
Y fundamentalmente, debe legalizarse para que la clandestinidad deje de ser un negocio. Porque esto es lo que no se dice: se quiere mantener la clandestinidad porque detrás de eso hay negocio y hay quienes lucran con la desesperación de muchas mujeres y personas gestantes.
Y en profundidad, debe legalizarse porque es un paso más hacia un país más justo. Donde las que más pierden, como siempre, son las que menos tienen. Menos educación, menos trabajo, menos información, menos acceso a la salud, menos posibilidades de vivir una vida digna.
Hace dos años no se legalizó. Las consecuencias son la infinidad de historias de muertes maternas evitables, hijes que quedaron sin sus madres, historias desgarradoras donde mujeres son obligadas a maternar, a gestar a parir. Secuelas que deja la clandestinidad. Porque un aborto seguro puede hacerse en buenas condiciones no solo de higiene, sino humanas. Y no tiene por qué dejar trauma alguno. Pero vivir la clandestinidad sí que te acompaña de por vida con un halo siniestro. Todo lo anterior son cosas intangibles. Dolores personales e intransferibles. Por eso podemos ir a las cifras.
También lo son los 450 mil abortos clandestinos al año. Que deben ser más porque al no ser legal, no se pueden saber las cifras reales, ya que muches por miedo esconden o mienten que se han realizado un aborto o que, como médique, han realizado alguno. 135 internaciones por día por aborto inseguro. Por día, 7 niñas entran a una sala de parto en nuestro país. ¿Hace falta explicar que si una niña está embarazada es porque fue violada?
La consecuencia de no legalizar el aborto también implica el avance de un sector que quiere mantener su poder y enquistarlo aún más. Por eso, aunque esté vigente la Ley de Educación Sexual Integral, no se aplica. Y mantener el aborto en la clandestinidad y no haber avanzado parlamentariamente en este tema, promueve que el sector de los antiderechos continúe perpetuando su oscurantismo.
Una vez que se apruebe la ley, tendremos el desafío de monitorear su aplicación porque ¿cómo va a garantizar el Estado argentino la efectiva aplicación de esta ley? Si, como dije, tenemos la ESI aprobada por el Congreso y no se aplica. Es sabido por toda la sociedad argentina que hay localidades donde la salud pública está cercada por sectores de las iglesias que impiden que los derechos humanos, los de la mujer y los derechos reproductivos se garanticen.
Otro de los desafíos que a mí verdaderamente me preocupa, es el estigma que hay sobre aquellas mujeres que deciden abortar pero también el señalamiento, represalias y disciplinamiento que hay sobre el personal médico que atiende y lleva a cabo el deseo de una persona a hacer con su cuerpo lo que quiera. Necesitamos que los profesionales de la salud se sientan libres y sin miedo a la hora de trabajar.
A los senadores ya no me sale hablarles con la lógica. Porque ellos se mueven por intereses, por poder, por dinero. A aquel senador o senadora que eligió este camino por vocación hacia lo público, para legislar a favor del pueblo, le diría que recuerde eso. Sus inicios, quizás. Que piense en su intimidad cuán hipócrita es. Que sienta en sus entrañas su doble moral si en su vida privada se realizó un aborto o le pidió a su pareja que lo hiciera o conoce personas que abortaron.
Les diría que son funcionarios públicos, a los que nosotrxs les pagamos su sueldo para que nos cuiden. Desde ese espíritu que encarna el funcionamiento de la democracia, aunque sea una farsa de democracia, que dejen de lado sus creencias personales porque son funcionarios que legislan para el bienestar de lxs ciudadanxs. Que dejen de especular, que suelten la mezquindad porque la conquista de este derecho no será de ellxs y de los partidos políticos a los que pertenecen. Sino que será de nosotras, del movimiento de mujeres y diversidades.
*Melisa Melcer es actriz y comunicadora social
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