Aborto legal: la demanda social que derribó todos los mitos

Hace 17 años que en Argentina un grupo de mujeres dio inició a la organización de una estrategia de incidencia pública e institucional para consagrar un derecho que forma parte de la agenda de demandas de las mujeres desde mucho antes, el derecho a decidir sobre la propia maternidad. Esta estrategia inicial terminó convirtiéndose en la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la principal referencia colectiva que ha existido en las últimas décadas respecto a este tema. Enmarcada en un contexto de fuerte toma de conciencia y de masiva participación respecto al repertorio de demandas y acciones del movimiento de los feminismo, con un importante punto de inflexión en el Ni Una Menos de 2015, la estrategia por el aborto legal, que hasta entonces había sido mayormente expresada solo por la militancia feminista, se convirtió en un grito masivo que dio forma a los multitudinarios pañuelazos que comenzaron a teñir de verde la discusión pública en 2018. De la mano de esa potencia emergente la posibilidad de legalizar el aborto ingresa con absoluta centralidad al palacio del Congreso nacional para ser discutida con posibilidades ciertas de aprobarse, por primera vez.

A lo largo de tres meses ingresaron al debate en comisiones de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación un total de 881 personas que expusieron y expresaron los motivos y fundamentos de las distintas posiciones. El tema fue abordado desde todas las perspectivas posibles, la amplitud del debate fue tal que permitió que allí se volcaran expresiones de las más diversas -incluso aquellas que no se deberían permitir por su peligroso contenido antidemocrático. 

Existen muchos registros si se quiere volver a estudiar y conocer aquellas exposiciones, particularmente recomiendo el informe realizado por REEDAS. Fue ciertamente un debate participativo sin precedentes en la historia institucional argentina que debemos valorar y que nos dejó un enorme aprendizaje. 

Muchas falsas ideas con respecto a la legalización del aborto cayeron frente a la evidencia expuesta en aquellas jornadas. Que legalizarlo aumentaría el número de casos, cuando promover una política informativa y formativa basada en la educación sexual y la anticoncepción redunda en una reducción de los mismos, como lo demuestran las experiencias de los países que han avanzado en normativas que legalizan el acceso al aborto. Que legalizarlo implicaría un costo para el Estado, un mito que se derrumba cuando vemos la cantidad de internaciones por complicaciones en prácticas abortivas clandestinas e inseguras que podrían disminuir notablemente. Que es inconstitucional cuando en realidad lo que se busca es dar cumplimiento a derechos constitucionales y a los compromisos asumidos por nuestro país con sendos tratados internacionales e incorporados al bloque de constitucionalidad a través del Artículo 75 inciso 22 de la Carta Magna. 

La enumeración de falsas nociones en torno al aborto que se derrumba frente a la evidencia es muy amplia, aun sin mencionar las argumentaciones en contra de la interrupción voluntaria del embarazo que cayeron en un irrespetuosos absurdo como comparar mujeres con perras o recientemente citar al mago Gandalf de la hermosa ficción del Señor de los Anillos.

La magnitud de este proceso fue directamente proporcional al marco callejero que acompaño los martes y jueves “verdes” de aquellos días vertiginoso. Miles de personas de todas las edades, pero con una sobresaliente presencia juvenil, llegaban todas las semanas a custodiar y cuidar ese debate donde se estaba dirimiendo mucho más que la sanción de una ley. Muchos análisis pueden hacerse de este proceso, uno imprescindible es que millones de jóvenes conocieron y se vincularon con la política y la institucionalidad parlamentaria a través de este debate, conocieron a las representaciones políticas, tomaron posiciones, eligieron identidades. Sin dudas un enorme escenario de participación democrática. Pero también un virtuoso proceso de articulación entre el palacio y la calle donde una demanda social masivamente expresada encontró un correlato con una estrategia parlamentaria construida para alcanzar exitosamente el objetivo, algo que parcialmente sucedió donde el grupo multipartidario conocido como L@s Soror@s tuvo un rol indispensable. Toda una novedad en términos de lo políticamente esperable.

Aquel proceso de 2018 es el cuadro fundamental en el cual se inscribe la situación actual. Sobre todo lo construido entonces se suman algunos elementos. Por primera vez un Poder Ejecutivo envía un proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Además lo hace junto a otra propuesta, el proyecto de los “Mil Días” que busca fortalecer las políticas publicas que protejan a madres en situaciones de vulnerabilidad y a niños y niñas recién nacidos. El trasfondo de ambos proyectos es el concepto fundamental que sostiene la demanda histórica por la legalización del aborto, que el Estado debe acompañar las decisiones de las mujeres respecto a sus proyectos de vida y garantizar el acceso a los derechos básicos para poder sostener estas decisiones. Siempre fue este concepto el que estuvo en discusión, cuando hablamos de la libertad o de la soberanía de las mujeres sobre nuestros cuerpos y vidas nos referimos a eso, a la autonomía y el derecho a poder decidir sobre nuestros destinos y a contar con las herramientas para hacerlo. Todo se reduce a entender que estamos discutiendo sobre una política de salud pública que garantice el derecho a decidir, que no promueve otra cosa más que el derecho a la educación y a la salud.

La despenalización social fue avanzando a la par del debate institucional del mismo modo que la sociedad pudo madurar su mirada con respecto al tema. Hoy la decisión es muy simple e implica cerrar una etapa para comenzar a transitar una nueva, salir del negacionismo para avanzar en la ampliación de derechos, terminar con la clandestinidad y abrir las puertas del acceso a la salud para que ninguna mujer vuelva a sentirse sola, para que ninguna mujer vuelva a sentir miedo frente a la mirada penalizadora del Estado por atreverse a decidir.

De Ponti es diputada provincial y diputada nacional mandato cumplido