Preocupación por el abandono estatal y el aumento de víctimas de femicidios

El 3 de mayo Evangelina Barraza denunció que su hija de 15 años, Angelina González, estaba desaparecida desde el mediodía en la localidad de Pampa Blanca, Jujuy. Dos días después la encontraron muerta en las cercanías del Río Pava, en la misma localidad. El femicida de 25 años, Adrián Ochoa, estaba, dicen, obsesionado con la chica. Después de matarla, intentó suicidarse. 

El fin de semana siguiente, Paula Vargas, de 37 años fue asesinada por su expareja en su casa en el barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. Estaba allí uno de sus hijos, menor de edad, que resultó herido. El femicida se mató, pero antes, se atrincheró en la casa y amenazó con explotar la garrafa. No había denuncias en su contra, pero en el barrio sabían que era violento y que hostigaba a Paula porque tenía novio.

“En Jujuy la Justicia debe investigar las razones por las cuales en la seccional policial no se le tomó la denuncia a la mamá de Angelina y por qué la policía no ingresó al domicilio de Paola, asesinada el 11 de mayo, cuando se sabía que había sido apuñalada”, expresa a Tiempo Argentino desde Jujuy la abogada feminista Mariana Vargas. “Estamos viviendo un desempeño de la Justicia especializada en violencia de género muy deficiente”, agrega.

En Jujuy, en octubre de 2020 después de una serie de femicidios, se sancionó la Ley Iara que declaró la emergencia pública en materia de violencia de género. En mayo del año pasado se prorrogó por dos años. “Esa es una ley esencial aquí, pero no alcanzan los centros de atención que abrieron ni el dinero que se destina”, explica Vargas.

En Tucumán, dos femicidios mantienen en alerta las organizaciones transfeministas. El 30 de abril María Verónica Leal de 40 años había salido de su casa hasta su trabajo en el Mercofrut (un mercado frutihortícola). Advertido de su ausencia allí, su hijo salió a buscarla y encontró el cuerpo de su mamá sin vida en un pastizal. Fue asesinada brutalmente por su expareja. El femicida fue hallado horas después.

El 4 de mayo Julia Elena Espinoza, de 42 años, fue asesinada por su esposo en la localidad de Los Nogales. El asesino la ahorcó y luego colgó su cuerpo en las rejas de una escuela para simular un suicidio. Lo encontraron cuando intentaba huir con una muda de ropa.

“Hoy, ante los casos de femicidio, el Estado está prácticamente ausente. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei se quitaron los presupuestos para todo lo que era ayuda o asistencia económica para la familia y se desarmaron equipos de atención integral”, enumera Laura Sánchez, integrante de Ni Una Menos, Tucumán.

Abandono y desidia

Sólo en Provincia de Buenos Aires existe hoy un ministerio destinado a la agenda de género con programas y funciones claras. No es el caso de Tucumán, donde existe la Secretaría de Estado a la Mujer que tiene como finalidad atender las situaciones de las mujeres y las disidencias pero que carece de funciones efectivas. En Jujuy funciona el Consejo de la Mujer, hoy cuestionada por su desempeño en los últimos dos femicidios.

“Cada vez son menos las políticas públicas y están desfinanciadas. La línea 144 reducida y el Acompañar reducido. Quedan las que tenemos por la Ley 26485 que enumera las violencias y establece un procedimiento  de protección; la Ley Micaela; y un Código Penal que tipifica la figura de femicidio. Delito que también quiere derogar este gobierno. Por primera vez los femicidas que están en prisión festejan la posibilidad de salir por esta brutalidad de Libarona y Milei”, comenta Vargas.

Este panorama de negacionismo del Poder Ejecutivo y la eliminación de fiscalías especializadas en violencia de género dificulta el acceso total de las personas para denunciar o buscar acompañamiento. En Tucumán hoy son las organizaciones quienes se ocupan de esta tarea. «Hemos tenido muchísimos casos que hemos acompañado desde las organizaciones, y realmente hacer una denuncia hoy está siendo una tarea bastante compleja, porque no toman la denuncia, ponen excusas o piden que vuelvas otro día. Una persona que está en una situación límite y crítica no puede tener obstaculizada su posibilidad de acceso a la justicia» destaca la militante de Ni Una Menos, Tucumán.

En Jujuy, dice Vargas, la situación no es diferente. «Tenemos casos donde mujeres con protecciones fueron asesinadas por femicidas liberados por jueces a pesar de los riesgos (Zulma Valencia, Nahir Mamani, Marina Patagua) y tenemos otros casos sin denuncias previas como los últimos de Angelina y Paola”.

El Estado fuera del territorio

Entre los programas eliminados definitivamente el viernes 16 de mayo está el de Promotoras y promotores territoriales de género y diversidad.

«Las promotoras territoriales en género son las que como agentes sanitarios pueden recorrer casa por casa trabajando en la desnaturalización de la violencia de género. Si a ellos sumamos para las y los jóvenes la educación sexual integral podemos tener una promoción de derechos que hagan frente a una batalla cultural que hoy llena de misoginia todos los espacios. Estos discursos de odio y discriminación han penetrado en la justicia también por lo que las mujeres estamos más vulnerables y los varones machistas pasan a ser resguardados», detalla Mariana Vargas.

«Cuando más necesitamos a las promotoras de género eliminan el programa. Es un ataque cruel a las políticas que necesitamos se profundicen para frenar un femicidio por día en el país».

En ese sentido, Sánchez agrega. “Siempre hemos sido las mujeres y las disidencias las que hemos acompañado los casos de violencia, desde la denuncia hasta exigir que se cumplan con las leyes. Habíamos avanzado bastante y este retroceso nos pone en alerta”.

Según el Observatorio Adriana Zambrano, desde enero al 30 de abril, hubo 90 femicidios y vinculados de mujeres y niñas y 6 femicidios vinculados de varones adultos. No están en esa cifra los crímenes de Angelina, Paula, Julia y María Verónica.  «