Abuelas defendió al fiscal especializado en apropiación de bebés

El titular de la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, Pablo Parenti, se enteró el lunes por casualidad que, de prosperar el proyecto de modificación del Ministerio Público Fiscal cuyo dictamen se aprobó hace unas horas, no podrá seguir en su cargo, luego de cuatro años de trabajo y más de 500 investigaciones preliminares, muchas de las cuales terminaron en restituciones de la identidad de nietos.

El requisito de tener cinco años de antigüedad como fiscal para poder estar al frente de una Unidad Especializada se suma a que el proyecto también establece que los candidatos a ocupar unidades o procuradurías propuestos por el Procurador General de la Nación deben ser aprobados tras una evaluación que hará una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal (MPF), lo que establece un mecanismo externo al MPF para ser designado a cargo de una Unidad o una Procuraduría especializada.

Ambos requisitos no estaban en el proyecto original, impulsado por el ministro de Justicia, Julián Garavano. “Yo llevo cuatro años al frente de la unidad de apropiación. Son cuatro años de trabajo para que sean evaluados y puedan decidir, pero al poner el requisito de los cinco año me sacan de carrera, me descalifican”, se quejó Parenti en diálogo con Tiempo Argentino.

Si bien el proyecto tiene el explícito objetivo de remover de su cargo a la jefa de los fiscales, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, también pretende remover de su cargo a todos aquellos fiscales que fueron designados durante estos últimos años.

Fue en 2012 cuando la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo pidió la creación de la unidad especializada ya que la apropiación de bebés y niños requiere de un tratamiento específico, debido a que es una problemática particular diferenciada de otros delitos de lesa humanidad. “Tenemos a cargo la tarea de contactar los jóvenes y hacer los ADN”, relata Parenti, que si bien en 2014 ganó un concurso para fiscal general ante tribunales orales de San Martín, prefirió seguir al frente de esta unidad.

En la tarde del martes, hace unas horas, en pleno debate del plenario de comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto de la Cámara de Diputados, se firmó el dictamen a raíz de un acuerdo entre Cambiemos y el massismo, que será debatido en el recinto el próximo miércoles. Allí se hizo escuchar la voz de Abuelas. “Esta modificación genera una gran incertidumbre y preocupación en la asociación que presido, pues imposibilitaría la continuidad al frente de la Unidad Fiscal especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado de su actual titular el fiscal General Pablo Parenti, que si bien lleva más de una década de trabajo en el MPF, no reúne el requisito de la antigüedad requerido”, reclamó Estela de Carlotto en una carta leída en el plenario de comisiones, por su hijo y titular de la comisión de Derechos Humanos, Remo Carlotto.

“No podemos aceptar una modificación como la que se propone que implicaría su inmediato desplazamiento para eventualmente ser reemplazado por un fiscal que tal vez tenga cinco o muchos años de antigüedad en el cargo, pero ninguna experiencia en la temática en cuestión, pues no establece ningún requisito específico de idoneidad o especialización sino que simplemente se la presume por el mero paso del tiempo en un cargo”, sentenció el documento de Abuelas.

Tal como está redactado ahora el proyecto, que ya logró dictamen, la comisión bicameral tendrá a su cargo también la evaluación del postulante que cumpla con los cinco años de función, pero también prevé la creación de nuevas unidades que por ser nuevas ningún interesado cumplirá con el requisito de la antigüedad, lo que constituye un contrasentido.

“Me privan de poder exponer mi trabajo, quiero que se evalúe mi labor. Ni siquiera podría ser candidato. De esta manera la comisión bicameral se priva de poder evaluar gente idónea”, criticó Parenti.

“Antes, desde que llegaba a Abuelas alguna persona con dudas sobre su identidad, se tardaba dos años desde que se originaba la denuncia hasta llegar al poder hacer el ADN. A partir de la creación de la unidad, la investigación preliminar sólo tarda 9 meses, redujimos a menos de la mitad la espera. Además de se protocolizaron muchas medidas, como la convocatoria a los jóvenes, que antes la hacía la policía, o la contención personal en el juzgado”, relata Parenti. “Esperamos que de acá al miércoles los diputados de todas las bancadas entiendan que esto es un error”, concluyó.