Acuerdo gobierno-campo: queda sin efecto límite a la exportación de maíz

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca informó esta tarde que sustituirá el tope de 30.000 toneladas diarias para el registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de maíz por un monitoreo del saldo exportable del cereal, a partir de un acuerdo alcanzado con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) en el que el sector privado se comprometió a asegurar el abastecimiento interno del grano.

De esta manera, la cartera agropecuaria dejará sin efecto el límite fijado el lunes pasado, cuando decidió levantar la suspensión del registro de exportaciones de maíz para los embarques previos al 1 de marzo próximo. El entendimiento se alcanzó en una reunión encabezada por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, con los representantes de la mesa intersectorial del maíz conformada en el marco del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).

En un comunicado, se detalló que el acuerdo con el sector privado comprendió cuatro puntos, entre los que sobresale la decisión de «sustituir el límite de 30.000 toneladas diarias de exportación por un monitoreo del saldo exportable para llegar al empalme de cosecha sin tensiones, con el compromiso del sector privado».

También acordaron «consensuar» un entendimiento de largo plazo «con los sectores consumidores y proveedores de maíz, en sintonía con el programa Precios Cuidados, en la que se habló como ejemplo de la constitución de un fideicomiso de larga duración como solución estructural y método de desacople entre el mercado internacional y el de abastecimiento a transformadores de maíz».

Adicionalmente, se comprometieron a «proveer de la herramienta Fogar a los fines de garantizar la cobranza de los vendedores de maíz en tiempo y forma, lo que impactara en el componente riesgo», como así también «proveer y fomentar la herramienta de warrant». Al respecto, el ministro Basterra destacó que «estos encuentros nos permiten continuar avanzando en compatibilizar los intereses privados con la necesidad del estado de garantizar los bienes esenciales en todo el territorio nacional».