La joven de 22 años desapareció el 2 de abril de 2017. Su cuerpo fue hallado 25 días después. El único detenido hasta ahora fue asesinado en prisión. Los demás imputados llegaban al juicio en libertad gracias a un fallo de la Cámara, pero en medio de los comicios fue demorado uno de los presuntos responsables, Carlos Damián Cassalz.
Mónica Ferreyra, mamá de la joven, recibió un mensaje con la noticia cuando estaba reunida con su abogado. “Cassalz es el sospechoso de haber cometido el femicidio. Pensé que llegaban sueltos al juicio, que comienza mañana”, dijo a Tiempo. Y agregó: “El juicio es un mes completo, va a ser bastante agotador, esperemos la pena máxima para todos. Alguno se tiene que quebrar y decir la verdad”.
El debate oral será presencial y ella será la primera en declarar. Luego lo harán su marido, sus hijos y algunas de las personas que estuvieron en el asado el día que desapareció Araceli, el 2 de abril de 2017.
Cassalz fue retenido luego de que acudiera a sufragar en la localidad bonaerense de San Martín. Está imputado por el delito de “homicidio agravado por femicidio y por la participación de dos o más personas».Aquel 2 de abril hace cuatro años, Araceli le avisó a su mamá que iba para su casa, que preparara el mate. Nunca llegó. Familiares, amigos y amigas pusieron en marcha una búsqueda que se extendió por 25 días, hasta que la joven de 22 años fue hallada enterrada bajo escombros en una vivienda de José León Suárez con signos de maltrato físico y asfixia.
El juicio, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°5 de San Martín, integrado por los jueces Martín Klobovs, Carolina Martínez y Aníbal Bellagio, comienza este lunes y se estima que dure hasta principios de octubre.
El único detenido hasta ahora había sido Darío Badaracco, pero murió el 13 de abril de 2019 tras ser atacado a golpes y quemado con agua caliente por dos compañeros de celda en el penal de Sierra Chica. Los demás imputados que llegan a juicio son Hernán Rodrigo Badaracco, Carlos Casalz –detenido durante los comicios-, Hugo Cabañas, Carlos Antonio Ibarra, Marcelo Escobedo, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Emanuel Ávalos.
Llegaban en libertad por un fallo de la Cámara de Apelaciones de San Martín que consideró, en septiembre del 2017, que por la «ineficiencia del sistema investigativo» no pudieron obtenerse las pruebas necesarias para probar sus participaciones en el hecho, en un caso envuelto en sospechas de complicidad policial para garantizar el encubrimiento.
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