Acuerdo fiscal: el gobierno confía en que será ratificado por todas las provincias

El vínculo entre Alberto Fernández y los gobernadores y gobernadoras argentinos comenzó durante la campaña electoral con la tradicional foto de familia que se reprodujo en las distintas regiones que recorrió el entonces candidato. Esta semana, y ya convertido en presidente, Fernández comenzó a pagar las promesas de federalismo que cerró en aquellas recorridas, y comenzó con la anulación del corset del pacto fiscal con los estados provinciales endeudados en dólares. A la vez, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro comenzó a construir un canal de diálogo bilateral y directo con cada uno de ellos, oficialistas y opositores. “Es con todos”, repiten en su ministerio.

El lanzamiento del plan de Gabinetes Federales, que se iba a llevar a cabo en la ciudad de Concordia este lunes, tendrá que esperar hasta después de las fiestas porque la atención de la Casa Rosada y del Ministerio del Interior estuvo puesta en el seguimiento y aplicación de cambios en la Ley de Solidaridad. El primer movimiento de Alberto Fernández fue la reunión con los tres gobernadores radicales: Gerardo Morales de Jujuy, Rofolfo Suárez de Mendoza y Gustavo Valdés de Corrientes. El rebote que tuvo en Diputados produjo encontronazos internos entre la oposición. Además, De Pedro se había reunido por su lado con Horacio Rodríguez Larreta. El segundo movimiento fue la foto conjunta para comunicar el deceso del pacto fiscal firmado apenas dos años atrás bajo la administración Macri. Los tres gobernadores que se habían resistido a agarrar la lapicera fueron entonces el pampeano Carlos Verna, el formoseño Gildo Insfrán y el puntano Alberto Rodríguez Saá. El Consenso Fiscal 2019 –que en realidad es una adenda que suspende el anterior- logró este mismo viernes la media sanción en el Senado, en la primera sesión que condujo Cristina Fernández como presidenta del cuerpo.

De Pedro estuvo durante el viernes monitoreando el avance de la adenda en el Senado. Recibió llamados de senadores que querían conocer aspectos técnicos de la ley. De ahora en más, estará atento a cómo se irá aprobando en cada una de las legislaturas provinciales. La primera en ratificar el acuerdo en su poder legislativo fue Córdoba. “Va a salir en todas las provincias porque lo necesitan”, explicaron fuentes del ministerio a Tiempo.

Es que las provincias, al igual que el Estado nacional, están endeudadas en dólares y el pacto fiscal macrista les quitaba herramientas para recaudar. La adenda firmada el martes suspende hasta el 31 de diciembre de 2020 los compromisos asumidos por las provincias y la CABA en el Consenso Fiscal 2017, firmado el 16 de noviembre, y modificado en septiembre de 2018.

El rol de la economista Silvina Batakis, flamante secretaria de Relaciones con Provincias, fue clave para despejar las cuestiones técnicas que plantearon los gobernadores a través de sus ministros de Economía, a quienes fue recibiendo desde las diez de la mañana del martes hasta las tres de la tarde en el edificio ex Banade, de la cartera de Interior. “Salió por un tubo porque beneficiaba todos”, explicó una fuente que vio el proceso de cerca.

El apuro de la Ley de Solidaridad y de Consenso 2019 hizo que De Pedro debiera encarar las reuniones bilaterales esta semana con una decena de gobernadores durante con la estructura del ministerio a medio designar. Recién este viernes por la noche se terminó de completar el organigrama ministerial y estiman que eso facilitará y acelerará el encuentro con los gobernadores que restan. El objetivo es que se establezca un canal de diálogo directo y permanente entre el ministro y cada gobernador. “Eso no pasaba antes”, diferencian desde el ministerio.

Esta semana también se iniciará la ronda de reuniones con intendentes y secretarios de provincia, y el viernes De Pedro podría compartir una actividad con el presidente -si su volátil agenda se mantiene- al presentar el programa de entrega de DNI.

En sus primeros diez días de trabajo De Pedro dejó la marca de lo que pretende que sea su gestión. “Diálogo y política”, especifican quienes lo comenzaron a conocer cómo piensa el funcionario. Es que al momento de diseñar la estructura de su cartera excluyó el área de obra pública –que se recategorizó como ministerio y quedó en manos de Gabriel Katopodis- y prefirió quedarse con la dimensión más política de esta troncal área de gobierno.

Las provincias más endeudadas 

Según un estudio del CEPA (Centro de Economía Política Argentina), “la política federal de Cambiemos fue facilitar el endeudamiento para enfrentar el deterioro creciente de las arcas provinciales. La cuestión de fondo reside en que las mismas se vieron deterioradas por la caída de la actividad por una doble vía: la recaudación provincial creció por debajo de la inflación, al igual que las transferencias por coparticipación”.

Las provincias que tienen más comprometidos sus ingresos debido a los pasivos acumulados son Buenos Aires, con un stock de deuda que representa el 83% de sus ingresos anuales, y Chubut, con un 82 por ciento. En tanto, el ratio de deuda sobre ingresos de Córdoba es del 65% y el de Jujuy, 64 por ciento. La provincia más expuesta al endeudamiento en moneda extranjera es Santa Fe, con un 98% del total, aunque representa el 17% de los ingresos fiscales anuales. Le siguen Córdoba (95%), Chubut (87%), La Rioja (83%), Neuquén (83%) y Buenos Aires (82%).

En tanto, se creó una comisión para evaluar la situación de otra deuda: la de cada provincia con la Nación.