A un mes de ser suspendidas por el gobierno porteño, tres feriantes reclaman volver a trabajar

A un mes de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inhabilitó a tres artesanas de la tradicional feria de Defensa en el barrio de San Telmo, las damnificadas consideraron estar siendo víctimas de “un acto de censura a la libertad de expresión” y reclamaron que se les devuelvan sus permisos de trabajo. Todo se inició cuando una de ellas exhibía en su puesto una bandera de Palestina y fue agredida verbalmente por otra puestera invitada que es pro Estado de Israel. 

El conflicto ocurrió el 1° de marzo en uno de los tramos de la extensa feria, conocida como Recova II de San Telmo, ubicada en Defensa al 700. A través de un comunicado, titulado “Ni una artesana menos” los feriantes exigieron que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires revise su decisión y la revoque. “No se nos ha permitido defendernos y, sin embargo, se nos ha aplicado la máxima sanción: la baja de nuestros permisos de trabajo”, indicaron.

“Necesitamos volver a trabajar porque toda la semana hacemos nuestras artesanías para vender el domingo. Es nuestra única fuente de ingresos. Tenemos que pagar alquiler, sustentar nuestras familias. En este momento, vivimos de las colectas solidarias que hacen nuestros compañeros”, contó Delfina Argento, delegada de la feria y una de las afectadas.

En el comunicado se destaca que el gobierno porteño adoptó esa medida tras la viralización de un video recortado en el que las feriantes están manifestándose a favor de Palestina. Según reconstruyeron, ese domingo arrancó como cualquier otro día en la feria de la calle Defensa al 700. A primera hora se entregaron puestos a personas invitadas, no permanentes de la feria, que cada domingo se acercan a pedir un espacio para trabajar. Esta es una práctica solidaria habitual en las ferias.

“A eso de las nueve y media de la mañana, una artesana invitada agredió verbalmente a una feriante permanente por poner una bandera de Palestina en su puesto”, recuerda Argento. “En mi rol de delegada, me acerqué y le pedí que se calmara. Pero ella no lo hizo; por el contrario, comenzó a agredirnos con insultos racistas y a gritar ‘Sacá esa bandera terrorista‘. En ese momento llamé a la policía y a los inspectores de Ferias y de Espacios Públicos y la mujer se tranquilizó”. 

Según cuenta Argento, le ofrecieron a la invitada “cambiarse de lugar” para no estar al lado de la bandera de Palestina, pero la mujer no quiso. “Dijo: ‘Voy a hablar con mi jefe’, hizo unos llamados telefónicos y llegaron dos personas a filmar. Ella siguió con insultos como ‘terroristas’, ‘negras de mierda’, hasta que a las dos de la tarde dijo: ‘No puedo estar al lado de esta bandera’. Desarmó su puesto y se fue”.  

En el informe elaborado por los feriantes se precisa que mientras algunos artesanos cantaban “viva Palestina Libre” fueron filmados a una distancia de por lo menos veinte metros. Poco después, se viralizó un video donde la mujer afirmaba haber sido expulsada de la feria por su religión. “Esto desató una ola de hostigamiento y amenazas en las redes personales de las artesanas, de sus hijos y familiares”, puntualizaron.

Como se sabe, el Gobierno no demoró en sumarse al escarnio en contra de las feriantes. “Repudiamos con absoluta firmeza el ataque antisemita ocurrido en la Feria de San Telmo, donde una artesana fue hostigada por el solo hecho de ser judía. El antisemitismo es inadmisible. Es una forma de odio que constituye un delito y no lo vamos a dejar pasar bajo ningún concepto”, se aseveró en un comunicado oficial replicado por el propio Jefe de Gobierno Jorge Macri.

En esa misma línea, el legislador porteño y fanático de las políticas expansionistas del Estado de Israel, Waldo Wollf, amenazó: “El antisemitismo es un delito y no solo no tiene lugar en nuestra Ciudad, sino que vamos a caerles con todo el peso de la ley y de las atribuciones del Poder Ejecutivo a quienes no lo comprendan”, aseguró, al tiempo que argumentó que había presentado una denuncia penal en el marco de la Ley Antidiscriminatoria. 

Para las damnificadas, la versión de que la invitada fue expulsada por su religión llegó a los medios masivos de comunicación y generó la reacción del gobierno de la ciudad, que ese mismo día emitió la baja del permiso de trabajo de las tres feriantes involucradas: la que puso la bandera de Palestina, la delegada y otra feriante que expresó su rechazo a las agresiones de la invitada.

“Nos expulsaron sin siquiera llamarnos para preguntarnos qué pasó. Nos privaron de nuestro derecho a defendernos, basándose sólo en recortes de videos en redes sociales y nos prohibieron volver a trabajar”, añade Argento. 

“Nuestra feria es un espacio de trabajo, solidaridad y construcción comunitaria, libre de violencia. Castigar la libertad de expresión es censura. Negar el derecho a la defensa es inconstitucional. Actuar sin debido proceso es un atropello a los principios democráticos y al derecho humano al trabajo”, concluyeron desde la Feria.