La medida quedó sin efecto por decisión de la Secretaría de Trabajo. Los trabajadores denuncian dilaciones en la paritaria e incumplimientos.

La medida la dispusieron la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA.) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo ante la falta de acuerdo en la negociación colectiva salarial aceitera, el incumplimiento salarial de Vicentin SAIC y el incumplimiento de los derechos laborales en Explora SA Puerto San Martín.
Sin embargo, los trabajadores de la cereleara Vicentin, según informaron fuentes de la FTCIODyARA “siguen su medida de retención de tareas iniciada previamente”. Es que, en ese caso puntual, a la dilación en las negociaciones paritarias se suma el no pago de los haberes del mes de marzo que mantiene a los trabajadores en una situación de zozobra.
A la vez en otro conflicto puntual que afecta la actividad, la empresa Explora, despidió a dos trabajadores.
La FTCIODyARA informó que “vencido el 31 de diciembre de 2024 el acuerdo salarial de la paritaria aceitera, hace más de dos meses que están demorando el diálogo con propuestas irrisorias o que son, directamente, una falta de respeto hacia los trabajadores que día a día producimos en las plantas de todo el país, rompiendo con la negociación que venimos realizando hace largos años”.
Por estas razones, señalan, “esta medida (por el paro suspendido por conciliación) es exclusiva responsabilidad de las cámaras y las empresas del sector que llevan adelante un grave e ilegal avasallamiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras aceiteras”.
Los trabajadores aceiteros denuncian que “están intentando echar por tierra años de lucha sindical, con la cual logramos conseguir un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), tal como lo establece la Constitución Nacional en su artículo 14 bis y la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo (artículo 116), que define al SMVM como la menor remuneración que debe percibir el trabajador en su jornada legal de trabajo de ocho horas, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”.
Los representantes calificaron la actitud de las cámaras como una “revancha patronal” mediante la cual “pretenden combinar el ajuste salarial y la militarización de plantas, como ocurrió en Explora”. Para los representantes sindicales se trata de un “accionar extorsivo” que mantiene “como rehenes de sus disputas por quedarse con una torta más grande del negocio”.
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