El colectivo feminista y de la diversidad va en busca de un avance en la conquista de sus derechos.
En junio de 2015 se realizó la primera marcha Ni una Menos. El grito en contra de los femicidios abrió el camino para otros reclamos: terminar con los abusos y acosos, el derecho al aborto legal seguro y gratuito y más lugares en los espacios sindicales y políticos.
Sin embargo, esta agenda política no fue tomada por el Estado que, lejos de atender estas necesidades, en algunos casos profundizó las problemáticas desfinanciando los programas de salud sexual y reproductiva y destinando, además, un presupuesto bajo para prevenir la violencia de género,
Hasta noviembre de este año la cantidad de femicidios y travesticidios aumentó de manera alarmante. Se estima que una mujer fue asesinada cada 27 horas. El próximo gobierno deberá trabajar intensamente en la elaboración seria de estadísticas y en la confección de un presupuesto que se adecue a la necesidad de prevención y contención de las mujeres que sufren violencia de género.
En el mismo sentido, el aumento de los casos de abuso sexual en ámbitos escolares y laborales, y el crecimiento de las madres adolescentes exponen la urgente necesidad de aplicar la Educación Sexual Integral en las escuelas. A pesar de haberse aprobado en 2006, sólo nueve de las 24 provincias están adheridas a la ley que debería dictarse en todas las escuelas.
En 2018, la lucha por el derecho a la interrupción legal del embarazo logró un hito. La aprobación en la Cámara de Diputados y el posterior rechazo en la de Senadores dejó expuesta una problemática que ya no tiene vuelta atrás. Este año, los grupos antiderechos arremetieron contra el cumplimiento de la interrupción legal del embarazo en Jujuy y Tucumán. La objeción de conciencia de los médicos y la presión de la iglesia provocaron que dos embarazos siguieran su curso. Las niñas, ambas víctimas de abuso en un caso intrafamiliar, tuvieron que atravesar una cirugía para que se cumplieran sus derechos. El Estado, por su parte, accedió a garantizar la aplicación del protocolo ILE por presiones externas. Antes de terminar su mandato, el secretario de Salud actualizó el protocolo para evitar estas situaciones pero la resolución fue derogada por el mismo gobierno nacional. El futuro ministro de Salud, Ginés González García, anticipó que una de sus primeras medidas será garantizar la aplicación del protocolo actualizado. «
MINISTERIO
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