Federal de Buenos Aires instó al juez Ariel Lijo y al fiscal Carlos Stornelli Taiano a imprimir celeridad a la instrucción de la causa conocida como «Caso Libra», al cumplirse un año del escándalo de criptoactivos que involucra al círculo íntimo de Javier Milei. La decisión del tribunal de alzada responde a los reclamos de la querella, liderada por el damnificado Martín Romeo, quien denunció una parálisis injustificada en el expediente pese a haber aportado auditorías internacionales que documentan el recorrido de los fondos hacia el entorno presidencial.

El rastro de las billeteras

Según Romeo, la trazabilidad del dinero presuntamente obtenido de forma ilícita está «probada y documentada». En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, el denunciante detalló que el flujo financiero partió de la billetera virtual de un operador identificado como Davis y finalizó en manos de Novelli, señalado como prestamista de Milei. «El presidente miente sistemáticamente cuando dice que no tiene nada que ver», afirmó Romeo, destacando que el trabajo de reconstrucción bancaria y digital fue respaldado por consultoras de nivel mundial.

La advertencia de la Cámara

Tras la finalización de la feria judicial de enero, la Cámara Federal dejó un escenario favorable para los damnificados al advertir que la etapa de instrucción se está extendiendo en demasía. Hasta el momento, el expediente no registra llamados a indagatoria ni procesamientos, una situación que Romeo calificó como llamativa dado que las únicas pruebas sustanciales en la causa son las presentadas por los propios denunciantes.

Impacto en la Rosada

El aniversario del caso encuentra al Gobierno en una posición defensiva respecto a la transparencia de sus vínculos con el sector cripto. Mientras la querella presiona para que la Justicia dicte las primeras definiciones procesales, el foco se desplaza hacia Comodoro Py, donde el juez Lijo deberá decidir si avanza contra los nombres señalados en la trazabilidad o si mantiene el expediente en la actual etapa de instrucción, en medio de un clima de creciente repercusión política por la presunta conexión de la operatoria con el financiamiento del entorno presidencial.