Abogados reclamaron ante la Corte Suprema por el secretismo judicial

La Corte Suprema de Justicia y la Procuración General de la Nación (que sigue a cargo “interinamente” de Eduardo Casal desde hace tres años) mantienen activo y vigente un sistema que imposibilita que los abogados puedan acceder a los expedientes. 

Ambos están perfectamente al tanto de la situación: el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en al menos una docena de oportunidades y uno de sus matriculados, Gustavo Romano Duffau, esta última semana, se los hicieron saber. Pero la respuesta es nula, y añade un nuevo capítulo al secretismo (tan opuesto a la declamada “transparencia” que pregona la cabeza del Poder Judicial) que caracteriza la actividad de los tribunales.

El nuevo mecanismo de ocultación es la delegación de la investigación en la fiscalía. Ante una denuncia de un presunto delito con un imputado identificado, el juez  penal (en este caso, los federales de Comodoro Py) tiene la facultad de decidir que el que investigará será el fiscal. Y a él le traslada esa tarea, reservándose para sí determinados actos procesales que son indelegables, por ejemplo tomar una indagatoria u ordenar un allanamiento o una detención.

La delegación de la investigación no es apelable. No está previsto en el Código Procesal un recurso para impedirla. Sin embargo ya hay cuestionamientos hacia ese “menoscabo en el ejercicio del derecho de defensa”.

Cuando la causa la lleva  el juez, los trámites procesales deben ser cargados en un sistema informático denominado Lex 100, que fue impulsado hace casi una década por el entonces presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, como una forma de agilizar por la vía digital la tramitación de los expedientes. Funciona medianamente bien, aunque con frecuencia “se cae” y los abogados braman porque dependen de comprensión de los actores judiciales para que no se les den por vencidos los plazos que tienen para, por ejemplo, presentar apelaciones. Esos plazos son estrictos; los que deben cumplir los jueces, no tanto.

Cuando un juez “delega” la investigación en el fiscal, el expediente entra en un terreno nebuloso y a menudo inaccesible, situación que -según advirtió Romano Duffau – se potencia por la pandemia de Covid 19: “En tiempos de actividad no presencial obstan al acceso de las partes interesadas a excepción, claro está, de la Fiscalía”.

Los abogados tienen acceso mediante una identificación con su número de documento y un password al Lex 100. Pero los fiscales trabajan con otro sistema informático llamado “Fiscalnet”. Los abogados no tienen acceso a Fiscalnet.

Los fiscales no están obligados a cargar las medidas que toman en el marco de la investigación al sistema al que sí pueden acceder los abogados. Así, el fiscal puede tomarle declaración a un testigo que incrimina a un imputado y la defensa de ese imputado no se entera.

En tiempos normales, ese obstáculo ya existía. Pero “dicho impedimento podía superarse mediante la concurrencia personal del profesional a cada dependencia”. Coronavirus de por medio, “ello resulta imposible en época de aislamiento quedando el seguimiento, en el mejor de los casos, a merced de la respuesta por mail o telefónica que brinde eventualmente el personal de cada Fiscalía”.

Un hipermillonario presupuesto para el Poder Judicial y la Procuración para que el acceso a información trascendental de un expediente quede sujeta a un correo electrónico o un informal llamado por un teléfono de línea en horario judicial. Y, claro, a la buena voluntad de quien recibe la consulta.

La presentación del abogado advierte sobre “los contratiempos que provoca tanto en los profesionales como en los justiciables esa particular modalidad de trabajo con el agravante de ver afectados estos últimos su derecho a la inviolabilidad de la defensa en juicio”. El ex presidente del Colegio Público Jorge Rizzo recordó que esa entidad reclamó reiteradamente ante la Corte por esta situación. Y agregó que los obstáculos no sólo ocurren en las causas penales sino también en otros fueros: “Pasa lo mismo en Civil hasta con una sucesión con los dictámenes de los fiscales que nunca son subidos al Lex100 o bien, lo hacen luego de más tiempo del razonable”, ejemplificó.

El Colegio Público respaldará el pedido de Romano Duffau.

¿Pasa lo mismo en todas partes? No. En la Capital Federal, donde rige el sistema acusatorio (investigan directamente los fiscales y los jueces controlan) el acceso es mucho más fluido. En la Provincia de Buenos Aires el Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP) sortea esas dificultades. Esa suerte de ocultismo judicial se centra en los tribunales que tienen dependencia jerárquica de la Corte Suprema y, por supuesto, en la Procuración.

Una de las propuestas de la también demorada reforma judicial del fuero penal federal que impulsa el gobierno es, justamente, la implementación del sistema acusatorio. En el escenario actual, sería oficializar el poder de los fiscales y consolidar la imposibilidad de los abogados de saber qué pasa en los expedientes en los que son parte.

Romano Duffau, tras recordar que ejerce la abogacía desde hace cuatro décadas,  reclamó a la Corte  “tomar cartas en el asunto”.

Pero es enero, plena feria judicial. Habrá que seguir esperando. «