Cruce de acusaciones por presuntos «informes falsos» en causas de abuso de menores y violencia intrafamiliar

Una denuncia contra un exjuez federal y tres psicólogas por «falsos informes» presuntamente destinados a retener en prisión a acusados de ese grave delito desató un fuerte contrapunto en torno a operaciones de lobby para favorecer la situación penal de procesados y condenados a través de la presión judicial sobre sus denunciantes.

La denuncia apuntó al ex juez federal Carlos Rozanski y fue presentada hace poco más de una semana por el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Penalistas (AAAP), Lucas Bianco. El letrado lo hizo ante la Justicia de La Plata, de lo que surgió la Investigación Penal Preparatoria (IPP) 015906-26/00, aunque hasta el momento no se dio inicio al expediente.

Sin embargo, la noticia trascendió en los medios de comunicación. La parte acusada asegura que se trata de lobby ligado a un proyecto de Ley de la senadora nacional por Santa Fe, miembro de la Unión Cívica Radical (UCR) Carolina Losada, para perseguir judicialmente a las denunciantes de pedófilos que buscan revincularse con sus hijos.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 Departamental y Juzgado de Garantías 6 de La Plata. El acusado es Rozanski, en su calidad de presidente de la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (AEVAS), y las licenciadas en psicología P.B.A, G.R.S y N.V.A, tales sus iniciales, por la presunta comisión del delito de «asociación ilícita».

Grave acusación

El letrado denunciante dice que se trata de una institución que ha sido identificada en investigaciones penales en curso como vinculada a profesionales acusadas de emisión de «informes psicológicos falsos». La abogada de dos de las señaladas asegura que eso no es verdad y sostuvo que hasta el momento no hay imputaciones. Además, aseguró que no han sido notificadas formalmente de ninguna denuncia ni avance judicial.

Varios padres imputados de abuso que dicen haber sido víctimas de estas presuntas prácticas ilegales, señalan que esta entidad aparece en varias investigaciones judiciales que fueron recientemente abiertas en la ciudad de Rosario, contra una red de psicólogas que operarían bajo la misma modalidad.  

Pero el propio exjuez, consultado por Tiempo Argentino, advirtió: «Todo esto forma parte de un lobby explicito para la defensa de pedófilos, que está construido en apoyo a un proyecto de Ley absolutamente delirante -que busca penas duras por las falsas denuncias, entre otras- encabezado por la senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada«, de la Unión Cívica Radical (UCR)».

La denuncia que realizó un padre junto a su representante legal -a la que este diario tuvo acceso- asegura que la causa no puede valorarse de ningún modo en forma aislada. Porque en Argentina existe un fenómeno muy extendido y documentado sobre la problemática, conocido coloquialmente como la «industria de la falsa denuncia».  

Que sería la utilización sistemática e indiscriminada del sistema penal -en particular denuncias por abuso sexual infantil y violencia de género- como una herramienta en disputas familiares, principalmente en procesos de divorcios y conflictos por el cuidado de los hijos.

La presentación también remarca que este fenómeno ha sido denunciado por operadores judiciales, abogados penalistas, organismos de Derechos Humanos y medios de comunicación de tirada nacional. Y apunta, que es algo que se repite con mucha frecuencia y es usado para realizar una guerra judicial. En tanto la ley penal, estipula una pena si se comprueba que alguna de las partes involucradas comete falso testimonio.  

También señala que las características estructurales del sistema de falsas denuncias son: la articulación entre denunciantes, psicólogas de parte y abogados que operan de modo coordinado, premeditado y planificado para producir prueba pericial orientada a un resultado predeterminado. 

En este contexto, Tiempo se comunicó con Carlos Rozanski, quien aseguró: «No conozco al abogado denunciante, no sé quién es. Me parece que todo esto forma parte de un lobby explicito para la defensa de pedófilos, que está construido en apoyo a un proyecto de ley absolutamente delirante -que busca penas duras por las falsas denuncias, entre otras- encabezado por la senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada«, de la Unión Cívica Radical (UCR).

Y completó. «Esto constituye un desastre bajo cualquier punto de vista y va acompañado por este tipo de planes que son un atropello no solo a las niñeces, también al sentido común. Pero tenemos que analizarlo en relación al contexto que está viviendo el país«.

El exjuez federal también aseguró que los padres que están presos: «son pedófilos, personas que fueron acusadas ante la Justicia por los delitos que cometieron, algunos condenados y otros procesados; por eso digo que es una locura decir que son inocentes, porque ya pasaron por varias instancias judiciales».

Rozanski remarcó: «cuando los acusados de pedofilia y sus abogados consiguen un sobreseimiento o una absolución, depende la etapa del proceso en lo penal, van rápidamente al fuero civil a pedir la re-vinculación con las niñas o niños que resultaron víctimas«.

El exjuez dijo que es una aberración, porque se trata de niñas y niños que no quieren ver a sus padres porque fueron abusadas y abusados: «las y los jueces de familia que entienden de esto hacen lo correcto y no permiten esa re-vinculación. Porque eso sería una tortura para las infancias, porque los pedófilos quieren acercarse a sus víctimas para amenazarlas y seguir haciéndoles daño«.

«Organización ilícita»

Según el letrado denunciante. «Es una organización ilícita que tiene como finalidad la elaboración de informes psicológicos falsos de menores de edad, cuyos padres han sido denunciados por abuso. Todo esto, a fin de sostener acusaciones infundadas y evitar el contacto entre los niños y sus progenitores”, aseguró Lucas Bianco, en diálogo con Tiempo.

Bianco se refirió a «los casos» y «los no casos», que muchos organismos vienen denunciando hace tiempo. Se trata de «causas armadas» en las que personas inocentes son declaradas culpables en distintas instancias penales; lo que se traduce en violencia judicial. Además, sabe que hay personas -por su experiencia como abogado- que están presas por haber cometido algún delito y que es justo que así sea.

Pero también reclamó que «hay muchas otras personas que son inocentes», que resultaron víctimas de un sistema perverso de «falsa denuncia» e injustamente permanecen «en las cárceles y otras no pueden ver a sus hijos». Y agregó, que es parte de la realidad «que nadie quiere mirar».

Las denuncias falsas, según las estadísticas, son muy poco frecuentes: Según ONU Mujeres (2024), representan menos del 1% a nivel global. En Argentina, no hay estadísticas oficiales, pero los estudios disponibles muestran que menos del 3% de todas las denuncias penales serían falsas, en su mayoría por delitos económicos.

No son hechos aislados

Los hechos denunciados no son aislados. Bianco contó a este diario que en la ciudad de Rosario hay un grupo de padres que fueron falsamente acusados de abuso -quienes continúan sin poder ver a sus hijos- que promovió una denuncia penal contra las mismas profesionales antes mencionadas.

Entonces, la situación derivó en la intervención de la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe y, por ende, se formó una «mesa de trabajo» con fiscales y el Colegio de Abogados. Todo ello, para abordar la problemática en profundidad  y encontrar posibles soluciones.

Fue en ese contexto que Bianco formalizó -hace poco más de una semana- una nueva denuncia penal. Lo hizo con el objetivo «de que se investigue de manera exhaustiva la posible existencia de informes elaborados por las profesionales mencionadas en la denuncia» en distintos Juzgados de Familia del Departamento Judicial La Plata.

Bianco advirtió sobre la gravedad institucional de los hechos y el impacto que produce en derechos fundamentales de las personas. Y terminó remarcando: “Este caso abre un fuerte interrogante sobre el uso de pericias psicológicas en conflictos familiares y el riesgo de que herramientas diseñadas para proteger a los niños no terminen siendo utilizadas para perjudicarlos y dañarlos a ellos mismos».

La abogada de dos psicólogas acusadas

Gabriela Durruty es abogada y representa legalmente a dos de las psicólogas denunciadas. En diálogo con Cadena 3 de Rosario dijo que está muy preocupada y sostuvo que hasta el momento no hay imputaciones. Además, aseguró que no han sido notificadas formalmente de ninguna denuncia ni avance judicial.

La letrada criticó el tratamiento que tuvo el caso en los medios de comunicación. Porque se generó un clima negativo, como así también en las redes sociales: Señaló que se produjo «algo desagradable» que no suma porque no «se desarrolla donde debería ser», que es el campo «de la Justicia«. Pero admitió, «que el debate social y público puede ser válido» para intentar encontrar una solución a la problemática.

También valoró el trabajo de sus defendidas y contó que ellas continúan ejerciendo sus tareas con normalidad. Destacó que son profesionales que tienen experiencia, especializadas en la materia y que están tranquilas ante la acusación en su contra.

Además, argumentó que las decisiones sobre estos casos tan sensibles no se toman en base los informes que ellas producen y, apuntó, «la decisión es del juez». Remarcó que hasta el momento no se comprobaron vínculos con la asociación AEVAS, que también está mencionada en la denuncia que fue presentada en la UFI 1 de La Plata.

La abogada Durruty también explicó que si sus defendidas no están imputadas en la causa, la Justicia -mínimamente- debería salir a explicar la situación. Porque si hasta el momento no ha accionado legalmente, deberían salir sus voceros  y expresarlo de manera clara.