La ola verde sigue en pie y sigue activa. En esta nueva jornada del 28S Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, organizaciones realizarán diferentes acciones en todo el país. El objetivo es por un lado profundizar la información sobre un derecho que existe desde 2020 y está vigente, y por otro lado, exigir que se cumpla en forma efectiva.
En los tres primeros años de su legalización se trabajó arduamente en su implementación. Pero desde la llegada del gobierno de Javier Milei, de la mano de un cruel desfinanciamiento y de una profunda estigmatización al derecho al aborto, las personas gestantes se enfrentan a obstaculizaciones en forma permanente.
Cómo se cumple el derecho
Tiempo Argentino se comunicó con referentes del ámbito de la salud de diversas regiones del país. La información que existe en términos de informes oficiales es más que escasa. Debido a la estigmatización de los últimos tiempos, en casi todos los casos y «cuidando lo que logramos construir» no hubo muchas respuestas. Sólo una: el derecho se garantiza «como se puede». A veces, gracias al trabajo de redes como Socorristas en Red y en otros casos, gracias a profesionales que dan grandes batallas dentro de sus espacios de trabajo.
Ana Morillo es coordinadora del área de Salud de Católicas por el Derecho a Decidir. Además, forma parte delos equipos de salud delMunicipio de Córdoba. Cuenta que a pesar del brutal desfinanciamiento casi del 100% en el caso de la medicación para aborto, varias provincias «se han puesto al hombro la compra de insumos para aborto y algunos métodos anticonceptivos». Morillo destaca que se garantiza en los servicios públicos y que las provincias están comprando misoprostol. «El año pasado en Salta o en Corrientes no tuvieron insumos por unos meses, pero después hicieron compras. Está instalado el derecho al aborto”, agrega.
El dato contrasta con lo que este fin de semana denunció Ni Una Menos Tucumán. «Lo que aparentemente no hay es compra de misoprostol en la provincia. Eso se nota porque no se están proveyendo los servicios de miso. Entonces, por ejemplo, a las mujeres que van y piden IVE directamente se dan la receta y les piden que ellas vayan a comprar».
Es indistinto según comentan desde la organización, la cantidad de semanas de embarazo. Según los relevamientos y testimonios que recibieron, “el 80% de los pedidos se hacen y el 20% se van sin resolución”. Y destacan que «nada de eso es sin conflicto y depende los casos. Hay mucha obstaculización.Lo más grave pasa en el circuito de la Maternidad, donde a veces se les piden ecografías que hacen que se demore la práctica».
La importancia de los equipos de salud
Es vital el trabajo que puedan realizar los equipos dentro de los establecimientos. “Donde hay una provincia que más compra insumos los equipos con más solidez y más seguridad siguen acompañando a las mujeres que abortan. Pero en general los equipos siguen trabajando en Córdoba no ha habido casi modificaciones, La Rioja, en Santiago siguen los cuatro hospitales atendiendo. Lo que sí he tenido modificaciones es la atención de las ILEs de gestaciones avanzadas, eso sí tiene sus dificultades. Las tuvo siempre y ahora más”, analiza Morillo.
Lo que dice, se confirma con los datos de Ni Una Menos en Tucumán. La falta de insumos, viene de la mano de situaciones conflictivas. «Conocimos el caso de una persona que pidió la IVE en semana 6 y llegó a la 14 sin que le realizaran la práctica. En otros casos, por ejemplo, cuando fue una persona llegó pidiendo ILE por una cuestión de abuso, le rechazaron. Volvió ya con un intento de suicidio y ahí recién se la practicaron».
La otra cara del desfinanciamiento
En Tucumán, a la falta de insumos para interrumpir el embarazo se suma el poco acceso a los de métodos anticonceptivos. Por ejemplo con los preservativos. «Hay muchas denuncias de pacientes que cuentan que le piden indicación médica para que les den preservativos en los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS). Lo grave es que se registran que de cada 4 pacientes 1 paciente llega a su embarazo con sífilis y algunos casos muy avanzados. Eso produce que se llegue embarazos con sífilis congénita».
El 28 de septiembre, Ni Una Menos dará una conferencia de prensa para denunciar la situación de emergencia que atraviesa el acceso a la salud sexual y reproductiva en la provincia .
Afirmar el derecho
Con la llegada de Milei a la presidencia se instaló la idea de que no se hacen abortos o que el derecho no existe. Sin embargo, hace falta hablar del derecho, exigir su acceso e informar sobre su aplicación. En ese sentido, reflexiona Morillo, “se dice que no se hacen abortos o relaciona el homicidio con el aborto. Son mensajes muy fuertes que sin duda impactan porque imagino que las mujeres pueden tener un poco de miedo para preguntar, pero las redes que logramos construir, no solo del activismo han sido muy potentes. Ese es un valor agregado muy grande en el feminismo para seguir asegurando y haciendo que las mujeres se acerquen al sistema de salud a consultar. Ahora, como antes, una mujer que decide interrumpir un embarazo consulta. El mensaje que instalaron es fuerte porque estigmatiza tanto a la mujer como el equipo de salud. Pero hemos consolidado el trabajo, la despenalización social del aborto y seguimossosteniendo su acceso”.
El intento que no prosperó
Tras las denuncias por obstaculización a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo por parte del municipio de San Isidro jueza María Paula Vénere, del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2 de San Isidro le dio lugar a la cautelar solicitada por Amnistía Internacional.
«Los obstáculos en el acceso al aborto impuestos por el protocolo municipal irregular fueron restrictivos, vulneraron derechos y pusieron en riesgo la salud y la vida de mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Además, comprometieron a profesionales de la salud a actuar en contra de lo establecido por la ley y generan responsabilidades legales para el municipio de San Isidro», expresaron desde diversas organizaciones.
Los hechos de obstaculización a través de un protocolo se venían denunciando desde 2024