El TOF 1 de Mar del Plata absolvió a 27 exmilitares, expolicías y civiles por delitos contra casi 200 personas en el circuito represivo del centro de la provincia de Buenos Aires, en localidades como Tandil, Azul y Olavarría.

El presidente del tribunal, Nicolás Toselli, fue el encargado de leer el veredicto, que absolvió a 27 de los 35 exmilitares, expolicías y civiles que estaban imputados y encontró culpables a sólo ocho de ellos.
Resultaron condenados a prisión perpetua por secuestros, tormentos y homicidio los exmilitares Osvaldo Héctor Repetto, Alejandro Guillermo Duret, Román Valdecantos y Héctor Martínez Salgado.
Recibieron penas menores Martín Carlos Luzuriaga (10 años y 6 meses por secuestros y tormentos), Jorge Roberto Casares (6 años por violacion agravada), José Luis Álvarez (6 años por tormentos) y Luis Ernesto Benítez (6 años y 9 meses por tormentos).
A pesar de resultar condenado, Álvarez fue liberado “atento al tiempo que lleva detenido” con prisión preventiva.
Para 24 de los otros acusados, las querellas y la fiscalía habían solicitado penas que iban de prisión perpetua a los 3 años de prisión con excepción de 4 acusados contra los que no se formuló acusación, por lo que su absolución era ya un hecho.
Entre los absueltos figura el civil Julio Méndez, uno de los dueños del predio donde funcionó el centro clandestino de detención la Quinta de los Méndez.
“No esperábamos de ninguna manera este fallo. Vamos a esperar la sentencia para recurrir porque nos preocupa los criterios que puede establecer el Tribunal en algunos casos”, dijo a La Retaguardia Verónica Bogliano, querellante por la subsecretaría de derechos humanos bonaerense.
“Nos deja un sabor amargo porque estamos convencidos en los casos que pedimos condena que las responsabilidad están probadas”, sostuvo y consideró que el fallo tiene que ver con la coyuntura política: “Es un signo de los tiempos. Hoy nos enteramos de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la que resolvió en el caso del Indio Castillo, condenado a prisión perpetua por la causa CNU, que las prisiones preventivas tienen que estar limitadas en el tiempo cuando la propia Corte tiene la apelación en su poder (para dejar firme la pena)”.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Matías Moreno, dijo a Tiempo que “es importante destacar el proceso y el compromiso de los sobrevivientes que con sus testimonios que aportan a la construcción de la verdad”.
Sin embargo, ratificó que recurrirán la sentencia: “tiene algunos puntos que desde las querellas vamos a apelar, porque consideramos que muchos hechos, aunque sucedieron ya hace muchos años, fueron probados a través del testimonio de los sobrevivientes”.
Más allá de las apelaciones, el abogado querellante Manuel Marañon, destacó a este diario dos puntos positivos del veredicto: “Es importante que hayan condenado a perpetua a Martínez Salgado y a Valdecanto, que eran responsables de de la Base Aérea (de Tandil), por dos casos que sucedieron dentro de la base”, dijo por un lado.
Por otro lado, resaltó que los jueces que se reconocieron los secuestros de sindicalistas en la ciudad de Azul, cometidos el mismo día del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, como delitos de lesa humanidad.
El juicio que comenzó el 25 de febrero de 2022 abarcó los crímenes cometidos contra más de 190 personas en las localidades de Tandil, Azul, Olavarría, Laprida, Ayacucho, Rauch, Saladillo, Las Flores, Roque Pérez y Mar del Plata. Las víctimas fueron secuestradas y torturadas en los centros clandestinos La Huerta, I.S.E.R., Quinta de los Mendez, Base Aérea, Comisaría 1ra, Comisaría 2da de Tandil; la Delegación de la PFA, Unidad Regional IX, Unidad Penal N° 7, Ex Estación del Ferrocarril – Jardín Maternal de Azul; Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica, Monte Peloni, Comisaría Las Flores y la Comisaría de Olavarría.
El debate no sólo quedó atravesado por las absoluciones sino también porque 16 de los imputados originales del expediente fueron apartados por problemas de salud o fallecieron.
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