La central sindical y la cúpula industrial negociaron un principio de acuerdo para las actividades que no funcionan por la cuarentena: deberán pagar por lo menos el 75% de los salarios a trabajadores suspendidos y no podrá haber despidos.
El acuerdo, que se extenderá por 60 días, fue firmado este lunes por la tarde por ambas partes y por los ministros de Trabajo y de Desarrollo Productivo, Claudio Moroni y Matías Kulfas.
El cosecretario general de la CGT Héctor Daer dijo que esta medida «genera garantía de empleo y un piso de ingresos» y que sólo se podrá aplicar para aquellos trabajadores que están suspendidos porque su actividad o su empresa no está funcionando.
En diálogo con radio Continental, Daer negó que el acuerdo signifique un recorte de salarios. «Esto no es salario, es una percepción por suspensiones, por eso no es una rebaja de salario», explicó y señaló que busca evitar «que muchas empresas, atosigadas por la situación de parálisis, bajen la persiana».
El secretario adjunto de la CGT y titular del gremio UPCN, Andrés Rodríguez, también se refirió al tema y precisó que alcanzará a quienes «por razones de fuerza mayor no están trabajando», cuyo empleador sea una «empresa que demuestre que está en crisis”.
En diálogo con FutuRöck, Rodríguez explicó que en algunas «actividades laborales la situación es muy difícil y muy compleja, porque hay fábricas, comercios y servicios cerrados, y sus trabajadores no han podido ir a trabajar».
«Desde la CGT hemos señalado un piso concreto porque muchas actividades con sindicatos no tan fuerte pueden ser vulnerables con descuentos mucho más grandes» indicó el titular de UPCN, y aseveró que para que esto se haga efectivo «la empresa tiene que demostrar que está en crisis».
El texto del acuerdo señala que busca dar certidumbre “para quienes no pueden prestar servicios habituales”. Establece las compensación por suspensiones no podrá ser inferior al 75 por ciento» del haber neto y señala que se considerará parte de ese monto lo que abone el Estado como parte del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, que alcanza al 50% del salario.
El encuentro tripartito entre CGT, UIA y el gobierno procuró “despejar dudas respecto de las condiciones de los trabajadores que no prestan servicios». En ese sentido, se analizaron «los serios problemas de sostenibilidad financiera de empleadores, en especial de aquellos relacionados con actividades no exceptuadas del aislamiento, muchas de las cuales son intensivas en trabajo, así como de quienes a pesar de ser esenciales registran actividad inferior al promedio de ventas».
«Otros aspectos estudiados fueron el gran número de trabajadores alcanzados por el aislamiento; la necesidad de tener herramientas acordes para atravesar la crisis sanitaria, social, productiva y económica para sostener el empleo y garantizar la sostenibilidad de empresas privadas, y decidir el salario del personal aislado e incrementar el haber complementario», puntualizaron.
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